La violación de la Constitución, del constituyente y de los españoles “constituidos”, en marcha

Está anunciado. Tal es el descaro, el estómago y la perfidia política de este Gobierno que, ora reescribe la historia, ora moldea, con roja plastilina, nocturnidad y alevosía, no ya un Reglamento (como el del Congreso para crear una torre de Babel), un Real Decreto Ley (abusando de él, por cierto), o una Ley (incluso orgánica), sino la mismísima Constitución; haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, revitalizando al monstruo de la deslealtad y la traición, aunque solo sea en sentido lato, que llevan en las venas y en la historia, con Largo Caballero e Indalecio Prieto ad exemplum.
Ya esta a la vista un tramo esencial para el golpe de Estado, que tiene trazas de ser pronto definitivo. Una vez más, diseñado con total premeditación. Premeditado desde mucho antes que Sánchez situara en el T.C a unos juristas de papel (no tanto por su discutible competencia, como por su activismo incondicional de izquierdas), considerados adecuados para su calamitoso plan. Así, designó a quien fuera ya Fiscal General del Estado con Zapatero, el que dijo algo así como que “las togas deben embarrarse cuando el ejecutivo de ZP lo necesite”, siendo hoy el presidente del T.C; y nombró también al que fuera Ministro de Justicia con él mismo, un vocal quizás más separatista que socialista. ¿Qué imparcialidad puede ofrecer el más alto Tribunal con esta contaminación? Ninguna, porque a la vista están las resoluciones en favor del PSOE en su aún corta trayectoria, la última sobre los votos nulos del CERA en la circunscripción de Madrid, enmendado al Tribunal Supremo, dictada para intentar quitar un escaño al PP y maniobrar mejor con el fugado.
La violación de la Constitución está sobre la mesa, impulsada por una descarada y provocadora determinación de este Gobierno que sigue siendo Frankestein, pero que ahora quiere trasplantarse vísceras de Judas, Bruto y Casio para sobrevivir. La violación en marcha supondría cercenar la voluntad de todos y cada uno de los españoles que la
acatamos: la inmensa mayoría. Se violaría la voluntad del “constituyente”, vivo en la redacción de cada artículo de la Carta Magna a través del tiempo de su vigencia. Y se violaría la voluntad de todos los “constituidos”, esto es, quienes no la votaron o no han podido votarla, pero que los ampara sin distinción.
El comunicado del prófugo de Waterloo no es de su puño y mente, hasta ahí llega el engaño ignominioso. Es obvio que está consensuado y redactado previamente con el líder de este pavoroso proyecto, y glosado y mullido por sus más entusiastas centuriones (M. Robles, Bolaños, Patxi López…). Y está diseñado con la suficiente malicia política y calculada indefinición, tanto fáctica como jurídica, como para que Sánchez pueda ser finalmente investido, confiando todas las partes de esa oscura y polvorienta lonja de maloliente toma y daca, en que durante la nueva y malnacida legislatura, se darán los últimos hachazos del golpe de Estado. Ello satisfará, cómo no, al prófugo y su estela independentista, pero también al cabeza del socialismo apesebrado, asegurándole revertir el orden constitucional, rumbo a la república, reteniendo las llaves de la Moncloa hasta que le visite la artritis y le abandone la astuta pericia del pegamento y la bolita.
La amnistía que se va a negociar desleal y subrepticiamente, ni figura ni tiene encaje en la Constitución. Lo más cercano a este concepto, pero esencialmente muy distinto, se describe en el art 62 i) de la Constitución, que al señalar que el derecho de gracia le corresponde al Rey, deja claro “que no podrá autorizar indultos generales”. Todas las florituras y matices que inventen el entorno empecinado de Sánchez y sus socios separatistas para hacer emerger
una modalidad fantasma de amnistía, incluso cambiando su nombre, será artificial, forzado y con un vicio jurídico de raíz absoluto, que el T.C no podrá validar jamás, a menos que la traición más sofisticada (digámoslo de nuevo en amplio sentido), entre por sus anchas puertas de mano de los “sánchezelegidos”. Resulta además que esta vergonzosa petición de amnistía se cursaría, no solo sin el menor arrepentimiento del golpe de 2017, sino que además los golpistas han manifestado de continuo la voluntad de rematarlo; dejando en un limbo insultante e insultado, la intachable defensa constitucional que en aquellos momentos críticos del golpe separatista hizo el Rey. Una afrenta y una deslealtad tan burdas, que tendría consecuencias futuras para el prestigio y dignidad de tan alta Institución.

En cuanto al Referéndum, resulta inadmisible la aplicación del art 92 de la Constitución para hacerlo posible, toda vez que es inexcusable ponerlo en relación con su art 2, que consagra “la indisoluble unidad de la Nación española”. Y aquí no tienen cabida matices no ínsitos en el citado artículo, que pudieran desfigurarlo a gusto de sus manipuladores, del tipo: “vinculante o no vinculante”, “en Cataluña o en España entera”, etc, etc. Porque al chocar frontalmente con el objetivo final de la independencia que exigen los independentistas, hace materialmente imposible su autorización legal. El último control a la perversidad de forzar la convocatoria de la consulta la tendría de nuevo el T.C. Pero son tan claros el espíritu y la letra del texto constitucional, que una resolución en favor de sus
patrocinadores, destruiría fatalmente la confianza en dicho Tribunal, último reducto y esperanza del Estado de Derecho.
Para otorgar estas dos excéntricas peticiones, rendidos al chantaje nacionalista, no caben atajos. Sencillamente lo que no está escrito en la Constitución no existe, no tiene encaje jurídico. Porque puestos a manipular con la ayuda del T.C, los impulsores de estos tramposos acuerdos, podrían afirmar que la república es posible por pura reinterpretación de la Constitución. De la ley a la ley se hizo una transición modélica a la democracia. Ahora,
de la ley a la ley este Gobierno y su entorno subsiguiente, puede llevarnos a la autocracia.

Juan A. Pérez Morala, Comandante del Ejercito del Aire en situación de retiro, exabogado y Doctor en Derecho

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