SOCIEDAD: LA POLIS

Administración siglo XXI: el ejemplo británico de la Subsidiariedad

España · PaginasDigital
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4 marzo 2014
En medio de la tormenta geopolítica del daily life que uno va atravesando en estas semanas (sin dejar tregua alguna), leer la entrevista que ha salido en el diario ABC a Francis Maude, Ministro de Presidencia del Reino Unido ha sido como un “¡hágase la luz!” en el contexto de una sociedad global en el que las Administraciones Públicas de nuestro entorno parecen estar en continua redefinición de su papel hoy, a la vista de los continuos embates que el neoliberalismo está sometiendo y al desconcierto derivado de la incapacidad de una visión estatalista que se encierra a toda posibilidad de ponerse de igual a igual con la sociedad civil. El ministro Maude ha hecho buena gala del common sense inglés; lo cual producirá grandes beneficios para todos.

En medio de la tormenta geopolítica del daily life que uno va atravesando en estas semanas (sin dejar tregua alguna), leer la entrevista que ha salido en el diario ABC a Francis Maude, Ministro de Presidencia del Reino Unido ha sido como un “¡hágase la luz!” en el contexto de una sociedad global en el que las Administraciones Públicas de nuestro entorno parecen estar en continua redefinición de su papel hoy, a la vista de los continuos embates que el neoliberalismo está sometiendo y al desconcierto derivado de la incapacidad de una visión estatalista que se encierra a toda posibilidad de ponerse de igual a igual con la sociedad civil. El ministro Maude ha hecho buena gala del common sense inglés; lo cual producirá grandes beneficios para todos.

Ciertamente, es un respiro ver que, desde arriba, empieza a abrirse camino la necesidad de romper la esfera de autocomplacencia y narcisismo en que vivimos muchos que trabajamos en la Función Pública. Y ha tenido que ser nada más y nada menos que un político inglés, cuya máxima ha sido coger el grandísimo toro que es la Administración de hoy por los cuernos: ha lanzado una iniciativa para implantar en la administración pública británica los formatos abiertos (tipo Open Office) con vistas a no depender de los macro-contratos con Microsoft que estaban hipotecando el gasto público. Ha querido también impulsar la administración digital como punta de lanza de un cambio mucho más profundo que lleve a empequeñecer el Estado y empoderar a la sociedad civil. Para el gabinete de David Cameron (al cual Mariano Rajoy envió al subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, para que tomase nota de esta nueva concepción del papel de la administración británica), una Administración moderna implica un Estado y una burocracia más pequeña, en la que puedan encomendarse los servicios públicos a entidades del llamado “tercer sector” (empresas sociales o mutuas independientes de la Administración, en el que una parte de la propiedad de las mismas las tienen los empleados públicos). Sin olvidar el fuerte control al que se están sometiendo los propios departamentos de la administración británica a la hora de hacer inversiones en informática de más de 1,2 millones de libras.

No parece que este propósito decidido sea fruto de otra fórmula neoliberal sino de resituar a los poderes públicos a las competencias que le sean propias, evitando intrusismos en aquellos campos donde la sociedad civil pueda desarrollarse de forma auto-suficiente. Estado redefinido-sociedad civil potente son, pues dos caras de una misma moneda que bien podría subir de valor: potenciar una sociedad en la que cada vez más personas deciden trabajar juntos no sólo para su propio provecho, sino mirando también al bien común es una necesidad imperiosa. Y, en este sentido, los gobiernos y nosotros, los funcionarios, no hemos sido nunca demasiado sensibles a ponernos en la perspectiva de la necesidad real de las personas porque, como bien dice el ministro de Presidencia británico, “los gobiernos han diseñado tradicionalmente los servicios públicos en función de su propia conveniencia.” Conveniencia que nos ha permitido vivir en un gran confort y en un pensamiento burocrático cómplice de justificar nuestra pasividad mental. Bien es verdad que se necesita un cambio radical de mentalidad.

Así se entiende que el gobierno de David Cameron quiera potenciar la administración electrónica, con opciones de acceso asistido, lo que podría liberar muchas capacidades.

Y de España, ¿qué?.

El problema lo tenemos ahora nosotros: en primer lugar, por el rígido modelo de Administración que tenemos: con la proliferación indecente de Cuerpos y Escalas específicos, que obedecían a intereses corporativos y no de servicio al público, la estructura de los Organismos Públicos (no tanto la de los Ministerios como de los Organismos Autónomos y demás Entes del Sector Público administrativo) ha devenido en una proliferación de “cortijos” que obedecían, en la inmensa mayoría, a cooptaciones de carácter familiar, lo que ha llevado a un deterioro muy notable del papel de la Administración Pública española tanto a la hora de elaborar proyectos normativos (demasiados y muchos de ellos, obsoletos por los cambios de la sociedad global) como en la atención al ciudadano. ¿Resulta normal que un responsable político de un organismo público como la Dirección General de Tráfico tenga que desdecirse de su idea tan brillante de “examinarnos a todos” indiscriminadamente?. ¿Es admisible que, en dicho Organismo, médicos profesionales que llevaban años desempeñando funciones de alta dirección como personal laboral sean funcionarizados, con más facilidades que los opositores por turno libre?; es decir, ¿no resulta vergonzoso que se les hagan funcionarios a estos individuos “por la puerta de atrás”?. La realidad es que, desde hace años, estos comportamientos no sólo han puesto en cuestión los principios de igualdad, mérito y capacidad como rectores del acceso a la Función Pública, sino que han dado pie a un corporativismo absolutamente falto de responsabilidad ante la sociedad

Otro problema que tenemos: el fracaso a la hora de implantar la Administración electrónica. Con la Ley 11/2007, de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, y su reglamento de desarrollo, se había dado un paso interesante que podía hacer pensar en una redefinición del papel de las administraciones públicas como proveedores de servicios al ciudadano.. Ha sido, en este sentido, otra oportunidad perdida: una idea que avanzaba en la subsidiariedad se queda descafeinada por una mala aplicación. A falta de datos, no sería demasiado aventurado si dijera que el DNI electrónico o la firma digital no están siendo muy utilizados por nuestros ciudadanos. Ni siquiera entre los funcionarios. Sin embargo, aún tenemos tiempo  para hacerlo bien, y, para eso, hace falta aprender de la experiencia en los países anglosajones.

Y, ¿qué ocurre con nuestro Derecho Administrativo?. Pues que es un modelo excesivamente rígido, muy burocrático, con una falta grande de capacidad para acoplarse a los cambios que se producen en el tráfico jurídico (que ha provocado la teoría del péndulo: externalizaciones a lo bestia y despilfarro en la contratación de personal externo). Ello se debe al hecho de que nos hayan metido hasta los tuétanos la dicotomía esquizofrénica público vs. privado, que, admitámoslo, no obedece más que a intereses de ciertos colectivos sindicales-funcionariales cansados ya de trabajar.

Manos de cirujano…y echarle imaginación.

La contratación pública, el procedimiento administrativo, la potestad sancionadora, la expropiatoria, las subvenciones y ayudas, el procedimiento de elaboración de leyes y disposiciones generales está atufado de una legislación intervencionista asfixiante, que ha paralizado muchas de las iniciativas de los ciudadanos. Yo creo que ya son suficientes 3oo años de Derecho Administrativo a la francesa. La sociedad global nos demanda que abandonemos nuestro monopolio, renunciemos a nuestros privilegios y reduzcamos el tamaño de las Administraciones: tenemos un 44% de coste sobre el PIB (a fecha de 2012). Redimensionemos lo que sea necesario: empecemos por reducir nuestro entramado normativo (que sí es “elefantiásico”, por mucho que Mariano Rajoy lo niegue) y metámonos de una vez con los cortijos administrativos denominados Autonomías y Ayuntamientos (tengamos el coraje de preguntarnos: ¿realmente necesitamos 17 administraciones públicas autonómicas, 8.000 administraciones locales y diputaciones?). Si queremos tener una sociedad adulta, emprendedora y participativa, echémosle imaginación…y comencemos, de una vez por todas, a operar con el bisturí. Sin esto, las cifras que dio el Gobierno en su día de reducción del gasto público se quedará en simples fuegos de bengala.

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