El telón de fondo de la Ley de Memoria Democrática

Dialogamos con Pedro González Cuevas, profesor de Historia de las Ideas Políticas y de Historia del Pensamiento Español en la UNED, acerca de las implicaciones del nuevo anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

¿Qué opinión te merece el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática?

Desde el punto de vista de los historiadores, creo que es un desastre. Es el fin de cualquier forma de libertad interpretativa, al igual que la estupidez que han hecho algunos de mis colegas firmando un manifiesto contra la retirada de las estatuas de Indalecio Prieto y Largo Caballero. Hay un sector de la historiografía española que es cómplice de esa barbaridad.

Para empezar a aclarar algunos conceptos, ¿qué es la Memoria Histórica y qué relación tiene con la llamada Memoria Democrática?

Como decía Carl Schmitt, todos los conceptos políticos son conceptos polémicos. Es decir, Memoria democrática es la memoria de las izquierdas. ¿Por qué? porque se parte de que, en la guerra civil y durante el franquismo, los que encarnaban las ideas democráticas eran las izquierdas. La llamada memoria histórica es un concepto; la memoria es recordar lo que ha ocurrido, pero lo que se entiende por memoria democrática lleva detrás una trampa, en el sentido de lo que afirmaba Josep Fontana (historiador que desapareció hace dos años y que era un maestro del terrorismo intelectual) que decía que la memoria histórica no era recordar el pasado sino el presente recordado. Es decir, que como toda la historia es historia contemporánea, al reivindicar una serie de personajes y sectores políticos y sociales, la memoria histórica se convierte en la mitificación de un sector de la sociedad y de la vida política, y traerlos al presente como víctimas y acusar a los que se oponían a ellos por su crueldad.

Asistimos a una especie de presentismo…

Ésta es la cuestión. El tema es que no se trata de recordar a los muertos. La cuestión de las tumbas, si llega un pacto, como ha sucedido en otros sitios, puede resolverse, pero este presente recordado consiste en sacar a la luz para restregarlo a otros. Como el Partido Popular no ha percibido esa idea, y no la ha querido llevar a la práctica, ha quedado inerme. No ha dado importancia al ámbito histórico, dando prioridad, sin embargo, a la economía. No ha visto que también existe un sector que propugna avanzar por un camino que es el que traza la visión de la historia que quiere.

El anteproyecto de ley de Memoria Democrática parece ir un paso más allá, respecto de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, del Gobierno Zapatero, en el sentido de prever, entre otras medidas, la ilegalización de fundaciones que enaltezcan el régimen franquista. Claramente, parece apuntar a la Fundación Francisco Franco. En el supuesto de que a dicha fundación se la ilegalizase y pasase al Estado, ¿cree que se mermaría el acceso a los documentos y archivos conservados en ella?

Si se ilegaliza, como piden algunos, se pretende que esos documentos pasen al Archivo Histórico Nacional.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha hablado del deber de memoria y ha dicho que “la sociedad española está madura para mirarse a sí misma”, pero la realidad es que la cuestión sigue generando controversia.

Para empezar, Carmen Calvo ha dicho algo escalofriante: que hay que ordenar el pasado, ¿qué es eso de ordenar el pasado? El pasado no se puede ordenar. Se puede ordenar en la cabeza de los historiadores porque el pasado en sí mismo, y en eso hay que ser un poco posmoderno, no existe. Hay que interpretarlo. Hay unos datos, unos hechos, pero lo construye el historiador. Como eso es así, guste o no, lo que hay que garantizar es la libertad, el debate historiográfico serio, la libertad de interpretación. Lo de ordenar el pasado es plantea la intención de una memoria oficial, y digo que es escalofriante porque ¿qué pasa con quien no esté de acuerdo con esa memoria oficial? Se plantean ponerles multas, retirarles la cátedra, el puesto de trabajo, retirar libros…

Un régimen político debe garantizar la libertad de interpretación. En Historia nunca se llegará a una verdad definitiva, porque siempre aparecerán nuevos documentos, porque las mentalidades cambian, porque las nuevas generaciones tienen otra visión de las cosas, porque los nuevos contextos sociopolíticos hacen cambiar la percepción de la realidad. En ese sentido, no puede haber una verdad oficial, y menos punitiva, que es lo que plantea esta ley.

¿En qué medida obedece este anteproyecto a una demanda de la sociedad civil?

Viene de arriba, no de la sociedad civil. Creo que hay oponerse frontalmente a esa ley e impugnarla en el TC. No es admisible esta Ley de Memoria Democrática, que ni es memoria ni es democrática sino un constructo vil, repugnante. Contra eso hay que luchar con todas las armas legales disponibles y con crítica intelectual, y hay que movilizarse. Hay un motivo detrás: cuestionar la legitimidad del régimen actual.

¿En qué medida sería positivo permitir la apertura de fosas?

Eso nadie lo discute, es de derecho natural. Lo raro es que no se haya antes, ¿por qué no lo hizo el PSOE cuando estuvo catorce años en el poder? No hacía falta ni pactarlo. Lo que no se debe hacer es lo que se está haciendo, que es politizarlo y utilizarlo para demonizar a un sector de la sociedad, porque de eso se trata, no se trata de otra cosa: primero, demonizar a un sector de la sociedad; y segundo, como antes he comentado, socavar la legitimidad del régimen actual.

Hablemos de la Guerra Civil y el franquismo. Se ha hablado mucho de la crisis de legitimidad de la democracia liberal en el siglo XIX y de su falta de consolidación. ¿En qué medida guarda relación con la guerra civil española?

Es lo que planteaban autores tan heterogéneos desde el punto de vista ideológico como Stanley Payne y Santos Juliá. ¿Qué sucedió? Que el liberalismo llega a España demasiado pronto, porque no se daban las condiciones económicas, sociales, mentales, etc. En la sociedad española nunca se consolida realmente el orden liberal porque el conjunto de la población no lo acepta por varias razones, porque no lo entiende, por cuestiones religiosas, políticas, económicas… La mayoría de la sociedad era apolítica o en gran medida comulgaba más con el carlismo o las actitudes de la Iglesia católica, el anarquismo, etc.

El liberalismo en España es fruto de sectores muy limitados de la sociedad y por eso necesita el apoyo del ejército. ¿Por qué hay tantos pronunciamientos, por qué los jefes de las secciones políticas son militares, como Narváez o Espartero? Porque el único vínculo que hay entre el régimen político y la sociedad es el ejército. Siempre que se intenta otra cosa, estalla la revolución y la contrarrevolución. Lo que pasa en España es que no hay un sector social, como la burguesía y las clases medias, durante el XIX y parte del XX que vertebre la sociedad, tampoco se desarrolla la escuela, el Estado es muy débil, por eso los militares siempre están en la actualidad política, porque son la única forma de vertebración de la sociedad española. Hasta que, en los años 50 y 60, llega un gran desarrollo económico y se genera una clase media, con el Plan de Estabilización y el desarrollo económico.

¿Cabe, a su juicio, calificar el alzamiento del 18 de julio de 1936 –o golpe de Estado, según la historiografía dominante– como agresión a una República legítima? ¿O ésta ya adolecía de falta de legitimidad?

Hay un estudio que siempre recomiendo a mis alumnos, que es el de un politólogo liberal italiano, Guglielmo Ferrero, historiador del imperio romano que tiene un libro muy importante, titulado El poder. Los genios invisibles de la sociedad, en el que plantea el tema de la legitimidad de los sistemas políticos. En ese texto, Ferrero dice que la II República fue un régimen pre-legítimo, porque no consiguió que el conjunto de la sociedad lo viera como plausible, y cada fuerza política lo interpretó a su manera. Para la izquierda obrera, porque se la identificó con su proyecto político y cuando, en un momento dado, vio que se tenía que ir del poder, dijo que no era legítimo. Lo mismo sucede con la izquierda republicana. Los católicos de la CEDA tampoco lo aceptan porque no cuentan con ellos para hacer la Constitución, que, además, es anti-católica, no ya secularizadora o laica: con la Ley de Congregaciones de 1933 se impide la creación de escuelas católicas; además, la permisividad que se tuvo con la quema de conventos… Las fuerzas políticas y sociales reales, los que tienen más militantes y con más importancia, en realidad, no la perciben como algo válido en sí, sino como un instrumento o como una amenaza, y, cuando no les sirve para sus fines, se rebelan, como hicieron los socialistas en la Revolución de Asturias de 1934, al igual que los militares en 1936, cuando vieron que los que se habían rebelado en Asturias llegaron al poder.

Aparte de cuestiones de tipo económico, social, los ascensos del comunismo o del fascismo, en España la República no tiene legitimidad real, es un régimen político pre-legítimo, que la mayoría de los sectores sociales no aceptan. Esa es mi interpretación.

Según el establishment, parece que el régimen de Franco puede ser calificable de genocida y de satélite del Eje en la Segunda Guerra Mundial, incluso se ha hablado de que la España de la posguerra era un país de campos de concentración. Sin embargo, parece que la cuestión es mucho más compleja. ¿Qué historiadores, a su juicio, pueden ayudar a entender la Guerra Civil y el franquismo?

Todo eso del genocidio me parece ideología. Una cosa son los campos de concentración, que también existían en las zonas republicanas –como el de Albatera, fundado por el ministro de Justicia Juan García Oliver, que era anarquista–; si hay una guerra, hay campos de concentración, porque hay prisioneros y hay que concentrarlos en una determinada área. No se lo inventan los nazis, los primeros los crean los ingleses en la guerra de los bóers. Una cosa son los campos de concentración, propios de una guerra, y otra cosa son campos de exterminio. En el régimen de Franco no hay campos de exterminio creados para exterminar a una etnia ni con un proyecto genocida. Existió una guerra civil y los vencidos fueron ubicados en tales campos. Lo excepcional eran los campos de exterminio. Que se sepa, en la España de Franco no hubo, a no ser que ciertos autores como Ángel Viñas lo sostengan…

Lo que se dice de que España no fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, sobre el llamado satélite del eje, es más bien un juego de palabras; quienes afirman esto no son historiadores serios. Lo que dice cierta propaganda de que Franco era omnisciente, que previó todo, es muy fácil de rebatir porque nadie es omnisciente. Como no era omnisciente, y como era un contexto muy problemático, porque en el año 40 Alemania domina toda Europa. Independientemente de lo que pensara Franco, que estaba agradecido a Hitler por su ayuda en la Guerra Civil, como era un hombre cauto, esperó a ver qué pasaba. Haciendo historia real, no ideológica, vemos que Franco estaba en un contexto y operaba según ese contexto. En un momento dado, si hubiera querido, podía haber entrado en la guerra, pero como no lo veía claro, por un lado, hablaba con Hitler, por otro, con Churchill, estaba en un equilibrio en el que prefirió permanecer, y podía haber caído en la trampa en la que cayó Mussolini y entrar en la guerra, pero no lo hizo. Entonces, alguna independencia tendría con respecto a Alemania. Es de sentido común, pero la historiografía española actual es la que es, y es escandaloso.

Actualmente, parece que autores como Paul Preston, A. Viñas, Josep Fontana, Tuñón de Lara, Reig, Espinosa Maestre han conseguido constituirse en referencia en el mundo académico, como representantes de una narración de la Guerra Civil y del franquismo abiertamente posicionada. ¿En qué medida esta forma de narrarse ha llegado a convertirse en un relato impuesto?

Lo que ocurre es que hay una parte de la universidad que está captada por este grupo, un grupo que se sabe mover muy bien en redes y tienen editoriales y periódicos donde difundir sus postulados. A mí me resulta muy difícil publicar en un periódico importante, como en ABC, El Mundo…

Parece, entonces, que se ha secuestrado el debate historiográfico…

Pero la culpa no la tienen ellos sino los que no les responden y los sectores, digamos de derechas, conservadores, liberales, que no difunden lo que hacen otros. Hace unos años se publicó un libro titulado Palabras como puños, que hacía una revisión de todas estas estupideces que se están diciendo. Era un libro colectivo, en el que participaron varios –publicado por la editorial Tecnos– que se vendió muy bien pero no se le dio difusión alguna En cambio, autores como Ángel Viñas y Paul Preston están todos los días en la tele, incluso se les da difusión en diarios como El Mundo y en las editoriales más prestigiosas, pero lo que dicen es muy discutible.

En este sentido, parece que, en el ámbito académico, hoy día parece tener mayor visibilidad y peso la historiografía marxista y, quizá, de Annales. ¿Puede decirse que la historiografía en España está instrumentalizada al servicio de intereses políticos? ¿Se puede hablar de un establishment intelectual y político, que califica de revisionismo a los enfoques más críticos con el dominante; y en qué dimensiones?

Todo historiador tiene que ser revisionista, como todo científico. La historiografía, y la ciencia, en general, se basa en esto: en un momento dado hay una hipótesis, someterla a crítica y si la supera, se considera válida durante un tiempo, y si no, no. Un historiador tiene que ver si su tesis o la de otro, si es serio, es válida. Llamar a otro “revisionista” no tiene sentido porque en cualquier faceta de la vida humana nos estamos revisando, nos estamos cuestionando. El tema no es el revisionismo, concepto éste que se usa de manera peyorativa –Lenin acusaba a Kautski y Berstein de revisionistas, de haber revisado el marxismo, convirtiéndose en reformistas y conservadores, dejando de ser revolucionarios–. El término negativo sería el de negacionismo, propio de sectores historiográficos que niegan la existencia del holocausto judío, pero en historia el concepto del revisionismo tiene que existir. Yo publiqué un libro titulado Estudios revisionistas sobre las derechas españolas, en el que dedico un capítulo al revisionismo histórico europeo.

En los países normales, historiográficamente hablando –a mi juicio, España ya no lo es–, el revisionismo (cuyos exponentes son François Furet, que cuestionó la interpretación marxista de la Revolución Francesa; Renzo de Felice y sus discípulos, que hizo lo mismo en relación a la interpretación marxista del fascismo y la resistencia en Italia; Stanley Payne, con sus libros sobre la historia del fascismo; o Ernst Nolte en Alemania) es normal, porque es normal cuestionar las interpretaciones, y se hace en los países serios (en España, la polémica a raíz de la retirada relacionada con la retirada del nombre de Largo Caballero y otros del callejero muestra que no hay un debate serio). Lo que tiene que existir es una esfera pública donde se pueda debatir racionalmente y no a partir de prejuicios ideológicos e intereses partidistas (principalmente, el PSOE). También creo que parte de responsabilidad la tiene la Iglesia católica, que no interviene en la vida pública como debería.

¿En qué sentido?

Se está poniendo de perfil en muchas cosas, no ha intervenido en lo del Valle de los Caídos, no forma a su gente desde el punto de vista de la comunicación, en prensa no hay una presencia de la Iglesia católica, ni en la esfera pública, incidente. Se echa de menos la propuesta de interpretación de la realidad. La Iglesia debería intervenir más, en un momento en que la secularización está llegando a ser muy alarmante. El catolicismo ha tenido siempre sus órganos de expresión, su presencia pública, pero ahora no lo veo.

A su juicio, ¿será posible poder afrontar en un futuro un debate historiográfico serio? ¿Qué condiciones cree que tendrían que darse?

Es una cuestión política y de sociedad civil. La gente que no comparte el discurso dominante debe organizarse, aparecer en los medios, contar con órganos de expresión, asociaciones, think tanks que preparen a la gente para un debate político serio, para que ciertas leyes de este tipo no salgan adelante. Una ley como la que pretende aprobarse, que ilegaliza fundaciones, es el comienzo de algo grave. Empezarán por la Fundación Francisco Franco pero luego vendrán otras. Parece que no pasa nada, pero es el comienzo de un proceso. El hecho de que se pueda plantear una Ley de Memoria, ya no el hecho de votarse ni aprobarse, sino el mero hecho de plantearse, ya es muy grave en un sistema liberal como el nuestro. Es cierto que existen negacionistas que han llegado a decir barbaridades sobre el Holocausto, pero existe el debate para refutarlos. Se habla mucho de democracia y diálogo. pero se cree muy poco en él cuando se proponen leyes como ésta que plantean medidas punitivas. Si se cree en la racionalidad de la gente, estas leyes no pueden ser formuladas de esa manera. La pretensión de “ordenar el pasado” de la vicepresidenta del Gobierno me parece algo demasiado serio, y no tiene contestación porque, hoy día, ya no se lee, y se protesta más porque puedan quitar el fútbol.

Algunos autores (entre ellos, Luis Suárez) han señalado el carácter autoritario y no totalitario del régimen de Franco.

Hoy hay mayor consenso respecto a lo que fue el franquismo (en su día, fue analizado por Juan José Linz). Al no haber reflexión histórica sino activismo político, se crea una demonología. Todo el que no está de acuerdo con el discurso dominante es desechable; decir que el régimen de Franco era autoritario pero no totalitario es malo, cuando no se ha inventado otro término que valga para definir el régimen. No es totalitario porque no hay partido único, se basa en un caudillaje. En lo que se refiere a mi experiencia personal, yo nunca aprendí el Cara al Sol en mis años de colegio, ni sabía lo que era Falange Española Tradicionalista y de las JONS; veía en la televisión a los autores de las canciones de protesta, signo de que el control o censura, si se quiere, en la cultura, la prensa y la televisión ya se había relajado desde hacía tiempo.