Andalucía: enseñanza concertada y elecciones autonómicas

Este 22 de marzo, Andalucía se convierte en protagonista por ser la primera Comunidad Autónoma en la que se celebran elecciones este año. Y, aunque ciertamente sus resultados no serán extrapolables a lo que pueda pasar en unos meses en el resto del Estado, todo apunta a que será un ensayo a tener en cuenta para el dibujo del mapa político, tras la llamada a las urnas de los ciudadanos el próximo 22 de mayo. Según las encuestas, no habrá mayorías absolutas y los pactos, de existir, podrían ser distintos a los que hasta ahora han venido siendo los habituales.

Para los que la educación es importante, y además es una cuestión clave que puede determinar el voto, analizar lo que ocurra en esta convocatoria electoral es fundamental, ya que de ella se pueden derivar consecuencias con repercusión directa en el sector, que afectan especialmente a los centros de educación concertada y, en definitiva, a la libertad de enseñanza. Por eso, no está de más leerse detenidamente los programas electorales de los distintos partidos, incluidos los de las nuevas formaciones a las que las encuestas otorgan un lugar en el parlamento andaluz, para conocer más detalladamente su propuesta en política educativa.

En pocas líneas, éstas serían las principales propuestas en materia de enseñanza concertada que desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza FSIE hemos hecho llegar a todos los partidos con posible representación en la cámara andaluza y que estamos dispuestos a defender frente al gobierno que se forme.

Sobre el eje principal de la necesidad de alcanzar un Pacto Educativo, como garantía de estabilidad en el sistema educativo andaluz, integrando dentro del mismo a todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya sean de titularidad pública o iniciativa social, los objetivos fundamentales pasan por:

1. Elevar la calidad del sistema y reducir el fracaso y el abandono escolares.

2. Planificar la oferta educativa en función de la demanda de los padres, que tienen derecho a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, facilitando, en su caso, el aumento de unidades concertadas y la creación de nuevos centros de iniciativa social.

3. Convertir en una realidad la complementariedad de las redes pública y concertada, con una adecuada financiación de ambas y un trato equitativo por parte de las administraciones públicas.

4. Reconocer y dignificar la labor de todo el profesorado, personal complementario y el personal de administración y servicios, con independencia del tipo de centro en el que trabajen.

5. Lograr la gratuidad en los centros concertados de los mismos niveles que ya lo son en los centros públicos: nivel de 0-3 años y Bachillerato.

No podemos olvidar que Andalucía ha tenido desde 1978 un gobierno del Partido Socialista (PSOE), a pesar de haber contado hasta hace unas semanas con Izquierda Unida (IU) en esta última legislatura, y el resultado de sus políticas educativas se traduce en una reducción progresiva de la enseñanza concertada que representa hoy un escaso 18% del sistema educativo. Esto evidencia que no se ha respetado la libre elección de los padres derivando a miles de familias a los centros públicos, mientras se han cerrado unidades y colegios concertados, e impedido el crecimiento de los mismos.

En relación a los profesores de la enseñanza concertada, se puede decir que existen experiencias de todo tipo. En el lado positivo, hay que señalar que se ha avanzado en la equiparación salarial obligada por la Ley y, en ocasiones, se ha tenido cierta consideración con el profesorado de centros concertados. Sin embargo, no podemos obviar cuestiones tan negativas como la aplicación de recortes más duros que en la enseñanza pública, en los que se ha dejado de abonar salarios conseguidos después de 25 años de trabajo e incluso se han aprobado Leyes de Presupuestos, como la de este último año, en las que expresamente se anulaban los acuerdos de equiparación con la pública. Sin duda, una decisión injusta y discriminatoria que se ha tenido que rectificar por la presión de algunas organizaciones sindicales con las que se ha firmado un acuerdo para reparar el daño causado.

El PSOE sigue apostando para la siguiente legislatura por la enseñanza pública, considerando absolutamente subsidiaria a la enseñanza concertada y, lo peor es que parece que no hay la más mínima intención de organizar la oferta educativa en función de la demanda de las familias. Desde la formación seguirán construyendo colegios públicos y cerrando concertados, sin que exista iniciativa ni voluntad para mejorar la situación del profesorado y del personal de administración y servicios.

IU, socio de los socialistas en estos últimos años, tiene claro que los conciertos deben desaparecer progresivamente y lanza el “caramelo envenenado” de hacerlo a cambio de una paulatina integración de los centros privados y de su profesorado en la red pública. Es decir, su modelo educativo es una escuela pública única y laica, sin que los padres tengan ningún derecho a elegir la educación de sus hijos, como por otra parte defiende la Constitución.

El Partido Popular (PP), que a pesar de ganar en votos las elecciones pasadas no pudo gobernar, sí contempla de forma expresa en su programa al profesorado de la enseñanza concertada, al que hace referencia con temas relacionados con la equiparación salarial con la pública o la formación. Manifiesta que promoverá la gratuidad del Bachillerato y que evitará la reducción de unidades concertadas, teniendo en cuenta la demanda de este tipo de enseñanza por parte de los padres. Las encuestas lo sitúan como segunda o tercera fuerza más votada en esta ocasión, y su programa presenta un problema: su credibilidad, que lógicamente descansa en la que cada uno quiera otorgarle. Indudablemente, algunas de estas cuestiones podrían haberse resuelto ya en la LOMCE, pero no se ha hecho, y en algunas Comunidades Autónomas gobernadas por los populares tampoco se han abordado. Parece claro que de la declaración de intenciones a los hechos hay una distancia, y la actuación del actual Ministerio de Educación no hace sino pintar el panorama más negro.

Y referidas las formaciones más consolidadas en el panorama político, no podemos perder de vista a tres partidos que aparecen con fuerza en este nuevo mapa: Podemos, UPyD y Ciudadanos.

El fenómeno Podemos, que parece que cobra día a día más fuerza, firma una fuerte apuesta por la enseñanza pública, única y laica, y todas las medidas que propone son para los centros y profesorado de la enseñanza pública. La omisión total en su programa de cualquier referencia a la enseñanza concertada o la elección de centro es, en realidad, la reafirmación de las declaraciones de sus máximos dirigentes a favor de eliminar los conciertos educativos para extender la enseñanza pública y única para todos.

Se puede decir que UPyD es la única formación política que reclama la devolución de las competencias en materia de educación al Estado, desligándolas de las Comunidades Autónomas. El partido apuesta por una enseñanza pública, que debe expandirse, y defiende la laicidad en la escuela pública y en los centros privados sostenidos con fondos públicos. No existe propuesta alguna referida a la enseñanza concertada, la libertad de enseñanza o la libre elección de centro. De hecho, su programa nacional recoge un punto sobre el “desarrollo y mejora de la red de centros públicos, a fin de que la prestación del servicio público deje de depender de conciertos con entidades privadas”.

Cerraremos este capítulo con Ciudadanos, formación a la que las últimas encuestas otorgan representación parlamentaria. Según dice, se presentan “defendiendo la escuela concertada como garante de la libertad de enseñanza y la pluralidad del sistema educativo”. Se puede decir que es el único partido que expresamente basa su posición sobre educación en su programa electoral en principios constitucionales: la libertad de enseñanza y la pluralidad. A pesar de ello, su planteamiento de respeto del derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones no parece muy real si tenemos en cuenta que terminan diciendo que apuestan por una escuela pública y laica. A pesar de ello, aseguran que promoverán la oferta privada y la concertación en el nivel 0-3 años, sin detenerse en el Bachillerato, ni aludir a profesores o personal de administración y servicios de los centros concertados.

Esta es, sin duda, una visión rápida y sintética de las propuestas sobre educación de los diferentes partidos, y aunque es difícil identificarse completamente con alguna de ellas, sirva esta reflexión para tener elementos de juicio que puedan llevar a la elección “menos mala”, si se nos permite.

Personalmente, considero que las perspectivas de futuro de la enseñanza concertada en Andalucía siguen siendo preocupantes y, desde mi punto de vista, y reitero que personal, una radicalización de un PSOE en minoría, o un pacto con determinadas opciones políticas, claramente pueden constituir la puntilla de un sector que ya está maltrecho.

Quienes defendemos la libertad de enseñanza, la libre elección y creación de centros, la pluralidad, los derechos constitucionales, los acuerdos internacionales y los derechos de los trabajadores de la enseñanza concertada, lo seguiremos haciendo con firmeza, esté quien esté al frente del gobierno andaluz, porque sinceramente creemos que hoy sigue siendo igual de necesario que en 1978.

Jesús Pueyo Val es secretario general de FSIE