Zapatero, a examen en el Meeting de Rímini

Han transcurrido seis meses desde la segunda victoria de Zapatero en las elecciones. En este período la economía española se ha deteriorado de forma muy aguda: según los organismos internacionales el próximo año será el país con más tasa de paro de la OCDE. Nos acercamos a una situación de recesión técnica y sin embargo tenemos las mayores tasas de inflación de la Unión Europea. La crisis económica está poniendo de manifiesto una profunda crisis cultural, una falta de iniciativa social y un estatalismo que agrava la situación. Todo esto explica, en gran medida, que según las últimas encuestas Zapatero haya perdido toda su ventaja sobre el principal partido de la oposición. Pero en este período no se han producido medidas relevantes para hacer frente a la crisis, la prioridad sigue siendo una revolución nihilista que en al plano político ha puesto a España en la vanguardia de la experimentación con lo humano, de su destrucción.

Paradójicamente este tipo de política constituye una ocasión, quizás como nunca se ha producido en nuestro país desde el franquismo, para que la sociedad civil ejerza la libertad, una ocasión para que los cristianos sean libres. El zapaterismo que entra en su segunda legislatura hace más evidente y más necesaria que nunca una de las afirmaciones de Benedicto XVI en la Spe Salvi: "El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral, nunca puede garantizarse sólo a través de las estructuras, por muy válidas que sean (…). La libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez". Ocasión pues para la construcción de una laicidad positiva, no sólo jurídica.  

Han transcurrido más de 30 años desde el final del franquismo pero sigue siendo una referencia para entender el presente de nuestro país. En los últimos años se ha abierto una interesante línea de investigación que ha hecho aportaciones relevantes para revisar la historiografía dominante sobre la dictadura. El franquismo salvó a España sólo del estalinismo, pero desarrolló un estatalismo paternalista del que la Iglesia no siempre supo distanciarse. Como dice muy gráficamente el historiador José Andrés Gallego, en "España un político de la dictadura de Franco inequívocamente católico podía comentar con seguridad de conciencia en el 65 que había que optar entre que la gente comulgase o fuera libre, y que le parecía mejor lo primero". La Iglesia rompe con ese miedo a la libertad, pero en la sociedad española permanece cierta tendencia a la pasividad cívica. "Las clases políticas del franquismo (…) a lo largo de cuarenta complicados años acostumbraron a la sociedad a la pasividad respecto a la cosa pública (…) -explica el sociólogo Víctor Pérez Diaz- pero cabe añadir, y aquí viene nuestro problema, que las clases políticas de la democracia lo que han hecho y están haciendo es acostumbrarse a vivir dando por descontado nuestra pasividad cívica".

Lo mejor de nuestra Transición a la democracia es que consiguió superar el trágico enfrentamiento entre los españoles de los años 30. Nos dimos una Constitución, que desde el punto de vista jurídico da soporte para superar la pasividad social, define los derechos fundamentales teniendo en cuenta la tradición occidental y tutela efectivamente las libertades religiosas y de educación. El pacto de la Transición creó una unidad en cuestiones esenciales, en certezas sociales sobre determinadas cuestiones que la derecha, el centro, la izquierda socialdemócrata y también los comunistas estaban dispuestos a sostener. La Constitución del 78, y en especial el artículo 16, ha permitido que hasta los gobiernos de Zapatero España haya sido verdaderamente laica porque no ha sido laicista, porque se ha alejado del modelo francés. La colaboración del Estado con la Iglesia, a pesar de las tensiones lógicas, se mantuvo durante los gobiernos socialistas de Felipe González porque no se negaba ni de modo teórico ni de modo práctico la aportación que la Iglesia hacía a la vida social y a la democracia. El gran error de nuestra Transición, por el contrario, fue no definir con precisión el modelo territorial del Estado que nos ha dejado a merced del chantaje de los partidos nacionalistas.

Con razón políticos como Mayor Oreja, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, señalan que la llegada de Zapatero al Gobierno supone una segunda Transición. Utilizando y profundizando el error de la primera Transición, el poder dado a los partidos nacionalistas, su Gobierno reabre las heridas del pasado con una Ley de Memoria Histórica sobre la Guerra Civil y pone en cuestión las evidencias que habían hecho posible cierta unidad social. Zapatero inventa una nueva izquierda: tras el estatalismo franquista, tras el estatalismo de la izquierda de siempre, pretende hacer del desarrollo de nuevos derechos su bandera.

Para entender su proyecto, estos nuevos derechos, que inevitablemente pierden universalidad porque no aspiran ni reconocen fundamento objetivo,  son especialmente actuales para España otras afirmaciones que hacía  Giussani, éstas en la Asamblea de la Democracia Cristiana en Assago (1987): "si el poder mira sólo a sus propios objetivos, necesita entonces gobernar los deseos del hombre. El deseo es, de hecho, el emblema de la libertad (…) mientras que el problema del poder (entendido como fuente de todo derecho) es asegurarse el máximo consenso posible de unas masas cada vez más determinadas en sus exigencias. Así los deseos del hombre, y por tanto sus valores, se ven esencialmente reducidos. Se persigue sistemáticamente una reducción de los deseos del hombre". Zapatero reduce el deseo subjetivizándolo, con un antropología no hecha explícita en la que el deseo no está ligado al bien, a la verdad y la belleza.

Zapatero, de hecho, critica que la izquierda tradicional haya hablado mucho de economía y de cuestiones colectivas. Sus energías están puestas en lo que él mismo denomina, en una entrevista que le hace Flores d´Arcais (revista Micromega), "la ampliación de los derechos civiles". Ampliación basada en el presupuesto de que, como dijo en la Escuela de Verano de las Juventudes Socialistas en 2005, "no es la verdad la que nos hace libres sino la libertad la que nos hace verdaderos". Es el deseo, sí, pero entendido sólo como una referencia subjetivista, el que se convierte en fuente de la nueva generación de derechos, entre los que están el matrimonio entre personas del mismo sexo, la clonación humana y el divorcio rápido. Es una invasión del Estado que ha pretendido definir, por vía práctica, una nueva antropología. El Gobierno de Zapatero ha sido especialmente incisivo en las políticas culturales, en el  núcleo  de las cuestiones educativas, en todo aquello que tiene que ver más directamente con la concepción del hombre. 

Esta base nihilista del proyecto radical de ZP no explica sólo las políticas en materia de familia, bioética, educación y libertad religiosa, sino que está en el fondo de su aventura del pacto con ETA. Los primeros pasos de la segunda legislatura van en la misma dirección. Sus prioridades son ahora una modificación de la regulación del aborto, de la eutanasia y de la libertad religiosa, que de hecho va a suponer un intento de reducir las expresiones públicas de la fe. Se materializa así lo que sostenía uno de los autores que más han influido en Zapatero, Peces Barba, que en su reciente obra La España civil afirma: "la España constitucional tiene como obstáculo para su desarrollo la Iglesia, entendida como institución, porque no acepta plenamente lo que significa la democracia". Todo esto se produce con especial subrayado en el impulso de la ideología de género. En el 37 Congreso del PSOE, celebrado en el mes de julio, Zapatero ha escenificado cómo el PSOE deja de ser un partido socialdemócrata y se convierte en un partido radical. "Es pues este Congreso una ocasión para ensanchar derechos", dijo en su intervención de conclusión. Tras ese Congreso el aborto se convierte en un derecho. Se produce así una modificación sustancial de lo que contenía el programa electoral con el que los socialistas concurrieron a las elecciones del 9 de marzo.

Especialmente relevante es el ataque a la libertad de educación. La situación en España es de auténtica emergencia educativa. Uno de cada tres escolares españoles no acaba la enseñanza obligatoria, nuestra tasa de fracaso escolar es del 30 por ciento, mientras que la tasa de nuestro entorno es del 12 por ciento. Sólo Turquía, México y Brasil ofrecen peores resultados. Repite curso el 28,6 por ciento de los escolares, mientras que en nuestro entorno repite el 13 por ciento. Los niveles de conocimiento son muy bajos y, según el ranking del Times Higher Education Supplement, de las 200 mejores universidades del mundo sólo una es española. Frente a esta situación de "emergencia educativa", el gran esfuerzo con el que nos hemos encontrado ha sido una asignatura, la de Educación para la Ciudadanía, que quiere imponer una nueva moral de Estado, atentado contra la auténtica laicidad definida en el artículo 16 de la Constitución (colaboración del Estado con las confesiones religiosas). 

Este proceso de exaltación de un individuo sin referencias objetivas ha estado unido a un incremento del estatalismo que incluso se puede medir en términos económicos. En 2006 el peso del sector público en nuestro país superó el 40 por ciento del PIB, estamos todavía por debajo de la media de la UE. Pero lo llamativo es que en los dos primeros años de la legislatura pasada, la presencia del sector público en la economía, en términos de ingresos, aumentara en dos puntos, o sea, mucho. El crecimiento lo permitía, se recaudaba mucho más. Pero también es muy llamativo que en términos de gasto, mientras en la Eurozona disminuía el peso del sector público, en España también aumentaba. Siempre habrá quien argumente que todavía estamos lejos de la media europea, pero lo cierto es que aumenta la estatalización de nuestra economía. Esto supone, en este momento de crisis, más deuda en un país de los más endeudados del mundo (tenemos un déficit comercial del 10 por ciento del PIB). Y supone, para la vida social española, menos libertad para la creatividad y la flexibilidad que necesitamos en tiempos de crisis.

La reforma de los estatutos de autonomía de los últimos cuatro años ha adelgazado aún más las competencias de la Administración General del Estado. La mayor parte del presupuesto y de las políticas las ejecutan los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Pero la subsidiariedad vertical no ha incrementado la subsidiariedad horizontal. Ha surgido un estatalismo de nuevo cuño. El Informe Anual 2007 sobre Libertad Económica en el Mundo (Instituto Cato de EEUU e Instituto Fraser de Canadá) refleja que España ha perdido 14 puestos del ranking (del 30 al 44,  sobre un total de 141). También el Índice de Libertad Económica elaborado por The Heritage Foundation constataba un empeoramiento de la situación en nuestro país durante 2005.

Esta situación provocó durante la primera legislatura una importante movilización social hasta ahora inédita en España. Las manifestaciones durante el mal llamado proceso de paz marcaron considerablemente la actuación del Gobierno en la negociación con ETA. Las protestas contra  el matrimonio entre personas del mismo sexo han provocado importantes protestas. Fue esa reforma la que generó la Iniciativa Legislativa Popular (proyecto de ley que tiene su origen en los ciudadanos y no en los partidos) más apoyada de la historia de la democracia (1,5 millones de firmas). La batalla contra la reforma educativa que sacó a cientos de miles de padres a la calle ha servido para aumentar en cierta parte de la sociedad la estima por la enseñanza de iniciativa social (en algunas Comunidades Autónomas representa más del 40 por ciento), que empieza a ser más percibida como una expresión de libertad que como una alternativa sólo interesante por la calidad y la disciplina. Pero esta movilización tiene evidentes limitaciones. 

Según la Encuesta Social Europea, los españoles son los europeos que más reniegan de la política y los que más se manifiestan en la calle. El 17,8 por ciento de los españoles dijo haber participado en una concentración en el último año. Demasiada manifestación y no quizás suficientes respuestas sostenidas en el tiempo con capacidad de construir. La energía despertada por Zapatero no siempre está a salvo de una actitud reactiva, que sueña con  recuperar una hegemonía sociológica a través de la política. La segunda victoria de Zapatero y la reacción del PP, el principal partido de la oposición, ha puesto de manifiesto hasta qué punto no se puede esperar de la política el cambio que más necesita la sociedad española. En la primera legislatura de Zapatero todavía podía alimentarse una ambigüedad poco sana. Se vivía, en gran medida, del espejismo de una "mayoría silenciosa" que, de un modo u otro, confiesa un catolicismo "natural", de valores, y que tiene "derecho" a contar con un peso político proporcionado. Esa mayoría silenciosa debería, si no conseguir un cambio de Gobierno, al menos condicionar "la agenda" del principal partido de la oposición. En realidad es una lógica de poder que no hace las cuentas con la realidad. Tanto si consigue algún día éxito, que no parece inminente, como en el actual fracaso distrae de la verdadera  tarea. 

Una respuesta adecuada, sobre todo por parte de los católicos, tiene que reconocer el verdadero reto ante el que nos encontramos. Estamos ante el final del proceso que describía Giussani, en el verano del 97, cuando decía: "el naciente Estado moderno se percató desde el comienzo de que necesitaba crear una mentalidad distinta de la de la Iglesia (…). Para ello el Estado trató de entrar directamente en el proceso de educación y en la escuela". "Al percibir la actitud refractaria de la Iglesia a su pretensión, (el Estado) trató de golpear a las instituciones, funciones sociales y asociaciones que encarnaban el contenido propio del mensaje de la Iglesia".

Es fácil reconocer en esas frases una descripción de lo que está sucediendo en España. Se puede volver a repetir el error que a menudo ha cometido la Iglesia desde la Revolución Francesa: hacerse fuerte en el terreno ético, instalarse en la patria de los valores. El relato de Giussani sobre el proceso de secularización parece hecho hoy: "mientras se iba endureciendo el Estado y la sociedad, todas las arterias y las venas de la humanidad ya estaban llenas de aversión a la fe en una religión revelada". Entonces se intentó defender a la Iglesia subrayando la ética, el último punto de resistencia, defendiendo lo que hoy denominaríamos "valores innegociables". Pero el "refugio ético" se convirtió y puede convertirse, ahora que la ofensiva es más cruda, en una ratonera. "Los hombres de Iglesia -afirmaba Giussani- se sentían traspasados por el temor y el temblor ante la incomprensión que la mentalidad común (…) estaba desarrollando contra la mentalidad cristiana. Por eso se limitaron a la defensa de aquello que los demás podían comprender, que incluso los adversarios tenían que admitir: las virtudes fundamentales, la ética fundamental". Ésa que parecería la única respuesta posible se convierte pronto en una facilidad más para el poder. "Como la mentalidad dominante, también los valores morales, más o menos lentamente, se fueron concibiendo bajo el influjo del poder dominante (…), el poder del Estado evolucionaba hacia su hegemonía total", explicaba Giussani en un diagnóstico de especial actualidad para España.

Tras la apariencia de firmeza de los valores se esconden nuevas arenas movedizas que el Estado utiliza para realizar su proyecto. "¿Qué queda, qué puede quedarnos como fuente de libertad real?", se preguntaba Giussani como nos preguntamos nosotros ahora en España. Y respondía: "El individuo, la persona. (…) El problema es el yo, la persona. Esto no está en contradicción con la asociación o con el tipo de gente en la que confiar para tener la fuerza necesaria; la fuerza de la asociación, la fuerza de la convivencia civil, radica en la persona. Y la fuerza de la persona consiste en la conciencia de lo que es y del ideal (…). El yo es, si actúa: conciencia del ser y conciencia del obrar".

¿Qué significa que en la España de Zapatero la fuente de libertad real es un yo consciente de lo que es, capaz de educar y de crear obras? Eso es lo que está por ver. Por lo pronto las condiciones son más desfavorables, pero todo sigue dependiendo, más que nunca no de una defensa formal de la libertad sino de la defensa de la libertad que se ejerce de forma sustantiva. Este año, frente a la asignatura de Educación para la Ciudandanía, la organización Tiempo de Educar ha puesto en marcha una iniciativa que aunque pequeña contenía una modalidad diferente de construcción social que ponía de manifiesto cómo la respuesta estaba en el yo. El mundo católico ha emprendido una campaña jurídica y de objeción de conciencia frente a la asignatura. Y sin embargo, en la mayoría de los casos, ha vuelto a saltarse, como lleva años haciendo, el verdadero problema de qué significa educar. De la incapacidad para transmitir a las nuevas generaciones una hipótesis para la vida. Tiempo de Educar ha mostrado con testimonios, experiencias, encuentros, cómo es posible educar. La mejor defensa de la libertad de educación ha sido ejercerla, no la defensa de un perímetro. En esta dirección la también pequeña realidad de la Compañía de las Obras en España ha hecho público un manifiesto con motivo de las elecciones en el que se marcaba esta dirección. Decía el manifiesto: Lo relevante en este momento es reconocer que "todos tenemos una vocación pública y la responsabilidad de construir ámbitos y obras a la altura de la dignidad de la persona. La paciente construcción de esos nuevos espacios, que requiere tiempo, gratuidad y voluntad de encuentro con los que son diferentes es la mejor alternativa". A partir de este manifiesto y de otras intervenciones públicas se ha generado un interesante diálogo con los máximos responsables eclesiales y algunos responsables políticos en los que se ha subrayado que todo  esfuerzo que no esté encaminado a la lenta reconstrucción de una experiencia de la fe en la base, que no dé nada por supuesto, que se exprese en iniciativas sociales y en un trabajo cultural, alimenta quimeras. 

En síntesis, se podría decir que en España el horizonte se ha despejado. No hay "mediación" política en la que delegar lo que sólo el testimonio, la seriedad con su experiencia y la creatividad social de los católicos y de otras realidades en las que todavía haya una estima por el yo pueda generar.

Es especialmente pertinente para España, pues, lo que decía también Giussani en una entrevista que le hacían en La Stampa el 20 de septiembre de 1989: "lo que importa es la construcción de formas de comunidad dentro de las cuales la civilización y la vida moral e intelectual puedan ser conservadas (…), una forma de agrupación que, expresando y tratando de satisfacer las exigencias humanas, busque las razones que dan o puedan dar fundamento y estabilidad a la amistad y convivencia humana con cualquiera". La urgencia, por tanto, es identificar y desarrollar aquellas realidades sociales -que pueden ser tan aparentemente minúsculas como un grupo informal de estudiantes- en las que las exigencias humanas de bien, verdad y justicia son respetadas y desplegadas.

A esto es a lo que me refería cuando hablaba al comienzo de la aportación a una laicidad positiva. La experiencia y el testimonio de una  libertad religiosa ejercida y no sólo defendida formalmente, en un contexto de pluralidad, lejos de ser un límite para los derechos humanos contribuye a su desarrollo y enriquece la democracia. Este  enfoque "positivo", frente a una disolución de la universalidad de los derechos humanos en la subjetividad nihilista es el que el Papa utilizó en Naciones Unidas. Primero señaló que en "el tema de los derechos (…) confiar de manera exclusiva en cada Estado (…) puede tener a veces consecuencias que excluyen la posibilidad de un orden social respetuoso de la dignidad  la persona". Y después indicó la tarea: "una visión de la vida enraizada firmemente en la dimensión religiosa puede ayudar a conseguir dichos fines, puesto que el reconocimiento del valor trascendente de todo hombre y toda mujer favorece la conversión del corazón, que lleva al compromiso de resistir a la violencia, al terrorismo y a la guerra, y de promover la justicia y la paz". Es la visibilidad de una contribución efectiva a la democracia, a través de obras, la que rompe el cerco. Ninguna reacción, está por delante la tarea de una construcción de una presencia original.