Linchamientos y justicia comunitaria

Mundo · Óscar Ortiz Antelo, ex presidente del Senado de Bolivia
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11 junio 2010
El linchamiento de cuatro policías, perpetrado por los ayllus del municipio de Uncía, en el Departamento de Potosí, la negativa a entregar su cuerpos durante casi doce días, la decisión de estas comunidades indígenas de no permitir el ingreso de la policía a su territorio y la inacción del gobierno nacional reflejan claramente los excesos de la justicia comunitaria y el descontrol social en el cual puede caer Bolivia bajo el pretexto de la autodeterminación de las naciones indígenas.

Los motivos del linchamiento no son nada inocentes. Aquellas comunidades viven mayoritariamente del contrabando de vehículos que ingresan desde Chile por su región y lincharon a los policías que realizaban operativos en contra de aquella importación ilegal. En su descargo, los dirigentes campesinos han argumentado que los policías los extorsionaban.

Sea como fuere, obviamente el linchamiento no era el camino para protestar, peor aún, castigar los supuestos abusos de estos agentes del orden. Sin embargo, lo más grave de esta situación es que se repite con cada vez mayor frecuencia. Comunidades campesinas que toman la justicia en sus manos y que aplican la pena del linchamiento a policías o a civiles. Esta figura también se repite en ámbitos urbanos, con el triste resultado de que cada año algunas decenas de bolivianos son asesinados bajo esta modalidad.

El gobierno nacional no ha actuado efectivamente para evitar que estos gravísimos hechos se repitan y se constituyan en una modalidad aceptada de aplicación de la justicia comunitaria. En lo formal, la han criticado. En los hechos, la han tolerado. En el último caso, un ministro declaró que hay que entender estas acciones en el contexto cultural de los pueblos y otro afirmó que intervenir las comunidades para rescatar los cadáveres sería ocasionar más muertos. Muchos afirmaron que la justicia comunitaria no contempla estos excesos.

Quizás tienen algo de razón en sus argumentos. El problema de fondo es que buena parte de estos abusos se cometen al amparo de las expectativas que las actuales autoridades del gobierno boliviano y sus intelectuales crearon durante décadas de reivindicaciones sobre el derecho a la justicia comunitaria. La nueva Constitución establece que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía. Igualmente, establece que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la libre determinación y a la territorialidad.

Obviamente, comparto que los pueblos indígenas tienen derechos y que la justicia comunitaria puedes ser aplicada para delitos menores. Sin embargo, no puede implicar el ejercicio de la violencia física y peor aún la muerte. Siempre me opuse a que la misma tenga igual jerarquía a la justicia ordinaria y que se acepte que sea una justicia de única instancia, lo que contraviene todos los tratados internacionales de derechos humanos. Por su parte, la territorialidad indígena está siendo utilizada para crear zonas libres de toda autoridad estatal, en la cual se desarrollan actividades ilícitas con total impunidad.

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