La calle y Sánchez

Defendiendo lo mío. Eso me dijo un señor de unos 70 años, encaramado bien alto a una farola de la calle de Alcalá, mientras su señora le hacía una foto con el móvil, que es como se hacen ya las fotos, cuando le dije que tenía las mejores vistas de todos. Un manto de banderas rojigualdas y algunas europeas, pocas, en un ambiente familiar y de protesta alegre, que engalanaba aceras y asfalto, hasta perderse en las inmediaciones de Sol. Lo mismo ocurrió en todas las capitales de provincia de España el pasado domingo 12 de noviembre de 2023. Cerca de dos millones de personas en las calles, de un cuerpo electoral de 35 millones. Buen ratio.
Y, ¿qué es lo suyo, pregunté? Con cara de sorprendido, como si fuese un gilí, me respondió educadamente, casi dándome la absolución, que España era lo suyo, y la amnistía una injusticia sin igual. ¿Un pago a cambio de siete votos para una investidura? Le repregunté. Eso es, “un pago revolucionario como esos de la ETA de hace años”.
Entre mofas castizas, lindezas varias, carcajadas y un tono desenfadado y lisonjero que tuvieron en Sánchez y en Puigdemont a sus protagonistas, me vinieron a la cabeza tres argumentos insalvables que justifican salir pacíficamente a las calles y plazas de España.
El primero, y muy principal, es que el presidente Sánchez juega con la media verdad cuando dice que, en el juego parlamentario de la democracia liberal, quien suma más escaños elige al presidente del gabinete de gobierno. Pues bien, siendo cierto, no confiesa que el peaje en la sombra es la ley de amnesia y anestesia, o ley de amnistía, y un referéndum, que sitúan el “democratismo” o imposición de las mayorías coyunturales, por encima de la Constitución y los valores y principios de nuestro actual sistema jurídico-político español. Por tanto, existen límites incluso para el Parlamento, que está sujeto a la ley.
El segundo, y muy principal, es que el presidente Sánchez aduce como causa de su cesión, lograr definitivamente la convivencia y la paz social en Cataluña. Nada dice que son sus socios los que diseñan estructuras de estado con segregación y persecución lingüística, cercanos, como poco, a planteamientos ultras de otras formaciones europeas y, que ha llevado al resto de España, la división de la sociedad que existía en Cataluña. En economía se dice que es una situación “Pareto óptimo” cuando uno mejora sin empeorar al resto. Ahora empeoran millones de españoles para mejorar a una minoría.
El tercero, y muy principal, es que en el programa electoral del mes de julio nada se decía de leyes de amnistía, referéndums de secesión, e incluso se negaba abiertamente la opción del pacto con un fugado de la Justicia española. De hecho, Sánchez, Marlasca,  Lastra, Illa, Campo, Ábalos, Patxi López, Iceta, la portavoz del gobierno en la actualidad,…todos han declarado públicamente en alguna ocasión que la amnistía está fuera de nuestras posibilidades constitucionales. De hecho, en las negociaciones para la aprobación de la Constitución, se rechazó expresamente que estuviera en nuestra Carta Magna.
Además, la manifestación-concentración de ayer vino además precedida de algo insólito en nuestra vida nacional. Cientos de declaraciones de asociaciones de jueces, fiscales, altos funcionarios del Estado, colegios de abogados, de procuradores, despachos de abogados…Todos se echan las manos a la cabeza y se rasgan las togas y las puñetas, ante el terror robesperriano que se nos viene encima, con unas Cortes echadas a la montaña jacobina revolucionaria, juzgando a los jueces y a sus decisiones judiciales. Es el fin de la seguridad jurídica y de todo atisbo de seguir en un estado de Derecho.
Si la Constitución fue un punto de reconciliación y un lugar de encuentro entre españoles que pensaban diferentes, parece evidente que atacarla, rompiendo el Estado de Derecho, es todo lo contrario.
También parece evidente que, para separarse de este lugar de encuentro tan preciado, que es un tesoro si observamos el convulso panorama mundial, al menos se deba partir del consenso con el partido ganador de las elecciones nacionales, el Partido Popular, y ante todo, se deba consultar al pueblo español en un referéndum o en unas nuevas elecciones generales, con las cartas sobre la mesa.

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