Pánico migratorio

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, que lleva el caso de Yassine Kanjaa, apunta a que el presunto yihadista de Algeciras se radicalizó en apenas un mes. Yassine Kanjaa, el marroquí de 25 años que mató al sacristán Diego Valencia e hirió a otras cuatro personas en Algeciras tenía abierto un expediente de expulsión desde 2022. El que Yassine, que hasta el momento no había cometido delito alguno, no hubiera sido expulsado ha creado una alarma social. Hay quien quiere aprovechar este caso para sembrar miedo, para alimentar la imagen falsa de que España está siendo invadida por una gran ola de migrantes en situación irregular.

En nuestro país hay unos seis millones y medio de extranjeros. De ellos seis millones son migrantes que residen legalmente y 500.000 irregularmente. El año pasado se abrieron 35.000 expedientes de expulsión y solo se expulsaron a 2.700. ¿Por qué sucede esto? No hay una conspiración para que no se expulse a los migrantes. Un migrante irregular es irregular pero es una persona y, afortunadamente, se le reconocen sus derechos. Lo normal cuando se identifica a un migrante en situación irregular es iniciar un procedimiento que se tramita por la vía administrativa. La orden de expulsión la emiten las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.

En abril del año pasado, la Sala del Contencioso Administrativo Tribunal Supremo determinó que la Administración no puede imponer la sanción de multa a las personas migrantes en situación irregular y tampoco la expulsión. Solo se debe acordar la expulsión si se dan circunstancias agravantes como tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia, desconocer por dónde y cuándo entró en España.

Cuando se termina el expediente de expulsión, si el migrante no tiene pasaporte es necesario que el país de origen reconozca que es ciudadano del Estado de origen y que mande un salvoconducto. Mientras tanto espera en un CIE, en un régimen carcelario. Si no llega el salvoconducto se queda en la calle.

Los empresarios del campo, de la construcción, de muchos sectores tienen necesidad de mano de obra pero no pueden contratar de forma legal a estos migrantes.

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Necesitamos mano de obra extranjera pero no le facilitamos una entrada segura y cuando ya están en España no se les puede contratar. El Gobierno aprobó hace unos meses una reforma del Reglamento de Extranjería para favorecer la incorporación al mercado laboral de los irregulares. Con esta modificación, las personas migrantes que lleven al menos dos años en situación irregular en España podrán conseguir permiso de residencia para doce meses si acreditan la realización de unos cursos formativos. Esta modificación rebaja los requisitos para acceder al mercado laboral a las personas que están formándose en España con permiso de estudios. Pero la tramitación sigue siendo lentísima.

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