El Parlamento europeo y la expulsión de los gitanos

El texto, que parece más orientado a golpear al Gobierno francés de Sarkozy que a proteger a los gitanos, muestra cómo la izquierda no tiene la misma idea que nosotros sobre la centralidad de la persona en la sociedad. Socialistas y liberales nos han mostrado a todos que no tienen ninguna intención de elaborar esa estrategia europea para los gitanos que tanto han solicitado los gobiernos italiano y francés, y el Grupo Popular Europeo.

Por suerte, dos días antes, la Comisión Europea, con la intervención de la comisaria y vicepresidenta Viviane Reding en el debate celebrado en Estrasburgo, aclaró su posición respecto a este asunto mostrando su preocupación por cómo se estaba instrumentalizando en los debates políticos entre los partidos nacionales. La comisaria despejó todas las dudas al indicar que "sobre todo los estados miembros deben encargarse de mantener el orden público y la seguridad de sus ciudadanos en su territorio nacional. Esto significa que, a pesar de la importancia que tiene el derecho de libre circulación, los estados miembros deben tomar medidas contra los ciudadanos comunitarios que infringen la ley. No puede haber inmunidad bajo el paraguas del principio de libre circulación. En determinadas condiciones, los estados miembros pueden repatriar a ciudadanos comunitarios que han infringido la ley, siempre que queden observados los principios de proporcionalidad y la salvaguardia prevista en la directiva europea sobre libre circulación del año 2004".

La directiva 38 de 2004 es precisamente el signo de que nos encontramos delante de auténticos profesionales de la instrumentalización. El Parlamento europeo aprobó esa directiva con una amplia mayoría, también con el apoyo de estos grupos. Ese texto describe las condiciones con gran claridad. Para poder establecerse en un estado miembro hay que demostrar tener un trabajo o los medios suficientes para vivir adecuadamente, sin gravar el sistema social de ese estado y que por motivos de orden público, de salud pública o de seguridad, todos los estados miembros pueden limitar la libertad de circulación.

Los colegas socialistas y liberales, con la resolución que acaban de aprobar, intentan mostrar el comportamiento del Gobierno francés como antidemocrático. Si esto es cierto, y si es cierto que la Comisión, como ellos dicen, es débil o cómplice de este comportamiento, ¿por qué esta forma de proceder contó con el apoyo de comisarios socialistas y liberales? ¿Por qué estos comisarios no presentan su dimisión y dejan a la Comisión y a los gobiernos toda la responsabilidad?

De otro modo, se trata de hacer propaganda para no afrontar el núcleo del problema: que la persona es el punto central. Y es persona el ciudadano de raza gitana y nuestros pobres también lo son. Porque los problemas de la integración se concentran en los barrios periféricos y recaen sobre los estratos más pobres de la población. Todas estas personas necesitan reglas concretas. ¿Qué se puede esperar y qué pide el Gobierno francés? Sencillamente, que se apliquen las directivas de la Unión Europea que hemos votado y unas reglas que garanticen el futuro de nuestra gente.

Sólo una intervención comunitaria equitativa, que salvaguarde en primer lugar los derechos fundamentales de la minoría gitana y que sea vinculante para todos los países miembros, puede sacarnos de esta fase de peligrosa incertidumbre y poner fin a una situación que puede convertirse en una auténtica emergencia humanitaria.

Publicado en Il Sussidiario