Rebelión provida en ´Provincia´

La mayor parte de la clase intelectual y política -la ´Comentocracia´, como la llama Castañeda–, concentrada como todo en la Ciudad de México, pensó que ante la autoridad de la Suprema Corte y ante lo apabullante de la forma en que se aprobó el aborto incondicional en la Capital, los congresos de ´Provincia´ no se atreverían a adoptar una postura contraria.Sin embargo, la semana pasada con Campeche y Quintana Roo la cifra de legislaturas estatales que han aprobado un ´blindaje´ legal contra el aborto llegó a 11 (Baja California, Nayarit, Durango, Jalisco, Morelos, Chihuahua, Sonora, Colima, Campeche, Quintana Roo y Puebla).El texto de la reforma es corto pero contundente. ´El estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derecho para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte´.Esencialmente el mismo concepto aprobado en los demás estados, fundado en el hecho científico irrebatible de que la vida humana empieza en el momento preciso de la concepción y no un segundo o 12 semanas después, por virtud de que con la unión del óvulo y el espermatozoide se gesta una nueva persona, que en su genoma ya contiene todas las características que lo distinguen como un ser humano único e irrepetible, distinto a sus padres, cuyo pleno desarrollo solo requiere los cuidados pertinentes a su etapa vital.Concepto fundamental de los derechos humanos al que los ministros de la Suprema Corte no quisieron entrarle, prefiriendo irse por las ramas de la ´liberación femenina´.Ante esta rebelión de ´Provincia´ –como les gusta a los capitalinos llamar a todo lo que queda fuera de la Capital– las organizaciones pro-aborto del DF ya dieron la voz de alarma y llamaron a una movilización general en todo el país. De hecho, en las últimas semanas ha venido habiendo movilizaciones de grupos feministas, como la que hace unos días clausuró simbólicamente las oficinas centrales del PRI en el DF y en otras ciudades como Mexicali, porque este partido -acusan- se ha aliado al PAN para aprobar la reforma provida, y de hecho en varios congresos la ha encabezado.

El ombudsman del DF, Emilio Álvarez Icaza, aunque admitió que los congresos estatales tienen autonomía, consideró que la aprobación de las reformas provida en 11 estados representa un "riesgo de regresión en los derechos de las mujeres".

Malú Micher, presidenta del Instituto de las Mujeres en el DF, señaló que esas reformas son producto de una "ingerencia ilegal de la Iglesia católica en la vida política del país", y acusó al PRI  de aliarse "con el ala más conservadora de la Iglesia" con fines meramente electorales.

La líder confió en que el fenómeno no se extienda a todo el país porque "ninguna constitución local puede estar por encima de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos".

El detalle es que la ley del DF no es la Constitución mexicana, y que esta en ningún punto aprueba el aborto incondicional, ni mucho menos pone el derecho de la mujer a decidir –ni ningún otro derecho–  por encima del derecho fundamental a la vida, sin el cual quedan anulados todos los demás derechos de la persona.

El derecho de la mujer sobre su cuerpo es muy legítimo y debe defenderse, pero no a costa del cuerpo y la vida de otra persona distinta que lleva en su seno.

Como que el momento de esa decisión libre y soberana -de la mujer y del hombre– está antes y no después del acto que conduce a la concepción del nuevo ser.

Esto es algo tan evidente y tan arraigado en nuestra cultura que será muy difícil de erradicar, aún para las elites ilustradas que controlan los medios de comunicación y cultura en la gran Capital.

Y el PRI podrá apoyar las reformas provida por razones electorales del momento -contrario a lo que hizo en el DF hace dos años–, pero la verdad es que su interés político en hacerlo deriva de un hecho comprobado por todas las encuestas: la inmensa mayoría de la población de México, incluyendo la Capital, se opone a legalizar el aborto incondicional, salvo casos excepcionales como violación o peligro de la vida de la madre. 

Y también el hecho de que el motor de las iniciativas provida ha sido la movilización de una red de organizaciones civiles -católicas o no- cada vez más activas.

"Cuando hace dos años fue aprobada la legislación que despenalizaba el aborto en el DF durante las primeras 12 semanas de embarazo, los ‘focos rojos' se encendieron y provocaron que la enorme red tejida en todo el país por organizaciones en favor de la cultura de la vida reforzaran sus acciones para evitar que el modelo legislativo de la ciudad de México se replicara en otras entidades", dice una nota de El Universal del 24 de abril.

"Entre muchas otras, ahí está en acción la Alianza Mexicana por la Vida con 100 organizaciones afiliadas; Red Familia, una coalición de 400 instituciones, y el Comité Nacional Provida con presencia en 27 entidades".

En Jalisco fueron más de 700 las organizaciones civiles que juntaron las 55,000 firmas para introducir la iniciativa al Congreso local.

Y en Baja California, uno de los primeros estados en aprobarse la reforma, el 23 de abril miles de personas participaron en el Festival por la Vida, organizado por agrupaciones civiles para celebrar el triunfo de la reforma provida.

Sí, estamos presenciando una revuelta en "Provincia", contra la soberbia de unos magistrados supremos que hace un año rehuyeron el verdadero debate, contra el mayoriteo de la partidocracia que impuso el aborto en el DF, contra la dictadura de una "comentocracia" ignorante y autocomplaciente, a su vez esclavizada a los dictados de lo "políticamente correcto", impuestos siempre desde arriba y desde el extranjero.