Los iguales como iguales. ¿Y los diferentes?

Creada en 2004, su objetivo es la integración de las confesiones minoritarias. La Fundación ha organizado esta semana un curso en El Escorial que bien puede entenderse como una preparación del cambio de la Ley de Libertad Religiosa que anunció el Gobierno desde el comienzo de la legislatura y que está incluido en el Plan de Derechos Humanos del Ejecutivo. En ese contexto, este martes Caamaño ha pronunciado una conferencia que da nuevas pistas sobre hacia dónde va la reforma. Caamaño es un catedrático y, aunque sus planteamientos sean radicales en algunos momentos, se expresan en un tono académico y por eso hay que hilar fino.

El ministro de Justicia señaló con precisión que "la libertad religiosa tiene que tener límites" y que es necesario "prohibir prácticas religiosas que sean contrarias al orden público". Nada que objetar. Pero la lectura que hace Caamaño del artículo 16 de la Constitución no es pacífica. "Apostó la Constitución -dice el ministro de Justicia- por un Estado laico, que no por un Estado laicista, donde no hay una religión estatal. España apuesta por la neutralidad, aun teniendo en cuenta la presencia y el arraigo de la Iglesia católica en España". Sabe nuestro ilustre constitucionalista que la Carta Magna define un Estado aconfesional pero no un Estado laico neutral. Como él mismo recuerda, se prescribe la colaboración con las confesiones, citando expresamente a la mayoritaria. Esta definición del Estado tiene consecuencias prácticas decisivas. El ministro ha indicado por dónde iba a ir la reforma: "la ley no dice nada sobre la religión en los espacios públicos, la defensa, la educación… por eso queremos reformarla". En nombre del Estado laico y de la tutela de las minorías religiosas es fácil que se pretenda regular y controlar infinitas manifestaciones públicas del catolicismo que se han regido por la costumbre y que, al tratarse de la confesión mayoritaria, han sido pacíficas. No sería extraño que en nombre de un pluralismo abstracto se pretenda hacer tabla rasa de la tradición dominante en nuestro país. El viejo principio constitucional de igualdad exige tratar a los iguales como iguales y a los diferentes como diferentes.

Igual o más llamativo es cómo Caamaño pretende que se resuelvan las situaciones de conflicto que se pueden producir entre lo que regule la mayoría en el Congreso de los Diputados y la conciencia de muchos. Caamaño no parece dispuesto a aceptar ese conflicto, propio de toda democracia desarrollada, y sostiene que "la libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer a ley". Sin duda. Pero ni la pluralidad ni la colaboración con las confesiones impide, más bien exige, que en casos límites se tutele la libertad de conciencia frente a lo dictado por la ley.

Caamaño en un interesante artículo de 2004 titulado "La representación o participación de las minorías" hablaba de las "identidades nacionales complejas" de España y se refería a la necesidad de tutelar la diversidad. Mencionaba el artículo 9 de la Constitución, que obliga a garantizar las condiciones para que la libertad en la diversidad sea efectiva. "La neutralidad sólo debe abandonarse para salvaguardar la diversidad y las reglas que aseguran una competencia igual en el mercado abierto de las culturas", añadía Caamaño.

Dejando de lado lo extraño que resulta que un hombre de tradición socialdemócrata hable del "mercado de las culturas", su razonamiento trasladado al ámbito de la pluralidad de las religiones o de la libertad de conciencia puede ser utilizado de dos maneras. Sirve, invocando la tutela de la diversidad de las minorías, para reducir el peso de la tradición católica, en contra de los datos de la  tradición y de los datos de la sociología. Pero si se reconocen esos datos, la tutela de la diversidad implica la tutela de la conciencia de una mayoría que no coincida con la mayoría parlamentaria o de una minoría que por razones de conciencia no quiere cumplir una ley en un punto conflictivo que no afecte al orden público.