La responsabilidad de los países de origen en la inmigración

Resulta difícil decir si el malestar provocado por la suspensión durante 90 días, decretada por el presidente Trump, de la entrada en EE.UU de personas procedentes de siete países de mayoría musulmana se debe a las lagunas de dicho decreto o a otros motivos. Más aun teniendo en cuenta que a fin de cuentas no se trata de un gran número de personas, se habría podido dejar entrar a los que ya estaban de viaje o en posesión del visado, controlando igualmente a los eventuales sospechosos. Así Trump habría evitado echar más leña al fuego de las manifestaciones de protesta en su contra.

A la sombra de este tipo de polémicas pueden acabar ciertos aspectos fundamentales de la cuestión migratoria que siguen quedando fuera del debate. En primer lugar, el hecho de que la mayor parte de estos migrantes irregulares deja su tierra de origen por motivos económicos, y no políticos. En segundo lugar, que ante estos migrantes por motivos económicos la responsabilidad de sus países de origen está antes que la de sus países de destino. Los imperios coloniales salieron de escena hace más de cincuenta años. Por tanto, es una falta de respeto, y paradójicamente una forma de paternalismo fuera de lugar, seguir diciendo que todos los problemas actuales de los estados que fueron colonias derivan de su pasado colonial. Donde, de un modo u otro, ha tenido lugar algún proceso de desarrollo, la situación ha mejorado, en algunos casos llamativamente, al menos lo necesario para reducir el empuje hacia éxodos temerarios fruto de la desesperación.

Más que dejar siempre la puerta abierta a la migración por motivos económicos, que por otro lado supone una seria pérdida de energías para los países de origen, sería especialmente importante favorecer el saneamiento de sus economías e instituciones. Esto es lo que podría desafiar a Trump, más que la pretensión de que EE.UU siga siendo la gran meta de la inmigración que fue históricamente, en tiempos que está muy lejos de hoy, y más en general la pretensión del reconocimiento de un supuesto derecho general de inmigración desde el hemisferio sur hacia los países más desarrollados.

Dicho esto, no es irracional que un nuevo presidente, elegido entre otras cosas por su promesa de reformar la política migratoria, mientras está elaborando dicha reforma decida como medida cautelar una suspensión temporal, aunque sea una de los procedimientos más discutidos. Pero, de hecho, se trata de eso: de una suspensión durante 120 días del programa de admisión de refugiados en EE.UU, y durante 90 días de la entrada por cualquier motivo en el país (salvo el caso de diplomáticos y personal de la ONU) de personas procedentes de Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán y Yemen; además de una suspensión durante tiempo indefinido a los refugiados de Siria. Aparte de este procedimiento temporal, será muy interesante ver los contenidos de la reforma en la que Trump está trabajando. Es decir, si será simplemente una política de puertas cerradas, impopular e imposible en la práctica; o bien una política inspirada en programas de saneamiento como las ya mencionadas.