El arriesgado giro de Europa en Venezuela

El informe de Naciones Unidas sobre Venezuela, dado a conocer la semana pasada, es demoledor. Oficializa lo que ya sabíamos. El Consejo de Derechos Humanos ha investigado casi 3.000 casos de asesinatos, torturas y desapariciones denunciadas en el país durante los últimos años. Sus conclusiones son que el Gobierno de Maduro y los generales Néstor Reverol y Vladimir Padrino han ordenado crímenes de lesa humanidad y que hay que investigarlos judicialmente.

El estudio se ha publicado en un momento en el que se vuelve a debatir cuáles son las condiciones en las que se pueden dar por buenas las elecciones legislativas convocadas por el régimen de Maduro para finales de este año. Henrique Capriles, uno de los líderes históricos de la oposición, en contra de Juan Guaidó, el presidente encargado, reconocido por 27 países, se ha mostrado dispuesto a participar en los comicios. En España el Gobierno de Sánchez y el socialista español Josep Borrell, el Alto Representante de política exterior de la UE, también se han mostrado dispuestos a apoyar la celebración de esas elecciones bajo ciertas condiciones y después de un aplazamiento. Posición que, de facto, supone distanciarse de las tesis de Guaidó. Borrell ha puesto a la UE más cerca de Capriles que del presidente encargado.

El problema es si la hipótesis de unas elecciones con unas mínimas garantías, después del informe de Naciones Unidas, es verosímil. El Grupo de Contacto (grupo promovido por la Unión con países latinoamericanos), que busca una salida negociada y democrática a la crisis, hizo la semana pasada una lista de requisitos para respaldar las elecciones. El elenco, en la práctica, es una descripción de cómo Maduro ha convertido Venezuela en una dictadura. Se reclama respeto al mandato constitucional de la Asamblea Nacional. Desde que en 2016 ganara las elecciones todos los mecanismos del Estado, incluido el Tribunal Supremo, han sido utilizados para sofocar a la única instancia democrática que quedaba. Se exige también devolver el control de los partidos políticos a sus auténticos responsables. En el mes de julio Maduro, a través del Tribunal Supremo, cambió las juntas directivas de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, las cuatro formaciones con más peso en la oposición. El Grupo de Contacto añade que es necesario dejar de acosar a los líderes de esos partidos, actualizar el padrón para que puedan votar también los cinco millones de refugiados que han tenido que salir del país, permitir el libre acceso a los medios de comunicación y un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente y equilibrado. El CNE, como el Supremo, es otra de las instituciones que utiliza el chavismo para hostigar la libertad.

En este momento el desbloqueo de la situación política en Venezuela parece casi imposible. La operación Guaidó, que se inició en enero de 2019 con su nombramiento como presidente encargado, ha ido perdiendo fuerza hasta quedar prácticamente anulada, a pesar de haber sido apoyada por una amplia mayoría de la comunidad internacional. Borrell ha apoyado la negociación que Capriles ha llevado a cabo con Maduro para conseguir la liberación de 110 presos políticos. Con la liberación de presos políticos, Maduro ha recurrido al viejo truco utilizado por el régimen castrista en Cuba: cada vez que quiere conseguir algo pone en libertad a algunos encarcelados, presentado el gesto como una concesión. Concede lo que no es suyo: la libertad de unas personas de las que la dictadura se ha apropiado. Maduro ha conseguido una victoria por partida doble: provocar por enésima vez la división de la oposición venezolana, al reforzar la imagen de Capriles como el dirigente posibilista, y presentarse como un líder dispuesto a hacer concesiones. Un Capriles reforzado por Maduro puede argumentar que no se debe cometer el mismo error que en las legislativas de 2005. Entonces la oposición no concurrió a los comicios y Chávez aprovechó la ocasión para avanzar en su proyecto de destruir la democracia venezolana. La oposición parece atrapada en una trampa sin fin.

El fin de la dictadura difícilmente vendrá por medio de la confrontación que solo desean algunos radicales. Estados Unidos con su política de sanciones no ha conseguido nada. La solución debe ser negociada. Eso no se le puede discutir a Borrell. Pero hasta ahora todas las negociaciones, incluidas aquellas en las que ha participado la Iglesia, han sido un engaño. El informe de Naciones Unidas pone de manifiesto que el aplazamiento electoral con algunos retoques no es suficiente. Borrell no puede mandar observadores europeos a las elecciones si no se cumplen, al menos, las exigencias del Grupo de Contacto.