A los mandos de un barco que Wert deja a la deriva, ¿misión imposible?

De noche y con una breve nota de prensa. Así anunciaba Mariano Rajoy la designación de Íñigo Méndez de Vigo como nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte en sustitución del huido José Ignacio Wert.

Wert, que ha seguido los pasos de la exsecretaria de Estado de Educación Montserrat Gomendio, deja una nave al borde del naufragio y abandona a su suerte al sistema educativo, la cultura y el deporte. Mientras se instalan en París bien recompensados, por la que ya es la peor gestión de un ministro y una secretaria de Estado en la cartera de Educación en toda la democracia.

No analizaremos lo que corresponde a Cultura y Deporte, que sin duda daría para un artículo particular, pero sí abordamos los retos que el nuevo ministro tiene que afrontar en materia de Educación. De entrada, a Íñigo Méndez de Vigo hay que reconocerle su valor, puesto que los problemas que asume son de difícil reparación, y si a eso añadimos que el plazo con el que cuenta para solventarlos parece que se limita a la fecha de las próximas elecciones generales, la misión se antoja “simplemente imposible”.

Méndez de Vigo ha entrado en un Ministerio arrasado por los anteriores inquilinos, un barco del que se han apeado en estos tres años incontables personas. Su tarea será rodearse de una buena tripulación que se responsabilice del funcionamiento de la nave, ya que si el motor no recupera potencia y el timón no es firme en la dirección señalada, todo hace pensar que el hundimiento es inevitable. En este sentido, el nombramiento de Marcial Marín como secretario de Estado de Educación es un acierto, ya que es un “piloto” con experiencia en el sector, que sabe cómo se ha gestado la LOMCE y los problemas que tiene. Además, Marín ha sido consejero de Educación en Castilla-La Mancha con una gestión más que aceptable al frente del departamento, lo que es un aval del que carecía su antecesora en el cargo y así nos ha ido.

La herencia envenenada que recibe el ministro es una ley que no ha contado desde su gestación con apoyos ni de la comunidad educativa, ni de las comunidades autónomas, incluidas algunas de las gobernadas por el Partido Popular (PP), y que ha carecido del beneplácito de destacados nombres del PP expertos en materia educativa. De hecho, la LOMCE podría tener los días contados. Su grado de inaplicación y desobediencia por parte de las autonomías no se había dado hasta ahora en nuestro país con ninguna otra norma. Son numerosas las propuestas de paralización antes de que empiece el curso nacidas de los nuevos pactos de gobierno tras los comicios de mayo, a lo que se suma el desconcierto de los centros, del profesorado, de las familias y de los alumnos, lo que convierte en patética la situación. Méndez de Vigo tendrá que reunir a la Conferencia Sectorial para tratar de lograr acuerdos con las comunidades que impidan que se cumpla la previsión del inicio de curso más problemático e incierto desde la LODE.

Es poco probable que a estas alturas el PP acepte una paralización de la LOMCE, lo que supondría reconocer abiertamente su debilidad. Y esta premisa supone que el ministro tendrá que ser firme en la defensa de la ley, mantener la necesidad de aplicar la legalidad vigente en todas las autonomías, sin cerrar la puerta a un diálogo sincero con todos los consejeros de Educación y procurar así alcanzar un consenso que se traduzca en un comienzo de curso tranquilo y apuntalado en la estabilidad, lo que no será posible si no transmite inmediatamente su disposición a negociar la norma y a modificar aspectos de la misma.

Esta actitud es la única que abriría la puerta a la esperanza para que, en caso de que el PP no repitiera al frente del Ejecutivo central, no se produzca una derogación automática de la ley sin que exista una alternativa construida y consensuada por una amplia mayoría social y política. En manos de los gobiernos autonómicos está la oportunidad de recoger el guante o rechazar el ofrecimiento, lo que sería una forma de dejar patente que no hay por su parte intención de solucionar los problemas del sistema educativo, sino un claro objetivo político de ganar las próximas elecciones, aunque el precio sea muy alto y lo paguen alumnos, profesionales y familias.

Y en este camino, Méndez de Vigo tendrá que sentarse con la comunidad educativa, y especialmente con los legítimos representantes del profesorado, ya que ninguna reforma educativa puede salir bien si no hay implicación del profesorado, y la LOMCE es prueba de ello. Son muchos los detalles, pero baste mencionar un ejemplo para dejar patente el desprecio hacia el profesorado con el que ha actuado el Ministerio hasta ahora comandado por Wert: la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada no ha sido convocada ni una sola vez en todo el mandato de Don José Ignacio. Sólo cabe decir que quien desprecia el diálogo y a la sociedad civil puede acabar en París, pero con la peor valoración obtenida jamás por un ministro y con la seguridad de haber contribuido de forma decisiva a la derrota electoral del partido que lo ha apoyado.

El nuevo ministro debe convocar urgentemente a las Mesas Sectoriales de la Enseñanza Pública y la Enseñanza Concertada, y comenzar por mantener un serio, eficaz y efectivo diálogo sobre los problemas que ha generado la LOMCE y sus posibles soluciones. Debe ser el impulsor de una decidida política que restituya al profesorado y al sistema educativo en su conjunto a la situación anterior a los recortes sufridos e iniciar una sustancial mejora de la profesión a través de una futura Ley de la Función Docente para todos los profesionales. No hay que ser adivino para pensar que si no encuentra la forma de hacerlo, volverán las movilizaciones, las protestas y la indignación del profesorado que incrementará su oposición a la LOMCE y por ende al PP.

Y en lo que se refiere a la Universidad, el ministro también tendrá que recuperar la confianza de los rectores, debatir con ellos las últimas medidas adoptadas por su antecesor y modificar aquellos aspectos necesarios para conseguir mejorar la calidad y la gestión eficaz de nuestras universidades. El polémico 3+2, la financiación y la política de becas pueden ser algunos de los temas más duros a afrontar.

Los frentes abiertos son suficientes como para que Méndez de Vigo borre de su agenda una fecha que limite su gestión, pensando en que pueden ser tan sólo unos meses. Si solo piensa a corto plazo, el caos será aún mayor que el ya existente. Tampoco puede pensar, ni él ni nadie, que todo lo que hay que cambiar se puede hacer en unas cuantas semanas, por eso, acompañando a las medidas que considere oportuno tomar en este periodo, sería bienvenido un programa de aspectos a debatir, así como fomentar un verdadero diálogo con la comunidad educativa que permita acordar mejoras que puedan ser apoyadas por una mayoría de la misma. Y en este titánico esfuerzo, es el momento de hacer gala de toda la experiencia acumulada en sus años de acción política en Europa, dejando ver sus mejores cualidades y aptitudes para lograr ese diálogo y ese debate tan necesarios.

No podemos sino desearle que junto con su equipo supere la tormenta que supone esta situación y que a priori plantea una misión imposible para un barco que durante tanto tiempo ha vagado sin rumbo. Ojalá lo consiga, sobre todo por el bien del sistema educativo y el futuro de nuestra sociedad.