Universitas apela a la razón, es lo propio de la Universidad

Yo no creo que haya un pacto de indiferencia, sino más bien una situación de indiferencia que se gesta en una dinámica acumulativa de apartamiento de los universitarios con respecto a los problemas de la sociedad. En ello ha influido mucho la promoción que, en la Universidad Complutense, se ha realizado desde el rectorado y algunos decanatos de grupúsculos radicales. Éstos se apoyan en acciones violentas (principalmente ejerciendo una violencia simbólica) para hacer dominantes sus postulados y propuestas. Es esa violencia la que genera el desistimiento de la mayoría de los profesores y estudiantes. Y es esa violencia la que no hay que tolerar para que pueda recuperarse el espacio de debate y discusión racional de los problemas sociales que es propio de la Universidad.

Los derechos fundamentales se pueden tutelar en las universidades de la misma manera que en el resto de la sociedad. Deben reclamarse las acciones judiciales pertinentes en los casos de violencia. Señalo al respecto que las acciones disciplinarias de carácter administrativo son, en este momento, inviables puesto que el reglamento disciplinario de 1954 es inconstitucional (como han puesto de manifiesto varias sentencias de los tribunales) y, de momento, el Ministerio de Educación no ha promulgado otro (se trata de una competencia del Estado, por lo que no caben reglamentos propios de las universidades). Pero más allá de esto, lo relevante sería que ni los rectores ni los decanos se dediquen a promocionar a los grupos radicales que se manifiestan violentamente (incluso si esa violencia es sólo simbólica). No digo que las asociaciones de estudiantes o docentes que propugnan ideas de extrema izquierda no tengan espacio en las universidades, lo que digo es que las autoridades académicas deben excluir de cualquier tipo de ayudas (e incluso de su reconocimiento por la institución académica) a las que hagan de la violencia su técnica de comunicación.

Mikel Buesa, catedrático de Economía