Ni es el momento ni son las formas

El Gobierno presentó en marzo su “Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación” conocido como LOMLOE o Ley Celaá. Estamos ante una nueva ley orgánica de educación que será aprobada sin un consenso razonable y nos aleja del necesario Pacto por la Educación que permita dar estabilidad al sistema educativo. Este Pacto debería figurar entre las cuestiones que los partidos políticos deberían abordar en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España que se ha constituido en el Congreso de los Diputados.

El Proyecto de Ley, más allá de proponer modificaciones estructurales del sistema educativo y su currículo que pueden ser mejorables, contiene su dosis de carga ideológica que vuelve a centrarse en medidas que, entre otras cuestiones, dificultan la libertad de enseñanza y de elección por parte de los padres, la presencia de la asignatura de religión en el currículo de las distintas etapas educativas o generan intranquilidad en las familias y profesionales de centros de educación especial. Por supuesto, no hay ni una sola mejora para paliar la difícil situación que tienen los centros concertados y sus profesionales derivada de la escasez de financiación de los conciertos educativos. Eso no interesa.

Por mucho que se empeñen el Gobierno y la ministra de Educación en decir que este Proyecto ha sido debatido y que han podido hacer aportaciones quienes han querido, intentando con ello dar apariencia de diálogo y negociación, la realidad es que el Ministerio se ha negado a trabajar este Proyecto en el marco de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y no ha intentado mejorar y consensuar su texto con el sector.

Si bien el Gobierno sometió a dictamen del Consejo Escolar del Estado un “Anteproyecto de Ley” en enero de 2019, no ha presentado en 2020 el texto del “Proyecto de Ley” que no es exactamente el mismo que presentó en la primera ocasión. Tampoco lo ha remitido al Consejo de Estado para que emitiera un informe como suele ser habitual en leyes de este calado.

Es difícil entender que en la situación tan excepcional que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el trámite parlamentario de esta Ley siga adelante con la intención por parte del Gobierno de que sea aprobada cuanto antes.

El estado de alarma ha impedido que las organizaciones y agentes sociales que representamos a la comunidad educativa hayamos podido tener reuniones con los grupos parlamentarios con normalidad para explicar nuestras propuestas de enmiendas y tratar de conseguir su apoyo. Parece que tampoco se va a considerar un periodo de comparecencias en el Congreso para que personalidades de reconocido prestigio y representantes de la comunidad educativa puedan trasladar a los partidos políticos su opinión sobre el Proyecto.

Lo urgente ahora no es aprobar una nueva ley. Lo urgente es dar solución a los problemas reales que están teniendo los profesionales, alumnado y familias.

Urgente es ver cómo finalizamos este curso e iniciamos y afrontamos el siguiente. La transformación drástica de un día para otro de un sistema de docencia presencial a la formación a distancia ha sido un proceso tenso, no exento de dificultades y problemático. La docencia on line es un sistema que hay que regular, mejorar, asegurar su universalización y conseguir que sea un sistema eficaz y eficiente por si hay que volver a utilizarlo.

Solo el ejemplar esfuerzo y compromiso de los docentes y la magnífica respuesta de los alumnos y familias han conseguido minimizar una situación difícil en la que las administraciones se han visto absolutamente superadas.

La falta de liderazgo del Ministerio y la imposibilidad de acordar con las Comunidades Autónomas unas medidas para el final de curso concretas, claras y, sobre todo, homogéneas en su aplicación al conjunto del Estado ha sido una decepción enorme y un aviso de lo que nos espera.

Asistimos casi a diario a declaraciones de la ministra de Educación o de responsables educativos de Comunidades Autónomas en las que lanzan globos sonda sobre posibles medidas para el regreso progresivo a las aulas o el comienzo del curso escolar en septiembre. Todo ello con absoluta falta de diálogo y negociación con los representantes de los profesionales y de los titulares de los centros que serán quienes tendrán luego que aplicarlas.

Bastantes problemas tenemos actualmente sin resolver en el sistema educativo y los que ya se atisban para el curso que viene como para que, además, las administraciones y el profesorado tengan que invertir tiempo y esfuerzo en aplicar una nueva legislación durante el curso escolar que viene.

Y en este contexto, en el que la pandemia parece que nos acompañará durante bastantes meses hasta que pueda encontrase esa vacuna que permita cierto control sobre la misma, bastantes problemas tenemos ya y los que se avecinan como para estar el curso que viene desarrollando una ley aprobada sin consenso y sin financiación.

Al presidente del Gobierno, al vicepresidente y a algunos ministros se les ha oído decir durante estos días que este Gobierno sabe escuchar y cambiar sus decisiones cuando así se lo hacen ver. El pasado lunes 4 de mayo, se difundieron en una red social más de 100.000 mensajes pidiendo la paralización del trámite de la Ley Celaá. No sé si esto lo habrán escuchado, pero se están equivocando. Ni es el momento ni son las formas de aprobar una nueva ley orgánica de educación.