Las manos que mecen y desmerecen la Constitución

Y con una segunda inyección letal llevó a máximos el desprecio al espíritu de la Transición y a la concordia de la C.E, llevando a su particular BOE la Ley de la “memoria democrática”. Ambos, en un cruce de sonrisas, de esas eufóricas de partido, comentarían seguramente el filón de votos que esas leyes de desintegración les iban a proporcionar. Comenzaba a dibujarse la gratuita quiebra del principio de “interdicción de la arbitrariedad”.

Que el actual Presidente del Gobierno ha “colonizado” las Instituciones del Estado, hasta el extremo de resultar irreconocible el primer artículo de la C.E, es algo asumido, no solo por los juristas no contaminados de “socialcomunismo”, sino también por todo ciudadano informado y sensible a la dignidad y el progreso desideologizado y auténtico, entre los que no están los que se autoproclaman “progresistas”, y que en realidad se comportan como “regresistas” (v.gr: aborto, eutanasia, y ley del solo sí es sí, por medio). Ya solo el efecto sinérgico del Tribunal Constitucional con la Fiscalía General (ambas Instituciones de marca Sánchez), desdibujan la democracia. La hipoxia parlamentaria que sufre el inquilino de la Moncloa desde el comienzo de su aventura, gobernando con quienes intentan destrozar el Estado, le ha impulsado a someter a doblez buena parte de los preceptos constitucionales que configuran nuestro sistema político. Y esto ha ocurrido ya desde el Artículo primero de la C.E, porque, en rigor, ésta solo muestra en blanco y negro, ya no en color, su proclamado “Estado social y democrático de Derecho”.

A la anterior evidencia hay que añadir que la C.E de 1978 fue diseñada con exquisita buena fe y esperanza en el futuro. Se redactó por juristas de gran valía y bagaje, con merecido renombre, sin prevenir controles o cautelas más allá de las que el texto constitucional contiene; incurriendo en la ingenuidad de no considerar que, en el futuro, algún político sin principios y reñido con la verdad, podría maltratar la Carta Magna. Ese prestigio de los padres de la C.E, contrasta con la calidad y capacidad legislativa actual, a cargo de políticos sanchistas y juristas escasamente versados en ciencia jurídica; pero, eso sí, tan ideologizados que han osado reescribir la C.E por la puerta de atrás y en máximo grado de penumbra (un botón de muestra es la Ley de Amnistía). Analizando el Art. 9 de la C.E, es obvio que trepidan sus tres números: la sujeción de los poderes públicos (léase aquí el Gobierno) a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; la promoción de las condiciones de libertad y la igualdad; y lo que es aún más evidente, el desacato a los principios más esenciales que enuncia el punto 3: los de legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica, responsabilidad; y en especial, la “interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

En este maltrato del texto constitucional, debe subrayarse el “abuso de poder” del actual Gobierno, concepto vinculado con la ruptura del “principio de interdicción de arbitrariedad”, en dos facetas tan llamativas como execrables. En la primera suena la internacional, con orquesta de oportunismo visceral y revanchista, también en futura clave electoral, constante de todo lo que acomete Sánchez. Y además, supone una cortina de humo, para ocultar el agotamiento de todo su Gabinete, buscando una vía de distracción de su fracaso, a la vez que una pesca descarada de los sentimientos de revanchismo trasnochados, que pueda traducir en votos. Así las cosas, no es descartable que el mago de los cubiletes políticos convoque elecciones en 2025, por pura asfixia de su Gobierno, rentabilizando ese macabro cincuentenario que quiere explotar para su culto y voto. Se trata de su anunciada campaña, donde se pone de manifiesto una especie de necrofilia o quizá necrofobia, (digno de estudio psiquiátrico), siempre visceral, morbosa, sectaria, mercenaria y comercial, que ya empezó con la exhumación de Franco en 2019, y que ahora continua, resucitando su memoria para someterlo a linchamiento político, sin posibilidad de defensa desde el exilio de la nueva tumba donde la revancha lo confinó, porque así conviene a intereses tramontanos de partido desnortado.

Repugna al buen gobierno celebrar aniversarios de muerte por muy redondos que vayan a ser los cincuenta años del fallecimiento de un Jefe de Estado, que después de una guerra civil provocada mayormente por los dirigentes de la infausta república de 1931, como ya reconocen los tratadistas más independientes, situó a España, en 1975, con el décimo PIB mundial. Jamás en la historia de las democracias más consolidadas de nuestro entorno geopolítico, se han celebrado unos eventos necrológicos de esta naturaleza. Nadie ha tenido tan mal gusto o tal desvergüenza, ni se ha servido astuta y torcidamente de la muerte de un líder, para encumbrarse a sí mismo, por nefasto que ese líder haya sido. Se celebran otros aniversarios en conceptos sustancialmente distintos: los 80 años del desembarco de Normandía, la independencia de los Estados Unidos de América desde 1776, los aniversarios del fin de la segunda guerra mundial en agosto de 1945, el enésimo aniversario de la C.E, etc, etc. Pero recurrir a medias verdades y el desprestigio de un jefe de Estado, fallecido hace casi cincuenta años, desfigurando su memoria y sin posibilidad de defensa alguna, nunca se había visto. Ni siquiera ha habido celebraciones institucionales por aniversarios de cifra redonda por la muerte de Stalin, Hitler o Mussolini, y mucho menos concebirse para ser utilizados en propio beneficio de un líder calculador. Todo lo cual viene a descubrir en Sánchez, una patología insufrible, una actitud política de pura psicopatía, capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder, muy relevante de la clase de persona que dice llevar las riendas del Gobierno.

La segunda faceta que destroza el Principio de “interdicción de la arbitrariedad”, ya no es tan puntual. Es el acoso continuo a la Corona desde que Sánchez gobierna. Viene siendo como ese veneno del que hablaban los fiscales próximos al Fiscal General (no digo del Estado, porque está ya demostrado que es del Gobierno), “gotas de arsénico” pautadas para acción mortal a medio o largo plazo de la Corona. Desde que Sánchez tomó el poder, con la mentira demostrada por delante, la Corona no ha dejado de estar presionada, limitando sus actos y competencias más allá de lo razonable, o dejándole solo o mal acompañado, en sus visitas o compromisos institucionales como Jefe de Estado. Este ataque permanente, esa soledad, se puso de relieve con especial acento, en el incidente del día 3 de noviembre, a consecuencia de la visita a Paiporta, Valencia, centro de gravedad de la Dana, donde pudo apreciarse una doble cobardía del Jefe del Ejecutivo: la huida, sin causa mayor, del lugar de los hechos, y el inmediato abandono al Rey. Pero el cenit del cinismo, del atrevimiento y la falta de respeto, se vivió a continuación en el Centro de Emergencias de L´Eliana, donde Sánchez indignado y en su natural versión, abroncó al Rey porque no se había ido cuando él se retiró huyendo, dejándole, dijo, “a la altura del betún”, y añadiendo “no te lo voy a perdonar” según la información publicada por Ok diario.

Todas estas desconsideraciones y presiones al Rey tienen una causa que reside en los indicios de secuestro sibilino de las funciones del Jefe del Estado, ínsitas en el Título II de la C.E, que versa “De la Corona”. En el primero de sus artículos, el Art 56, ya se visualiza el control férreo de este Gobierno sobre Su Majestad, haciendo inoperativa una facultad esencial del representante de la Corona: “El Rey es el Jefe del estado…, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”. Solo con asumir esta alta función de “arbitro y moderador” hubiera sido difícil “colonizar” las instituciones que hoy asfixian el Estado de Derecho. Pero todo indica que Sánchez ha puesto en Felipe VI un corsé de hierro que se lo impide, dificultando también algunas de las funciones que al Rey asigna el Artículos 62 de la C.E. Y no sería extraño que también mediatizara las competencias que al Rey le concede el Art 65 C.E, sobre el presupuesto que se le asigna, y los nombramientos de su Casa Real, que deberían ser enteramente libres. Mientras, el Rey, quizás por la cautela que le inspiran los episodios esperpénticos de 1931, que terminaron con Alfonso XIII en el exilio, guarda prudente contención.

De todo lo cual se desprende la necesidad de una Ley que despliegue y blinde específicamente las competencias del Rey, poniendo en sus manos lo que el poder constituyente quiso, que no fue otra cosa que, dentro de las limitaciones de una monarquía típicamente parlamentaria, otorgar al Jefe del Estado un papel garante y de prudente contrapeso, cuando las instituciones chocan o se desnaturalizan, por causa de un Jefe de Gobierno que da muestras de ser poco respetuoso con la Constitución.

Juan A. Pérez Morala es Comandante del E.A (en situación de retiro), exabogado y Doctor en Derecho.  

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