´Esta ley supone una grave violación del sistema jurídico francés´

España · Pietro Vernizzi
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23 julio 2013
Entrevista a Ludovine de la Rochère, portavoz de la Fundación Jérôme Lejeune, tras la aprobación en Francia de una ley que permite investigar con embriones humanos.

La Asamblea nacional francesa ha aprobado una ley que permite investigar con embriones. La oposición de la sociedad civil a una norma irrespetuosa con el derecho a la vida del ser humano no ha servido para detener al parlamento galo. Hasta ahora la investigación con embriones en Francia sólo estaba permitida en determinados casos excepcionales, para los que era necesario obtener una autorización de la Agencia de Biomedicina. Ahora sin embargo la experimentación ya es posible en cualquier caso, siempre que se cumplan cuatro condiciones: la pertinencia científica, la finalidad médica, el “respeto a los principios éticos relativos a la investigación con embriones” y la indispensabilidad del recurso a las células embrionarias para avanzar con la investigación. Hablamos sobre este tema con Ludovine de la Rochère, portavoz de la Fundación Jérôme Lejeune.

¿Cómo valora la aprobación de la ley que permite la investigación con embriones?

La aprobación de esta ley representa un hecho muy triste, porque por primera vez los seres humanos dejan de estar protegidos desde el comienzo de su vida. Incluso el primer artículo de la ley francesa del aborto afirma que toda persona tiene derecho a ser protegida desde el primer instante, y que la interrupción del embarazo solo se permite en determinadas situaciones. La ley que abre las puertas a la investigación con embriones se fundamenta por primera vez sobre la idea de que los seres humanos no tienen derecho a ser tutelados, y que pueden ser utilizados como material para la investigación y para el propio beneficio.

¿Considera por tanto que esta ley es contraria al sistema jurídico francés?

La Constitución francesa y todas las leyes en materia de bioética afirman que los seres humanos deben ser protegidos. Se prevén ciertas excepciones, pero el principio sigue siendo la protección de los embriones. Ahora, por el contrario, ya no es así.

¿Qué le parece el modo en que se ha desarrollado el debate sobre esta ley?

El gobierno ha impuesto un debate acelerado de la ley, ha bloqueado el voto de las enmiendas a la norma y ha habido una única votación, al término de la discusión en la Asamblea Nacional. El debate por tanto ha sido secuestrado. Quiero destacar por otro lado que la ley se ha aprobado en pleno verano para frenar el debate de raíz. La sociedad francesa no ha tenido la posibilidad de confrontarse sobre la nueva ley, y el objetivo ha sido forzar la situación e imponer la aprobación de la medida. Este modo de proceder no ha respetado por tanto la democracia francesa.

¿Qué piensa de las cuatro condiciones previstas por la ley para permitir la investigación con embriones?

Entiendo que no se trata de condiciones auténticas. Por ejemplo, la “finalidad médica” es un principio muy amplio, y hace posible cualquier investigación que utilice embriones humanos. Los investigadores, por tanto, podrán hacer todo lo que quieran. Entre otras cosas, quiero destacar que las células madre pluripotentes inducidas, o iPS, que la ciencia contemporánea es capaz de reprogramar, dan mucho que hablar y gozan de mucha atención por parte de los medios, pero no son las más adecuadas para las terapias de un futuro próximo. Las condiciones establecidas para permitir la investigación con embriones demuestran que se trata de una ley ideológica y poco seria. Esta norma representa una grave violación del sistema jurídico francés.

¿Es posible presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional?

Por supuesto que sí. Algunos diputados recurrirán, pidiendo al Tribunal Constitucional una revisión de la ley. Las leyes en materia de bioética en Francia siempre deben someterse a una discusión en el marco del respeto a los principios básicos de nuestro ordenamiento. Hasta ahora, un debate general de este tipo no se ha producido, y eso es ilegal. El recurso al Tribunal Constitucional se referirá por tanto, no sólo a los contenidos de la ley, sino también al modo en que se ha aprobado.

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