Todo cambia para que todo siga igual

España · Alfonso Marco
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25 junio 2015
Hace unos días, Partido Popular y Ciudadanos llegaban a un acuerdo para permitir el gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. El acuerdo incluye propuestas en diversas materias y, cómo no, la sanidad es una de ellas. Una, porque solo es una: el compromiso de ´suspender la privatización de la sanidad madrileña´.

Hace unos días, Partido Popular y Ciudadanos llegaban a un acuerdo para permitir el gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. El acuerdo incluye propuestas en diversas materias y, cómo no, la sanidad es una de ellas. Una, porque solo es una: el compromiso de ´suspender la privatización de la sanidad madrileña´.

Para poder analizar este acuerdo es imprescindible acudir primero al diccionario de la RAE y segundo hacer un poco de memoria reciente, muy reciente. Los españoles somos especialistas en convertir una mentira en verdad a base de repetirla. El diccionario define privatizar como ´transferir una empresa o actividad pública al sector privado´ y en Madrid, hasta el momento, no se ha transferido ningún hospital público a la sanidad privada, el gobierno saliente de la Comunidad únicamente ha introducido un nuevo sistema de gestión en algunos hospitales, sin que estos perdieran su carácter público o el acceso libre de cualquier ciudadano a sus servicios de manera gratuita.

La sanidad supone en la Comunidad de Madrid alrededor del 42% del presupuesto, siendo la partida presupuestaria más cuantiosa, pero ¿ha tenido en los programas electorales ese mismo peso?

Ambos partidos partían de una premisa común, ´sanidad pública, universal, eficiente y de calidad´, en eso todos podemos estar de acuerdo. Cristina Cifuentes proponía en su programa 300 medidas de las cuales solo 29, el 9,5%, eran sobre sanidad, la mayoría de ellas correctas pero excesivamente ambiguas e inconcretas, llenas de lugares comunes y queriendo contentar a todos sin concretar un claro objetivo.

El programa de Ciudadanos era algo más concreto, proponiendo algunas medidas que deben ser analizadas con cuidado. Proponen cambios en la financiación, apostando por una financiación capitativa introduciendo indicadores de salud y de calidad de la asistencia que permitan recompensar a las organizaciones con mejores resultados. Pero no concreta si se va a permitir, como ahora se hace, la competencia entre las distintas áreas de salud con libertad de elección de profesionales y centros por los pacientes, porque si es así, la medida de los indicadores de salud se hace mucho más compleja. ¿Existe mejor indicador de calidad que la libre elección del usuario?

En otro de los puntos del programa encuentro una propuesta que aún me da más miedo, dice literalmente ´limitación del esfuerzo terapéutico fútil o inútil redefiniendo los procesos terminales y rediseñando las alternativas de prestaciones´. ¿Puede el poder político definir qué son esfuerzos terapéuticos fútiles o inútiles?, ¿proponen quizás limitar el acceso a la sanidad pública solo para los pacientes con patologías potencialmente curables?

Por último, en ambos programas aparece una referencia a la atención primaria, pero en el de Ciudadanos proponen aumentar el presupuesto para ´reforzar el papel de la misma como filtro de la especializada´. La medicina primaria, el médico de familia, es el recurso sanitario más importante y hasta que no se le dé el valor que merece podremos invertir ingentes cantidades de dinero pero no funcionará, su papel como filtro de la especializada debe ser solo una función residual.

Esto es lo que llevan en sus programas los partidos que van a sostener el gobierno de Madrid, pero en lo único que han pactado es en una declaración ideológica, que intenta dejar tranquilos a los sindicatos profesionales, intentando evitar el resurgimiento de nuevas ´mareas blancas´. La nueva situación política parecía que iba a traer nuevas maneras de hacer política, pero parece que en el ámbito de la sanidad todo va a cambiar para que todo siga igual. Los acuerdos son de ámbito ideológico, las decisiones se toman no pensando en el bien de los usuarios sino en la ´tranquilidad´ de las castas profesionales.

El sistema de gestión introducido por el gobierno de Esperanza Aguirre y continuado por Ignacio González en algunos hospitales requiere aún de algo más de tiempo para poder ser juzgado, de momento ha tenido efectos objetivamente beneficiosos como la apertura de 11 nuevos hospitales, la libre elección de centro y profesional, se ha introducido la competencia entre centros obligando así a estos a dar un mejor servicio porque en ello va su financiación. No creo que un enfermo de Torrejón se cuestione el sistema de gestión de su hospital cuando necesita acudir a urgencias y, en vez de desplazarse hasta las colapsadas urgencias de Alcalá, puede ir a un centro mucho más cercano a su casa. Los enfermos de San Sebastián de los Reyes ahora tienen un centro mucho más cercano y no están obligados a ir a La Paz, o qué decir de los pacientes de la sierra de Madrid que ahora disponen de un centro en Villalba.

Es verdad que no es un sistema perfecto, pero al menos es una alternativa al caos existente en el sistema nacional de salud, donde su sostenibilidad cada vez está más en el aire. La participación de la iniciativa privada en la gestión al menos introduce una novedad que permite abrir un punto de esperanza que pueda mantener el sistema siendo público, universal y de calidad. Las reticencias que algunos profesionales ponen a esta gestión están basados en muchos casos en planteamientos ideológicos y no prácticos, los problemas reales que la profesión sanitaria tiene no se solucionan negándonos a la introducción de nuevos sistemas de gestión sino con un cambio profundo que va desde la formación elemental, pasando por la formación especializada y el papel de los colegios profesionales de médicos y enfermeras.

Ojalé entremos en una nueva era, donde los políticos permitan a los profesionales ejercer nuestro trabajo con las menores injerencias posibles, donde los gestores sanitarios sean eso, gestores profesionales y no gestores políticos que usen la sanidad como trampolín con otros horizontes. La sanidad española y madrileña necesita nuevos impulsos y no es bueno que la iniciativa privada sea anulada sin darle tiempo a demostrar si es útil o no para el mejor sostenimiento de la sanidad que todos pagamos.

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