Con la excusa del Covid, Argentina expropia empresas

La semana pasada se celebró en Argentina el “día de la bandera”, que se festeja en la fecha de la muerte de su creador, el general Juan Manuel Belgrano. Pero este año las celebraciones han coincidido con la protesta general por ciertas decisiones del gobierno actual, cuyo presidente Alberto Fernández ya es considerado como mero secretario de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Aprovechando la emergencia sanitaria del Covid-19 (aunque su política ya era bastante clara antes, con decisiones que se mostraron totalmente opuestas a sus promesas electorales) y con un mensaje elaborado con la complicidad de su equipo médico (“o cuarentena o muerte”), se ha instaurado en Argentina un poder totalitario que responde a las lógicas del populismo más extremo, uno de los muchos hijos de la ideología de Rousseau, que al final solo parió dictaduras, “en nombre del pueblo”, se entiende…

De ahí la figura de un presidente que ya no tiene ningún freno lógico en su pensamiento (pues en cuestión de horas cambia de idea) y que sobre todo excluye al parlamento de sus decisiones, basadas en decretos de necesidad y urgencia que encajan perfectamente en el clima de pandemia mundial pero que en Argentina ya ha superado (con 27.476 contagiados, cifra afortunadamente baja) el récord mundial de cuarentena poco inteligente (más de cien días), que ha paralizado el país.

Hace unos días, tras una decisión sorprendente porque solo pocas horas antes, en un encuentro con una asociación de empresarios, había declarado todo lo contrario, Fernández anunció la expropiación de una de las empresas agrícolas históricas y más importantes del país, fundada hace noventa años por inmigrantes italianos, la Vicentin, con sede en la provincia de Santa Fe, empresa que tras entrar en una crisis financiera muy grave pidió un préstamo al Banco Nación que no ha podido devolver aún, lo que la ha llevado técnicamente a la quiebra.

Pero en estos casos suele intervenir un juez para someter a la empresa a una administración controlada para proceder a su venta. Al menos, se hace así en las repúblicas con estado de derecho de facto. Pero en el virreinato argentino, desde hace al menos cuatro décadas es el presidente, violando todas las leyes de Estado, quien organiza una rueda de prensa para anunciar, en un perfecto estilo chavista, la expropiación como acto de salvaguarda de la soberanía alimentaria del país. Es algo así como si un emirato árabe decidiera expropiar una empresa petrolífera para protegerse del peligro de falta de mercado de crudo. Hay que recordar que Argentina es una de las potencias agrícolas mundiales y sus productos básicos permiten alimentar a 450 millones de personas, pero en breve alcanzará el 60% de pobreza, aunque ese es otro tema.

Además, hay que añadir que el 98% de la producción de Vicentin consiste en harina de soja para alimentar pollos y cerdos en China, solo el 1% se dedica al grano y aquí ya se roza el absurdo. Pero si tenemos en cuenta la situación en su conjunto, veremos que Vicentin es titular de bases portuarias en Rosario, ciudad a orillas del río Paraná, cuyas conexiones fluviales son de extrema importancia estratégica, hasta el punto de que se convirtió hace casi veinte años en una de las capitales del tráfico de drogas.

Pero la tendencia totalitaria no solo ha provocado protestas en el importantísimo sector agrícola sino también a nivel nacional, pues a pocos días de este abuso la compañía aérea Latam (una sociedad mixta, chilena y brasileña) anunció que abandonaba Argentina porque ya no logra sobrevivir en un mercado donde lleva años sufriendo una guerra por parte de movimientos políticos ultrakirchneristas y sindicatos (que controlan Aerolíneas Argentinas, en manos del Estado), que con sus acciones unilaterales están eliminando del mercado aéreo, ya duramente sacudido por el Covid-19 (lo que explica por qué los cielos argentinos cerraron hasta septiembre aduciendo lábiles razones sanitarias), a todo el sector low cost para crear un monopolio.

Lo que ya, más que una sensación, se ha transformado en una realidad es que con este paso la iniciativa privada se convertirá en un recuerdo. A pesar de una oposición al gobierno con las manos atadas por el cierre de actividad en las cámaras, la gente ha entendido perfectamente el estribillo y se niega en banda a que este país tan rico acabe como Venezuela. Por eso, en plena cuarentena, la histórica cita del día de la bandera se ha convertido en una protesta masiva que ha llegado a todo el país.

La respuesta del presidente no se ha hecho esperar, asegurando que se trata de ciudadanos confusos. En cambio, las ideas están muy claras y la población (al menos gran parte de ella) ya no puede más con un gobierno manejado por una vicepresidenta de mentalidad totalitaria con 15 procesos abiertos por diversos delitos. Y la guinda del pastel, el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, también con varios procesos abiertos por traición a la patria y brazo derecho de Cristina Kirchner, ha decidido conceder una pensión faraónica al que fuera vicepresidente durante el mandado de Kirchner, Amado Bodou. Actualmente está bajo arresto domiciliario, excarcelado por la pandemia, por una condena de dos años por la expropiación de la empresa tipográfica Ciccone, dedicada a la impresión de billetes.