La tiranía de los familiares

Sergio Massa, el exministro de Economía de Argentina, ha llegado hasta la segunda vuelta de las elecciones por varias razones. Una de ellas, como ha descrito a la perfección Horacio Morel, es la persistencia del corporativismo, un sistema de organización social que consolida el clientelismo. Hay realidades de la sociedad civil (gremios, asociaciones empresarias, movimientos populares, sindicatos) en Argentina que entregan sus votos a un candidato en función de la protección que obtienen de él. A este fenómeno Francis Fukuyama lo llama tyranny of cousins, algo así como la “tiranía de los parientes”. Una familia, un grupo social, garantiza una determinada cantidad de votos a cambio de que el partido al que se los entrega coloque a uno de sus miembros entre los elegidos o satisfaga sus reivindicaciones. Nosotros os damos nuestros votos y vosotros metéis en las listas a alguno de los nuestros y atendéis alguna de nuestras peticiones. Se trata de un intercambio de favores. El mecanismo funciona si los líderes de la organización consiguen que todos sus miembros voten al partido con el que han llegado a un acuerdo y si consiguen que voten “a uno de los nuestros”. Era algo habitual en Roma y estuvo muy presente durante siglos en la historia europea: lealtad política a cambio de protección. Desde que los partidos vuelven a entrar en crisis, como ha sucedido en las últimas décadas en Europa, prospera de nuevo el intercambio de favores. Hay lugares donde nunca desaparecieron. Los favores no tienen por qué ser monetarios, pueden ser favores que respondan, sobre el papel, a altos ideales: libertad de empresa, libertad educativa, defensa de valores que se consideran esenciales. ¿Y qué hay de malo en la tiranía de los familiares? ¿No es acaso una fórmula de subsidiariedad, un modo concreto de dar protagonismo a los cuerpos sociales intermedios? Siempre hay el peligro de que un intercambio de favores acabe degenerando. De los favores inspirados en los más altos valores se suele pasar con facilidad a los favores en forma de subvención, en forma de contratación de personal. Y de ahí se llega a los favores en forma de beneficios personales  para los líderes de las organizaciones sociales. Es fácil que, a cambio de votos o de financiación, se acaben otorgando sustanciosos contratos públicos. A esto último, en terminología anglosajona se le llama crony capitalism, capitalismo de amiguetes.

Repitamos la pregunta: ¿y qué hay de malo? ¿No es este un modo de permitir  el acceso de las capas de población más pobres y menos participativas al sistema? ¿No es este un modo de limitar el estatalismo?

El  problema es que, con esta fórmula, el bien común se concibe como la suma de bienes particulares. El criterio del voto no se forma en función de lo que conviene al conjunto de la sociedad sino de intereses particulares. La que era una organización de la sociedad civil se convierte en una parte del sistema de partidos o una parte del Estado. La originalidad de su aportación desaparece. Las organizaciones civiles empiezan denunciando el estatalismo invasivo y se acaban convirtiendo en una pieza de su engranaje.

Pero todavía hay un efecto más pernicioso. Como hay que garantizar que todos los miembros de la organización emitan el mismo voto, el espacio para la libertad personal, el espacio para hacer una reflexión personal o conjunta desaparece porque todo viene decidido desde arriba. Esto es lo que hace más daño a la democracia. Al delegarse el ejercicio de la responsabilidad política en los “expertos” o en las élites, inevitablemente disminuye la capacidad crítica y aumenta una pasividad que debilita la vida en común. Argentina, España e Italia necesitan liberarse de los familiares.

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