El tiempo está maduro para la subsidiariedad

Tanto la izquierda como la derecha han fomentado un estatalismo obsesivo en nuestra cultura pública. La izquierda, aunque abandonó el confesionalismo marxista, ha seguido defendiendo que el Estado es el único sujeto capaz de sostener el sistema del Bienestar. Y la derecha, desde que Cánovas se aprestó a levantar a finales del XIX una administración moderna y solida, ha pensado a menudo que su única misión era continuar esa labor y dejarle lo demás al mercado. Puede haber llegado el momento del cambio.

Rajoy señala que hacen falta todas las energías sociales. Como apelación tiene su valor pero si su llamamiento no se convierte en un criterio para repensar los servicios públicos será poco eficaz. España se encuentra en una situación como la del 96, pero más apremiante. El euro se refunda esta semana en torno a un nuevo núcleo duro. Necesita estar en ese grupo para no perder definitivamente el tren de la modernidad. Y eso no será posible sin una reducción drástica del déficit público. El peligro es el déficit y no la deuda. Las cuentas se mantuvieron equilibradas hasta hace unos años porque el boom inmobiliario generó unos ingresos que no volverán y el espejismo del que el Estado del Bienestar era sostenible. Las competencias del Estado del Bienestar están, en gran medida, cedidas a las Comunidades Autónomas. Son sus desequilibrios presupuestarios los que van a impedir reducir el déficit al 6 por ciento como exige Bruselas. Va a ser muy difícil llegar al 4,4 por ciento establecido para 2011.

En este contexto, lo que ocurre en la Comunidad de Castilla-La Mancha es muy significativo. Es la Comunidad Autónoma con más déficit, desde que el PP se hiciera con su gobierno se han aprobado dos ajustes: uno de más de 1.800 millones y otro de 350 millones. Su presidenta anunciaba el pasado viernes que la situación de tres hospitales es tan insostenible que va a ceder su gestión a la iniciativa privada. La necesidad obliga a replantearse qué es lo público. Se abre tímidamente, pero se abre, el debate que hasta ahora era tabú.

Hace unos días la Fundación Empresa y Sociedad, con Analistas Financieros Internacionales, una empresa de servicios de consultoría vinculada al mundo socialdemócrata, sacaba a la luz un papel provocativo de título algo largo: "Documento de Reflexiones y Propuestas a debatir con vistas a las próximas Reformas Estructurales" (http://static.domestika.com/35427/files/20111102193308-111028-reflexion-y-propuestas.pdf). Se recogían algunas ideas que ya están en la cabeza de muchos. Una muestra: los autores reclaman que se definan los servicios públicos que son esenciales y los que no lo son. Los primeros pueden ser "responsabilidad de las Administraciones Públicas, en colaboración con la iniciativa privada y social", y los segundos se pueden "traspasar a la iniciativa privada, sin afectar a los "órganos vitales" del bienestar y la cohesión". Es lo que denominan la co-producción de servicios.

Pero las nuevas fórmulas se empiezan a abrir camino cuando en la sociedad civil española, en el llamado Tercer Sector No Lucrativo, crece el temor de que la crisis acabe con las ayudas que lo mantienen a flote. Buena parte de las organizaciones de cooperación internacional, fundaciones y asociaciones de acción social, así como otras implicadas en otros ámbitos, saben que los fondos públicos que recibían hasta ahora van a disminuir. Es otro de los puntos débiles que hay que remediar si se quiere hacer avanzar la subsidiariedad. La iniciativa social ha generado, en muchos casos, organizaciones muy débiles y atomizadas con poca base real que dependen demasiado de las subvenciones. La solución pasa por transformar la cultura de la subvención en una cultura de la desgravación. Por la subsidiariedad fiscal. Todo cambiaría si el Estado desgrava a los ciudadanos que hacen aportaciones a las organizaciones que ya tienen un apoyo social acreditado y que están prestando o pueden prestar servicios sociales. De ese modo la necesaria reconversión del sector no lucrativo se haría realmente de abajo arriba. No estaría determinada por criterios políticos y el ciudadano podría elegir quién quiere que le sirva. El tiempo para la subsidiariedad está maduro en España.