La reforma posible, la marimorena y la democracia híbrida

Pero ese “todos” exige no hacer distinciones, y mucho menos supremacistas. Podemos ir a un tipo de reforma de las CC.AA., o a un modelo más federal y/o de reordenación de ciertas competencias, o incluso, a un modelo centralista, a reconfigurar las relaciones entre administraciones, …  pero ha de ser algo consensuado, siguiendo los cauces ordenados previstos en la Constitución. Nuestra Carta Magna no es un monolito, pero no es de goma tampoco, y menos la unidad de España, menguante sin embargo desde la pérdida de América.
El pueblo español es magnánimo y suficientemente flexible como para haber aguantado más de 50 años de terrorismo sin haber respondido con la contundencia que nos hubiera llevado al abismo del ojo por ojo, a haber armado la marimorena. Es un pueblo que tiene la firme convicción de que la vida y la no violencia son valores fundamentales de nuestro pacto de convivencia, y que merece la pena compartir soberanía con otros europeos, porque el momento histórico nos lleva a esto. Pero sobre todo, pesa mucho en nuestra alma la premisa de que nadie es más que nadie y que “no me toquen a la Virgen de mi pueblo”. De modo que “en faltando esto”, la algarabía está casi asegurada. La Historia es maestra.
Por un puñado de votos, y 15.000 millones, y el perdón de los pecados. Hace tiempo que ya no se compran las absoluciones. El nacionalista alemán Lutero se alzó contra ello en el seno de la Iglesia Católica. Hace tiempo que la sociedad española entró por la puerta grande de la Historia, como sociedad abierta y civilizada, europea, dispuesta a vivir, dejar vivir y vivir y convivir bien, y estos cambalaches de zocodover o tropicales nos extrañan y soliviantan. Mucho más cuando se hacen con altanería y sin transparencia y se ataca la Constitución y la igualdad y la seguridad jurídica.
Hasta el mismo Rousseau, que acabó siendo precursor de nacionalistas y socialistas, dijo cosas interesantes que conviene traer a colación en estos momentos, como que cuando “el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social se rompe, y todos los ciudadanos al recobrar de derecho a su libertad natural se ven forzados, pero no obligados a obedecer”. Autor contradictorio y complejo donde los haya, también decía que el poder legislativo y el poder ejecutivo no son de la misma naturaleza, de manera que deben estar separados, y que, de estar juntos, entonces, el cuerpo político quedaría pronto presa de la violencia. Nos definía también a los déspotas que se colocan por encima de las mismas leyes y dejó para la posteridad su propuesta de contrato social, que ha influido en nuestros regímenes políticos. En este autor están muchos de nuestros males, y, en consecuencia, su estudio es necesario para comprender muchas de las soluciones.

Foto: Isabella García-Ramos

Ciertamente la Constitución no es un monolito de piedra, ni un rumbo inmodificable. El pacto social de 1978 planteó una relación moderna entre el poder y el ciudadano, entre la Historia de España y los deseos de un futuro mejor, que pasaba por Europa y la democracia liberal.
Una premisa de mis admirados ingleses es el sometimiento del poder a la Constitución, que no está escrita (aunque en verdad sí), y a las tradiciones, que han sido el pegamento de una posibilidad. Cuando el poder queda sometido al Derecho y a unos valores comunes, que compartimos en Occidente (antes, Cristiandad, ahora Unión Europea), el pueblo progresa. Durante la Edad Media, los pueblos que gozaron de los Fueros de Francos, de franquezas y libertades, prosperaron frente al poder de la nobleza, caciquil, nacionalista diríamos hoy.
Situar a peones con carné de partido político en puestos claves para la separación de poderes y la independencia de las instituciones, solo es comparable a echar al gazpacho lentejas, o al arroz todo tipo de tropezones. Son jugadas muy cortoplacistas que erosionan la vida en común. Que preparan un tipo de reforma por la fuerza de los hechos, de facto. Es tan evidente, que lo que se sigue es que la pretensión es esta y no una reforma prudente, pausada y tranquila de nuestras reglas de convivencia. O esto, o la estulticia.
La reforma no es una narración taumatúrgica, ni mágica ni maravillosa. La reforma del sistema debe ser anterior a toda revolución, por definición, porque es parte de la evolución orgánica del pacto social. Pero no puede ser consecuencia de la revolución, o de un golpe como el de 2017, porque deja de ser reforma. Y la reforma no traerá la paz social si no hay una narración en común, un proyecto de vida. Y tan importante es el resultado, como “el mientras se negocia”. La letra y la melodía.
La reforma que vale es aquella que evita la marimorena, mientras se aprovecha para reforzar los pilares de la convivencia, no para socavarlos, introduciendo una metáfora arquitectónica.
En España, reformar constituciones es algo así como andar con dinamita jugando al balón, dándose empujones. Por eso la Constitución de 1978 tiene mucho valor. Son las pirámides de Egipto en formato libro. Una de las maravillas del mundo libre. De ahí la extrema necesidad de la prudencia y también de la altura de miras.
Pactar una ley de amnistía es reformar el Estado, contra la Constitución, y obviando toda forma de consenso. Es reformar “in peius”, a peor, impugnando, como quería Pablo Iglesias y Podemos, el sistema del 78.
Muchas veces nos ponemos estupendos y nos llamamos hijos de la Ilustración, o de la Revolución Francesa, lo cual, al menos, garantizaba un cierto tipo de certezas, y conocer de dónde se venía (el Antiguo Régimen), y qué se detestaba. De aprobarse la ley de amnistía ciertamente volveríamos al Antiguo Régimen, quebrando la libertad y la igualdad, y lo harían esta vez los nietos de la Revolución Francesa, no ya sus hijos. Estos nietos se habrían emancipado de su condición, de muchos de los principios que nacieron por aquel entonces, como la separación de poderes, y acabarán por conformar algo diferente, algo próximo a lo que se llama democracia iliberal, o que me atrevo en llamar democracia híbrida donde el “lawfare” es instrumento clave de la acción política.

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