¿Arranca una legislatura o declina un régimen?

Tras el 26J los hechos son los siguientes:

– Solo es posible un Gobierno liderado por el PP.

– Los menos interesados en nuevas elecciones son –por este orden- Ciudadanos y el PSOE, de quienes depende que la investidura de Rajoy sea posible.

– Por lo tanto, la razón indica que Rajoy será presidente.

Pero este silogismo no es claro que sea verificado por la realidad ni sirva para hacer profecías, porque la razón cada vez está menos presente en la vida política nacional. Y esto es lo que más me preocupa. Hasta hace poco y frente a la deseable primacía de la razón, la conversión de la emotividad subjetiva en fuente única de criterio y la perspectiva exclusiva del propio ombligo como lente única de análisis, se circunscribían –aunque de manera preocupante- a regiones periféricas de la política española: el nacionalismo en ciertas regiones, los movimientos antisistema, las posturas corporativistas de sindicatos y partidos… y fenómenos similares graves pero no sistémicos.

Lo que estamos viendo desde diciembre de 2015 indica que la sustitución de la razón por la emotividad y el egoísmo asesino va extendiéndose por todas las instituciones y rendijas del sistema constitucional español de forma preocupante. Hoy en España los partidos políticos actúan no como parte del sistema constitucional partidista sino como enemigos; esto es incompatible con una democracia de partidos que se basa en la pacífica institucionalización de la discrepancia en el proyecto común, pero que resulta incompatible con una dinámica de exclusión del otro como si de un enemigo se tratase. En una democracia sana, el otro -los otros partidos- no son el enemigo, sino el partenaire que hace posible el sistema democrático. Ya no es así en nuestros días, como acredita lo que está sucediendo desde diciembre pasado para formar Gobierno. Y este vicio -letal para la democracia- se manifiesta tanto en los viejos partidos como en los nuevos, más incluso en éstos que en los primeros; es decir, es ya un vicio sistémico.

Además, otros fenómenos muy preocupantes se extienden como virus mortífero por nuestra geografía político-institucional sin suscitar tanta atención como la incapacidad de los partidos para investir gobierno: las leyes autonómicas que imponen coactivamente la ideología de género con ribetes totalitarios y sin especial resistencia social, la politización de la justicia que está adquiriendo tintes dramáticos, la desobediencia sistemática a las sentencias judiciales incluso por determinados poderes del Estado, la utilización de la policía judicial como arma periodístico-política para incidir en la vida pública y destruir honores y famas, la politización de la Agencia Tributaria y el uso de la información que atesora para las luchas partidistas, la dependencia económica de los medios de comunicación de poderes fácticos económicos y políticos que limitan de hecho la libertad de expresión e información sin las cuales la democracia es imposible, la destrucción creciente de la familia que deja en desamparo progresivo a niños, mujeres y ancianos, etc.

España tiene un problema. Y no es solo la incapacidad del Parlamento para designar un presidente del gobierno. Y este problema no se verá aliviado si llega a designarse un presidente por meras componendas de intereses personales y corporativos de una minoría que decide solo mirándose el ombligo del interés egoísta.

¿Alguien piensa en el bien común, es decir, en el bien moral del conjunto de la población?