Más madera, es la independencia

Este martes se presentó ante las Cortes Generales españolas la iniciativa promovida por una mayoría del Parlamento autonómico catalán por el que se pide la cesión a la Generalitat catalana de la facultad para convocar una consulta soberanista, cuestión que aunque compete en exclusiva al Gobierno español es indelegable.

En otras palabras, este martes el Parlamento de todos los españoles, incluidos una mayoría de sus representantes catalanes, rechazó democráticamente con la suma de votos de los principales partidos nacionales (PP, PSOE, UPyD y otros menores) una iniciativa cuyo propósito final no es legal, ni por tanto democrática, ni está contemplada jurídicamente en nuestra Constitución: la cesión de la capacidad para que una consulta plebiscitaria de una parte del pueblo español, la catalana, pudiera decidir vía referéndum su autodeterminación de la nación española, esto es, la secesión del conjunto del pueblo español del que Cataluña siempre ha formado parte.

Aclarémoslo aún más: el Parlamento de todos y cada uno de los españoles ha tenido que decidir democráticamente si puede o no amputarse un brazo a iniciativa de un par de dedos de la mano de ese mismo brazo. O lo que es lo mismo, si es posible trocear la soberanía nacional en pequeños trocitos de soberanía regional o autonómica a instancia de una parte. Y la respuesta ha sido que no.

El asunto, por mucho que pudiera resultar chusco o grotesco, es sin embargo de la mayor gravedad política. De hecho es, seguramente, y sin exagerar, el peor desafío a la democracia española desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Y el problema es que aunque cerca del 90 por ciento del cuerpo parlamentario español ha estado dispuesto a terminar con esta astracanada, como ya se abortó el intento secesionista del lehendakari Ibarretxe –quien a diferencia de Mas sí tuvo las agallas necesarias para aparecer por el Parlamento nacional–, una parte más o menos significativa de la sociedad catalana sigue presta a movilizarse en la calle y a llevar el órdago independentista por la vía de los hechos consumados hasta más allá de la legalidad y del resultado de este martes en las Cortes.

El proyecto político del presidente Mas, de Junqueras, y de sus demás acólitos independentistas catalanes ha quedado en evidencia. De continuar con su exigencia secesionista después del varapalo recibido, lo único que puede pretender ya es la amputación del brazo por las buenas o por las malas y esperar después por si el miembro es capaz de autorregenerarse y la reacción del resto del cuerpo es la desidia o la reimplantación inmediata del miembro por el “cirujano de hierro” del Estado.

La hoja de ruta para el experimento secesionista está ya pues definida y el caldo de cultivo social necesario para consumarlo, con o sin autorización legal, está ya preparado. La maquinaria soberanista está engrasada: más madera, es la independencia. Sólo falta ponerla en marcha. Y puede ser que la negativa del Parlamento español de este martes haya marcado el inicio del proceso.

De hecho, la denominada Asamblea Nacional de Cataluña tiene prevista y anunciada cuáles van a ser las siguientes medidas en su política de acciones consumadas, anticipando incluso los siguientes pasos a dar si el Gobierno español terminara por utilizar la vía del artículo 155 de la CE y la autonomía de Cataluña fuera suspendida: crearían un gobierno provisional, declararían de forma unilateral la independencia y tomarían el control de aeropuertos y puertos del Estado. Ni más ni menos, la denominada ANC promovida por Artur Mas y sus socios nos ha advertido al resto de España de que llegado el caso estarían dispuestos a dar un “golpe de Estado” en toda regla con tal de alcanzar la independencia. Y para ello utilizarían elementos de la sociedad civil catalana como son la Asociación de Municipios por la Independencia, a los Mossos y bomberos independentistas e incluso a los funcionarios del Estado partidarios de la secesión.

El discurso de Rajoy en el Parlamento este pasado martes ha sido brillante y esclarecedor: nadie, y menos un presidente de Gobierno de España, está facultado para incumplir la ley, y la única normalidad democrática es la amparada por la Constitución Española de 1978, única ley que tiene que ser reformada entre todos los españoles si se quiere iniciar un proceso de ruptura de la soberanía nacional o de secesión. Igualmente, Rubalcaba ha sido explícito en la defensa de Cataluña dentro del Estado español respetando todas las singularidades que se quieran y recogiéndolas si acaso en la Constitución.

En conclusión, las pretensiones de los independentistas catalanes aprobadas por mayoría en el Parlamento catalán han sido derrotadas por una mayoría democrática inequívoca del Parlamento español. El mensaje ha sido rotundo y unívoco: la democracia sólo puede ejercerse dentro de la ley. Fuera de la ley, está el caos y el vacío de la ilegalidad, y además hace mucho frío. El Tribunal Constitucional lo acaba de dejar sentado: “no existe otra soberanía que la soberanía nacional, la cual reside únicamente en el conjunto del pueblo español”. El Estado español y su Gobierno están por tanto legitimados y obligados a evitar cualquier desafío ilegal que pudiera plantearse reservándose los medios adecuados a tal fin.