México: la Corte de Justicia se pronuncia sobre el aborto

De hecho en varios estados se ha venido legislando al respecto. En Baja California en diciembre pasado se aprobó y se promulgó una reforma al artículo 7 de la Constitución estatal, en la que se establece que "desde el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida". Es decir, en Baja California se prohíbe terminantemente el aborto, salvo por algunas causas estrictamente definidas por la propia ley.

Ante ello, el 26 de enero la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la reforma pro-vida, argumentando que viola los derechos humanos y la autonomía de las mujeres.

También en el Congreso de Morelos se aprobó una ley similar, así como en el de Sonora, aunque en esta última entidad aún no se ha promulgado y al parecer el Gobierno priísta ha decidido mantenerla en el congelador hasta después del periodo electoral.

Y en estos momentos se libra una fuerte batalla en Jalisco para aprobar una iniciativa popular antiaborto, respaldada por 55.000 firmas recabadas por 172 agrupaciones civiles bajo el nombre de Mexicanos por la Vida de Todos, en la cual se establece que el Estado "tutela y garantiza el derecho subjetivo público del individuo a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural de las personas que se encuentren en territorio del estado de Jalisco".

Cuando el 24 de febrero el PAN presentó la iniciativa a votación en el Congreso local, los legisladores del PRI y del PRD se molestaron tanto que abandonaron el recinto, argumentando que había un acuerdo previo de todos los partidos para congelarla hasta después de las elecciones. Y aunque lograron frenar en el último momento la votación, el debate ya tomó demasiada fuerza como para detenerlo.

Al igual que en Jalisco, iniciativas antiaborto han sido presentadas por las bancadas panistas en otros cinco estados, también con gobiernos blanquiazules -Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala y Querétaro-, pero se mantienen en comisiones o se encuentran "congeladas" por la renuencia de los demás partidos a entrar en ese debate en época electoral.

Si uno ve los resultados de la encuesta IMERK en Baja California sobre el aborto -publicados en el periódico Frontera el 1 de marzo-, se explica el porqué de esa resistencia por parte del PRI y otros partidos a abordar el tema antes del 5 de julio.

Según IMERK, casi 9 de cada 10 bajacalifornianos (88,3%) están en contra de que se legalice el aborto sin ninguna restricción, como se hizo en el Distrito Federal, donde basta que la mujer quiera deshacerse del bebé antes de las 12 semanas para que el aborto proceda.

Y lo más revelador, este porcentaje de personas contrarias al aborto en Baja California, en vez de disminuir desde la última encuesta hace dos años, ha aumentado en un 10%.

Aun cuando la mitad de la población del estado considera que hay causas para justificar un aborto -violación y peligro de muerte de la madre, principalmente- la gran mayoría (93%) es consciente de que el aborto significa ponerle fin a la vida de un ser humano, y el 82% considera que legalizar el aborto representaría un retroceso para el país, un 5% más que en la última medición de la encuestadora IMERK.

Y seguramente estos porcentajes son bastante similares en Jalisco y en la mayoría de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, donde, a pesar de los legisladores que aprobaron la reforma abortista, sigue habiendo una mayoría de la población contraria al aborto incondicional, como lo mostró una Consulta Mitofsky días antes de la votación en la Asamblea del DF.

Uno se pregunta: ¿por qué los partidos que legalizaron el aborto irrestricto en el DF hace dos años se oponen a que el tema se discuta durante el presente periodo electoral?

Seguramente por la misma razón por la que se negaron a llevar a cabo el referendo que las organizaciones civiles opuestas al aborto les pedían en el DF hace dos años, con el respaldo de las 36.000 firmas requeridas por la ley: porque saben que perderían.

Una cosa es aprobar una ley antipopular en época no electoral y a espaldas de electorado, y otra muy distinta es hacerlo cuando se está pidiendo el voto de los ciudadanos.

El PRI y el PRD aprueban reformas "de vanguardia" -aborto, eutanasia, "matrimonio" gay, etc.- para satisfacer a sus militancias más radicales. Saben que es una forma fácil de crearse una imagen de "izquierda" sin tener que hacer cambios de avanzada en los difíciles campos de la economía y la justicia social. Pero saben también que si defienden esas reformas en época electoral pueden alejar a sectores muy amplios de votantes potenciales.

Algo muy distinto pasa con partidos minúsculos como el PSD, que buscan el voto de minorías muy específicas, para lo cual adoptan banderas como la legalización de las drogas, las uniones gay y el aborto, e incluso lo hacen de manera desafiante y provocadora.

Que no se debe convertir el aborto en un "tema electorero", argumentan quienes se oponen al debate público. Pero, ¿cuándo si no durante los periodos electorales tendremos los ciudadanos comunes la oportunidad de saber qué piensan nuestros futuros legisladores y gobernantes sobre temas tan fundamentales como el aborto y la seguridad pública?