Un año después del incendio en la guardería ABC de Hermosillo

España · Laura Juárez (México D.F.)
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25 junio 2010
El 5 de junio de 2009, un incendio en una guardería en Hermosillo, Sonora, al norte de México, se cobró la vida de 49 niños y dejó a otros más con serias quemaduras. La guardería era subrogada, es decir, operada por un particular contratado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para prestar ese servicio a los trabajadores afiliados. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia decidió que en ese caso se violaron garantías constitucionales y fincó responsabilidades a funcionarios locales de nivel medio, y no a altos funcionarios federales como contemplaba el dictamen original de uno de los ministros. Es innegable la exigencia de justicia y también de que hechos tan lamentables como éste no se repitan. Más aún, es urgente ampliar y elevar la calidad de las guarderías y de otros servicios sociales. Pero ¿cómo hacerlo?

El esquema actual de subrogación de guarderías del IMSS es una manera de hacer que los particulares presten servicios públicos en lugar del Estado. El Instituto contrata y paga los servicios directamente a la guardería y los afiliados deben acudir a una de las ya contratadas para hacer efectivo su beneficio. En medio del escándalo por la falta de supervisión y las pésimas condiciones de seguridad en la guardería incendiada, el Gobierno hizo pública la lista de guarderías subrogadas y se descubrió que varias de ellas pertenecían a amigos y familiares de altos funcionarios, incluidos el gobernador de Sonora y el mismo presidente Calderón. Por esto, es justo que las autoridades involucradas respondan ante los padres afectados, ante la ley y ante la sociedad y también que los mecanismos para fincar estas responsabilidades sean cada vez más expeditos y transparentes.

Sin embargo, a más de un año de este incidente y en plena temporada electoral, todavía no se abre el debate sobre la cuestión de fondo: ¿Cómo mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos? Actualmente, la mayor parte de estos servicios, que son primordiales para nuestro desarrollo humano y económico, son provistos directamente por el Estado, como la salud y la educación, y presentan graves deficiencias. En este contexto, la participación privada en la prestación de servicios públicos no sólo es deseable, sino indispensable, pues disminuye el costo de proveer estos servicios, como es evidente en el caso de las guarderías, y además aporta una riqueza y diversidad cultural que el Estado no posee.

Contrario a lo que muchos piensan, el incendio en la guardería ABC de Hermosillo no contradice esta afirmación, sino que la refuerza, pues no es la participación privada per se la que causa la corrupción, como argumentan quienes desean una vuelta al estatalismo del pasado. Si bien no hay esquema tan perfecto que pueda eliminar el error o la malicia humana, algunos tienen ciertas ventajas sobre otros. En el caso de la provisión de servicios públicos, el que el Estado conserve el control de adjudicar contratos completos, como en la subrogación de guarderías, es en realidad lo que lleva al contubernio entre algunos particulares y las autoridades, a la corrupción y falta de transparencia en las concesiones y, por lo mismo, también da pocos incentivos a la supervisión. Un esquema alternativo, que salva la iniciativa de la sociedad, transfiere la libertad de decisión a los usuarios y ha dado resultados positivos en el campo educativo en algunos países, es el de otorgar vales o vouchers que cubren parte del costo del servicio. Con este vale, los usuarios pueden elegir la guardería que mejor les parezca y pagar la diferencia en el costo, si la hay. Se generan los incentivos adecuados pues los padres son los primeros interesados en un servicio de calidad para sus hijos y las guarderías son las primeras interesadas en atraer usuarios. Además, si el Estado suelta aquel control que es innecesario, tendrá más recursos humanos y materiales para enfocarse en lo que verdaderamente se requiere: una supervisión efectiva y transparente, la cual, dada la situación actual de nuestro país, es una misión difícil, pero no imposible.

Las investigaciones y los demás procesos judiciales y penales del caso ABC siguen su curso y es necesario que así sea hasta el final. Pero también es necesario pensar e implementar un cambio de fondo sin cerrar el poco espacio que comienza a abrirse para la sociedad. Utilizar la exigencia de justicia de los padres como bandera política o tratar de minimizar el daño mediático son dos maneras de mantener el status quo que comprometen seriamente nuestro futuro.

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