Hacia el rescate

Mundo · Eduardo Vilela
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17 enero 2011
Llevamos más de cuatro años en una crisis que se generó porque muchas familias, bancos, empresas y gobiernos vivieron por encima de sus posibilidades. Lo más sencillo es echar la culpa a los tipos bajos de interés, a las hipotecas subprime, etc. Reconocer que muchas personas que forman las familias, bancos, empresas y gobiernos han ejercitado su libertad de forma equivocada es muy complicado.

Como consecuencia de esta actitud todos los ciudadanos estamos pagando con nuestros impuestos las equivocaciones de una minoría de la sociedad. Durante estos años hay un tema que no he deja de darme vueltas en la cabeza: en esta crisis hay víctimas pero no hay castigo para los que la perpetraron.

Si se busca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la definición de perpetrar se encuentra: "Cometer, consumar un delito o culpa grave". La falta de castigo de una culpa grave evita que los principales actores de la crisis hagan experiencia de forma personal y colectiva (como sociedad) de sus errores y, por lo tanto, que éstos se eviten en el futuro.

Esta falta de conciencia de los errores lleva a que los pague toda la sociedad en general pero nadie en particular. Esta situación traerá consecuencias muy graves sobre la economía española a corto y medio plazo. Como muestra tan solo un botón: Caja Castilla la Mancha perdió sólo en 2008 cerca de 800 millones de euros. Su gestor fue multado con 150.000€ y cinco años de inhabilitación. Vale decir, un castigo insignificante para la magnitud del daño causado.

Por el momento, con las fusiones entre las cajas y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o FROB se sigue tratando de cubrir agujeros (el máximo del FROB fue establecido en 90.000 millones de euros). Hace unos días se anunció la fusión de Banc Sabadell con Catalunya Caixa. La creación de Catalunya Caixa ya costó a los contribuyentes 1.000 millones de euros y su integración con Banc Sabadell costará otros 1.200 millones de euros (siempre por los libros de Catalunya Caixa).

En los últimos meses le ha tocado el turno al gasto público (ayuntamientos, autonomías y estado) luego que se descubriera que el estado griego no tenía un registro fiel de su deuda pública. La pregunta que se hacen muchas personas es si algo similar puede suceder en España. La respuesta no es fácil pero sin duda hay datos que permiten esbozar una respuesta aproximada. Recientemente Artur Mas denunció que la deuda de la Generalidad Catalana es entre dos y tres veces mayor que la publicada oficialmente. No creo que la deuda pública real (de los ayuntamientos, autonomías y estado) sea dos o tres veces superior a la publicada, pero hay evidencia suficiente para pensar en que es mayor.

En estos días España refinanció 3.000 millones de euros a un coste alto, en comparación con Alemania, pero lo ha conseguido en parte por la ayuda de la UE. El problema de la refinanciación de la deuda con esta emisión no ha hecho más que empezar. Los vencimientos de los próximos meses volverán a poner bajo presión a los mercados financieros.

¿Qué consecuencias tendrá para España el exceso de deuda pública? La respuesta es tan dura como simple: reducir gastos. Los candidatos naturales para dicha reducción son, sin lugar a dudas, las autonomías. El 17 de enero el presidente del Gobierno ya ha avisado, en el Financial Times, que si las autonomías no se ajustan él tendrá que intervenir. El impacto en los españoles será mucho mayor del sufrido hasta ahora ya que afectará tanto a servicios superfluos como a las televisiones y radio autonómicas, y a otros que no lo son, como por ejemplo educación, salud, seguridad, etc.

Si el panorama antes mencionado no fuese lo suficientemente tétrico, hay que añadirle que el actual Gobierno de España carece de la mínima credibilidad en lo económico y en lo político, de modo que en algún momento los inversores internacionales no comprarán más deuda y los inversores locales no tendrán más capacidad para comprarla.

La pregunta que sigue es: ¿habrá rescate? Si no se realizan ajustes serios de forma inmediata (por favor, no consideren un ajuste serio el subir la edad de jubilación a 67 años o bajar un 5% los salarios de los funcionarios y jubilados), posiblemente sí habrá rescate, pero seguramente no para el 100% del problema.

La solución es la convocatoria de elecciones anticipadas. La probabilidad de que esto suceda es realmente muy baja ya que, como definió a Rodríguez Zapatero uno de los cables filtrados por Wikileaks, es un "político cortoplacista que carece del concepto del bien común".

PD: una vez que se hagan las reformas necesarias harán falta por lo menos tres o cuatro años para que la economía crezca por encima del 2,5%, que es cuando el paro empezará a disminuir.

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