Ciudad Juárez y el crimen organizado

¿En qué se parecen Chihuahua y Baja California respecto al nivel de violencia criminal y el grado de participación de sus autoridades en la lucha contra el crimen organizado? Es cierto que ambos estados fueron señalados recientemente por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, como dos de las tres entidades más violentas en el país. Sin embargo, hay un mar de diferencias.

No sólo en lo que se refiere a la intensidad y frecuencia de las ejecuciones en los últimos meses y semanas -según el senador chihuahuense Javier Corral Jurado, en Chihuahua se concentran el 42% de las ejecuciones de todo el país-, sino también en cuanto a las víctimas: en Chihuahua son en su mayor parte agentes policiales, hasta el punto de que en la última semana han obligado a renunciar a tres jefes policiales, el más notorio sin duda el director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez. El propio presidente municipal de Juárez está sentenciado a muerte por decapitación. Y para coronar la escalada, el reciente atentado contra el gobernador de ese estado, en el que murió su jefe de escoltas.

En Baja California, aunque los niveles de violencia siguen siendo inaceptables, particularmente en lo que se refiere a delitos que afectan directamente a la población inocente como el secuestro y la extorsión, en las últimas semanas y meses se ha visto una disminución notable en los crímenes de alto impacto y la mayor parte de las ejecuciones son entre miembros de bandas rivales, al mismo tiempo que se han empezado a tomar medidas drásticas en la operación limpieza dentro de los cuerpos policiales.

Según la evaluación que dio a los medios el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, con ocasión del Día del Ejército el 19 de febrero, en 2008 los resultados de la lucha contra el crimen organizado en el estado superaron en un 300 por ciento a los del 2007, y los de enero y febrero recientes fueron 200 por ciento más elevados que los del mismo periodo del año anterior.

Las acciones -en estrecha colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales- incluyen el aseguramiento de más de de cinco toneladas de droga, incluidas cocaína, heroína y marihuana, así como la detención de 110 miembros del crimen organizado y la incautación de 209 armas de grueso calibre, sólo en lo que va de 2009.

Y lo más importante, dijo el general Duarte, el apoyo y colaboración de la población civil -entre la cual las Fuerzas Armadas cuentan con un 90% de aceptación y confianza-, a través de dos formas de participación activa: la denuncia ciudadana anónima, que ha sido decisiva para el éxito de las operaciones; y la entrega masiva de armas, que le permitió al Ejército y a las autoridades estatales y municipales captar más de 2.000 armas en 2008, además de las 875 incautadas al crimen organizado.

El otro aspecto decisivo es la colaboración de los gobiernos locales con el Ejército y las fuerzas públicas federales. Sobre la actitud del Gobierno de Chihuahua al respecto, el senador Corral en su columna de esta semana en El Universal dice: "Lo que hay a la vista es una autoridad estatal que ha permanecido mucho más como espectadora del problema que como partícipe en la solución. En Chihuahua, el operativo conjunto ha visto evadirse de su responsabilidad, no en pocas ocasiones, al Gobierno del estado. Aún no se conoce una acción de depuración en el interior de la Procuraduría, como la Operación Limpieza que se lleva a cabo en el ámbito federal. En cuanto sucede un hecho de proporciones considerables, el gobernador pide revisar la estrategia gubernamental antinarco y lanza toda la responsabilidad al nivel federal. Ha sido omiso, jugando un papel más de crítico que de colaborador, y cuando puede saca tajada político-partidista del tema".

Una actitud muy común en los estados gobernados por el PRI. Tanto, que varios columnistas comentan el reclamo directo y severo que hiciera el presidente Felipe Calderón a los gobernadores de ese partido y a sus principales dirigentes y coordinadores parlamentarios en una comida en Los Pinos el 17 de febrero. Según lo recoge la columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto en El Universal, ahí estuvieron Enrique Peña Nieto, Humberto Moreira, Fidel Herrera, Natividad González, Mario Marín y el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza.

"Algunos gobernadores", habría dicho el presidente, "no están haciendo su parte en esta guerra y prefieren desentenderse de la gravedad del problema". El de Coahuila se inconformó y reclamó al presidente que no recibían el apoyo suficiente para encarar a tan poderoso enemigo. A lo que el presidente, al límite de su paciencia, volvió a contestar que el Ejército está molesto, que la situación es muy grave y que no pueden escatimar apoyo.

Más aún, el mismo autor en un segundo artículo al respecto dice: "El propio Gobierno calderonista tiene información de inteligencia militar que apunta a una lista de ocho gobernadores involucrados en diversos grados con el narco. Desde los que recibieron financiación en sus campañas, o los que la reciben actualmente, hasta los que han ‘pactado' o ‘negociado' con los cárteles que operan en sus estados para darles libertad de acción y no meterse en sus actividades".

El presidente nacional del PAN señala que los gobiernos priístas -tanto los federales durante varias décadas como los de los estados que actualmente gobiernan-no han hecho su parte en la guerra al crimen. El secretario general del PRI le contesta que son estupideces, que el problema fue a partir de Fox. El secretario de Gobernación reconoce que también en el sexenio pasado hubo omisión y negligencia. El Día de la Bandera el presidente Calderón reafirma que pondrá punto final al poder del crimen organizado, que se implantó en México "al amparo de un largo tiempo de impunidad e incluso de complicidad".