Replantear la relación entre religión y política en Egipto

Mundo · Elisa Ferrero
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29 septiembre 2015
Una vez eliminados de la escena política los Hermanos Musulmanes, Egipto parece ahora dispuesto a dejar caer su hacha sobre los demás partidos islamistas, empezando por los salafitas. De hecho, recientemente se ha lanzado una nueva campaña popular de recogida de firmas para que la Comisión de partidos políticos y las autoridades judiciales prohíban todas las formaciones políticas de base religiosa. 

Una vez eliminados de la escena política los Hermanos Musulmanes, Egipto parece ahora dispuesto a dejar caer su hacha sobre los demás partidos islamistas, empezando por los salafitas. De hecho, recientemente se ha lanzado una nueva campaña popular de recogida de firmas para que la Comisión de partidos políticos y las autoridades judiciales prohíban todas las formaciones políticas de base religiosa. Esta campaña del “No a los partidos religiosos” apela al artículo 74 de la nueva Constitución, que prohíbe cualquier actividad política de base religiosa o que discrimine a los ciudadanos por razón de sexo, origen, credo o procedencia geográfica. La iniciativa está promovida por algunos fundadores de “Tamarrud” (la campaña popular que llevó a la revuelta contra Mohammed Morsi en 2013) y pretende recoger 25 millones de firmas.

En el punto de mira de la nueva campaña se encuentra sobre todo el partido salafita Al-Nour, que se defiende blandiendo igualmente un artículo constitucional, el famoso artículo 2 (que se remonta a los años 80 del siglo pasado), que consagra la sharía como fuente principal de las leyes. Según este artículo, afirma Al-Nour, serían los partidos laicos los que serían inconstitucionales y por tanto, gracias a las ambigüedades y contradicciones que aún afectan a la nueva Constitución, se perfila una dura batalla legal.

Entre tanto, para demostrar que es un partido abierto a todos, Al-Nour ha conseguido implicar en sus listas electorales a algunos coptos que, en desacuerdo con sus propios líderes, quieren por su parte afirmar su libertad política respecto a la Iglesia. Solo que, haciendo esto, estos coptos terminan dando legitimidad al discurso discriminatorio de Al-Nour, que no ha renunciado ni a la exigencia de una aplicación estricta de la sharía, ni a tratar a los cristianos y a las mujeres como ciudadanos de clase B. Esto ha causado la ira del papa Tawadros, que el pasado 1 de agosto dio instrucciones verbales para identificar a todos los coptos que habían entrado e nos partidos salafitas con el objetivo de expulsarles de la Iglesia. Pero con este acto, Tawadros confirma paradójicamente la injerencia eclesiástica que esos coptos disidentes querían contestar entrando en las listas electorales salafitas.

Por último, ha entrado en escena el Gobierno. El Ministerio de Asuntos Religiosos (Awqaf) ha apoyado públicamente la campaña “No a los partidos religiosos”. Además, el 24 de agosto decidió que todos los imanes afiliados al ministerio que concurran a las próximas elecciones parlamentarias no podrán predicar más en la mezquita, para evitar que se aprovechen del púlpito con fines políticos. No solo eso, los imanes que se presenten sin haber pedido permiso antes al ministerio quedarán privados de su función y de todos los demás privilegios. ¿Un movimiento dictado por la sincera voluntad de separar religión y política, o más bien por el deseo de ocultar el ataque a los salafitas bajo la bandera de la “par condijo”? Los salafitas fueron aliados útiles para retirar a los Hermanos Musulmanes del gobierno, pero también son temibles adversarios políticos, teniendo en cuenta que en las elecciones parlamentarias de 2012 obtuvieron el 25% de los escaños.

Sin embargo, es innegable que el papel de la religión en la vida pública hoy se ha vuelto a poner fuertemente en discusión en Egipto. Entre los muchos pequeños signos que sugieren que algo está cambiando, hay un sondeo del Centro Egipcio de Investigaciones sobre la Opinión Pública (Egyptian Center for Public Opinion Research – Baseera) que revela que el 48% de los egipcios rechaza los partidos religiosos, mientras que el 23% está indeciso y el 29% los aprueba. Entre los graduados, el porcentaje de los que rechazan los partidos religiosos sube incluso al 67%, mientras sigue bajo en las zonas rurales del Alto Egipto. Por no hablar de las numerosas campañas contra el ateísmo lanzadas en los últimos meses, que cuando menos indican –si no un aumento de la “pérdida de fe”– una profunda crisis de la relación con la fe tradicional e institucional, sobre todo entre las jóvenes generaciones.

Las elecciones parlamentarias se acercan y el debate sobre los partidos religiosos, y sobre el papel de la religión en la política, se calienta. La necesidad de renovar el discurso religioso siempre se ha hecho notar. ¿Conseguirá la sociedad egipcia aprovechar el momento propicio para reelaborar la relación entre religión y vida público en sentido más democrático?

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