Editorial

Un aviso

Editorial · Fernando de Haro
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22 febrero 2021
¿Son las noches de violencia en Barcelona y en otras ciudades españolas el síntoma de que la llamada ola social del COVID ya está aquí? No parece.

¿Son las noches de violencia en Barcelona y en otras ciudades españolas el síntoma de que la llamada ola social del COVID ya está aquí? No parece, pero los disturbios, los saqueos y todo el discurso en favor de la libertad de expresión que los ha rodeado incluye avisos que no conviene desatender.

Recapitulemos los hechos. El rapero Pablo Rivadulla, conocido por el apodo Hasel, tiene que entrar en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. En este caso del terrorismo de ETA. No es un artista. Más bien es un activista violento con otras condenas por allanamiento y lesiones. Su detención provoca casi una semana de disturbios. Después de las manifestaciones en contra de la detención, grupos radicales protagonizan escenas de guerrilla urbana y de saqueo. El problema es especialmente grave en Barcelona, aunque la violencia se extiende a otras ciudades. El que ya se conoce como caso Hasel no se hubiera producido si no se hubieran dado algunas circunstancias. No hubiera habido caso Hasel si Cataluña no se hubiera convertido, desde hace años, en una cantera de grupos radicales. Grupos que se han entrelazado con los partidarios más extremos de la independencia para los que la violencia está justificada. Tampoco hubiera habido caso Hasel sin la situación de indefensión operativa en la que están los Mossos d’Esquadra, la policía catalana. Cada vez que hay disturbios, el Gobierno de la Generalitat cuestiona su actuación y tiene cierta inclinación a justificar los desórdenes. De hecho, en otras ciudades de fuera de Cataluña, la actuación policial ha reducido con rapidez los altercados.

Tampoco hubiera tomado dimensión política el caso Hasel si Podemos no hubiera estado en el Gobierno de España. Al ponerse Podemos del lado de los grupos radicales y al cuestionar la regulación de la libertad de expresión, ha magnificado lo sucedido. Son las paradojas de tener en el Gobierno a un partido que está en contra del sistema democrático vigente. Podemos quiere libertad para los que enaltecen el terrorismo, y al mismo tiempo aplaude que se persiga a los que defienden el franquismo.

El caso Hasel es, por tanto, un caso instrumentalizado. Pero el conflicto entre la libertad de expresión y el discurso del odio es un problema real.

La fricción entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales forma parte de la democracia clásica. Todos los sistemas constitucionales regulan esa frontera que no es siempre clara. Pero desde hace unos años las tensiones han aumentado con la proliferación de posiciones ultras, con la difusión de justificaciones ideológicas del terrorismo, con la incitación a la violencia por motivos raciales o religiosos. La transformación provocada por el uso masivo de redes sociales, donde no existe el filtro de los medios de comunicación tradicionales, ha ayudado a que los propagadores de mensajes contra la dignidad de las personas tengan más eco.

El reto de dar un trato adecuado al “hate speech”, el discurso del odio, es creciente. Es síntoma de que ciertas evidencias sobre el valor del otro, anteriores al derecho, se van disolviendo. En la Europa de los años 50 del pasado siglo era fácil comprender que ciertas formas de hablar y de escribir destruyen la paz y siembran el mundo de muertos.

Las soluciones jurídicas son diferentes. En Alemania, que es una democracia militante donde se prohíben partidos anticonstitucionales, hay pena de cárcel para conductas que exalten el nazismo. España no es una democracia militante pero ha tenido que hacer frente durante los últimos 40 años a partidos vinculados a una banda terrorista. Las sentencias que han condenado por exaltación del terrorismo se han dictado cuando había muertos recientes. Los tribunales españoles han ido distinguiendo, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) si en cada caso se había producido o no se había producido incitación directa a la violencia. La jurisprudencia del TEDH se inclina por no admitir penas de prisión para los delitos de opinión. Y es razonable que así sea por muy repugnantes que sean las ideas expresadas. Aunque puede haber excepciones.

Es necesario encontrar una solución equilibrada al conflicto entre derechos. Y la libertad de expresión es esencial. Pero la solución jurídica es el último remedio y no resuelve el fracaso.

El fracaso es que la memoria de los europeos se haya disuelto. Hemos olvidado el valor de las palabras, hemos olvidado las consecuencias de alimentar el odio. Probablemente todo el discurso del odio, sea o no una incitación directa a la violencia, tiene mucho en común: nihilismo yihadista, nihilismo antisemita, nihilismo que rescata las viejas ideologías xenófobas y racistas. Simplemente nihilismo. El derecho no puede frenar esa enfermedad. Si acaso puede evitar, en algunos supuestos, sus consecuencias más negativas. A menudo, “enfermos de derecho”, nos cuesta entender que todo empieza cuando un contenedor, un adoquín, un escaparate, la cara del que se sienta a nuestro lado en el metro, el musulmán, el judío, el de derechas, el de izquierdas dejan de ser algo, dejan de ser alguien, se convierten en nada.

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