´Es un momento decisivo en Venezuela, no se puede volver a la mesa de diálogo´

Tulio Álvarez es más que un catedrático de Derecho Constitucional, es uno de los grandes referentes de la libertad en la Venezuela de Maduro. Historiador y escritor explica a paginasdigital.es las claves de lo que está sucediendo en el país.

¿Qué produjo la decisión por parte del Tribunal Supremo de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y la marcha atrás en esa decisión?

En realidad la ruptura del hilo constitucional no se produce con estas dos sentencias. La Sala Constitucional del TSJ ha dictado 59 sentencias, desde el 5 de enero de 2016, desconociendo el resultado electoral de las elecciones del mes de diciembre de 2015 que representó una mayoría calificada de más de dos terceras partes de los diputados que integran la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Cátedra de Derecho Constitucional de la cual ejerzo la jefatura, integrada por los 18 profesores de esa materia en la Universidad Central de Venezuela, sostiene en su pronunciamiento del 31 de marzo de 2017 que las sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional constituyen actos arbitrarios que instauran una tiranía judicial y la ruptura del orden constitucional. Además, consideramos en forma unánime que consecuencia de esta aberración jurídica e institucional socava y ultima al Estado de Derecho y al Régimen de Libertades Públicas derogando materialmente la Constitución de la República.

¿Cuáles son los motivos?

En lo personal, considero que dos motivaciones subyacentes están detrás del manotazo dado por los usurpadores de la Sala Constitucional. La primera es de índole económica ya que la depredación de recursos ha dejado exhaustas las finanzas públicas y el ejecutivo busca desesperadamente empréstitos y la firma de contratos de interés nacional, especialmente mediante concesiones mineras. Pero para que estos tengan validez requieren la autorización del Parlamento de conformidad con el artículo 150 de la Constitución; y el cuerpo legislativo no está dispuesto a darla. Entonces, ante el condicionamiento de las transnacionales, organismos internacionales y los Estados dispuestos a financiar al régimen de Maduro buscaron que el propio tribunal, así como se lee, otorgara la autorización. Esto es una aberración jurídica.

La otra motivación responde a las contradicciones políticas. Existe una facción del régimen chavista muy poderosa que quiere desalojar a Maduro del poder porque considera que este ha sido débil y no garantiza la permanencia. Bajo la hipótesis de que nos encontramos en los estertores del Segundo Gobierno Rojo, los radicales aunados a las mafias de corrupción y narcotráfico se resisten a entregar el poder y desarrollan lo que personalmente califico como la “defensa de la fiera herida”; un conjunto de acciones dirigidas a sacrificar lo que haya que sacrificar para garantizar el “Tercer Gobierno del Régimen Chavista”; o, al menos, un entendimiento con factores económicos y políticos que les permita un cogobierno. Fue una jugada traicionera que utilizó el control de este sector en los recientes cambios en el alto tribunal y buscaba reflejar a un Maduro inoperante que debía ser sustituido. Jugaron duro pero no contaron con la reacción de la Fiscal General de la República, calificando a las referidas sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional como “un desconocimiento del modelo de Estado establecido en la Constitución y una ruptura del orden constitucional”. Tal reacción de una funcionaria que solo había actuado en defensa de los intereses del régimen les quebró la estrategia y produjo una reacción contundente de la comunidad internacional.

¿Hasta qué punto está dividido el chavismo? ¿Qué peso tiene Diosdado Cabello frente a Nicolás Maduro?

Está profundamente dividido. En el sector militar existen diversas facciones y no hay que olvidar que los militares son el verdadero partido de gobierno. El General Padrino, actual ministro de la defensa, controla la logia mayoritaria pero Cabello agrupa a un sector importante de aquellos que originariamente acompañaron a Chávez. Por otro lado, los militares de baja graduación sienten personalmente la crisis y se resienten de la forma como se ha desvirtuado la actuación en las fuerzas armadas. En el lado civil, existen los radicales de izquierda, los negociantes que están vinculados a la corrupción y narcotráfico y ciertos liderazgos regionales de peso con agenda propia.

¿Se pueden suspender las elecciones presidenciales de 2018?

En la práctica no se puede hablar de elecciones en 2018 porque el régimen bloqueó el referendo revocatorio y las elecciones regionales en 2016. Es evidente que no se darán elecciones en un régimen con tal grado de autoritarismo y ante la convicción de una derrota absoluta. Por eso las bloquean.

¿Las nuevas condiciones para registrar a los partidos de la oposición qué consecuencias tienen?

Yo fui el encargado de elaborar la opinión constitucional sobre la maniobra de la inhabilitación de la mayoría de los partidos políticos venezolanos. Pretenden solidificar la franquicia del PSUV inhabilitando inclusive a algunos aliados. La Resolución N° 161018-0209 del Consejo Nacional Electoral era inaplicable en cuanto a una inmediata apertura de un proceso de renovación de nómina partidista ante el inminente vencimiento del primer año del periodo constitucional que se inició el 5 de enero de 2016, oportunidad en la cual se instaló la Asamblea Nacional tal como lo prevé la ley. Pero el régimen aplicó retroactivamente la normativa y justificó la afectación de procesos como el de las elecciones regionales y municipales; los cuales se encuentran con periodos vencidos, en este momento.

La anterior conclusión no toma en cuenta solamente la afectación de los mecanismos democráticos, vinculados a los procesos electorales que deben cumplirse inexorablemente, sino que responde al resguardo de los derechos de asociación política, postulación y ejercicio de cargos públicos. De manera que la ejecución de la Resolución N° 161018-0209 en los términos que sus normas han contemplado, ante el inexplicable e injustificado retardo en su aprobación, se traduce en una masiva violación de derechos políticos y en el colapso del funcionamiento del sistema democrático.

¿Cuál debería ser la actuación de la oposición?

La dirigencia opositora sabe perfectamente que no existe posibilidad de diálogo abierto, ante la manipulación que se produjo en noviembre del año pasado, pero sí de negociación. Estamos en manos del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Si la representación de la soberanía popular se sienta con Maduro y su equipo, después de los antecedentes de burla y del golpe que se ha producido, todo se terminaría; la comunidad internacional respiraría aliviada y los militares no tendrían justificación para actuar. En este punto debo aclarar que los militares solo guardan silencio hacia afuera porque, en lo interno, están gritando y blandiendo los sables. Ellos dieron el ultimátum de la forma como saben hacerlo y obligaron a Maduro a armar el teatro de un Consejo de Seguridad que nunca había actuado pero que resolvió “la controversia de autoridades”, sin que alguno de los contendientes estuvieran presentes. Ese cuerpo dio una orden al T.S.J., dejando remarcado el grado de postración y dependencia de los individuos que lo integran, para que fuera cumplida mediante una aclaratoria que trata de borrar un golpe de Estado. En realidad los militares han quedado habilitados para intervenir, dar el suyo, con la seguridad de que serán aplaudidos por la desesperación y sus actos no tendrán consecuencias, en lo inmediato, ante el deseo de la comunidad internacional de solucionar este “impasse” de cualquier forma. Lo único que tienen que hacer es convocar a elecciones al día siguiente de tumbar al presidente golpista.

Pero si líderes de la oposición caen en la misma trampa del año pasado, el nivel de rechazo general llegaría al extremo de la ruptura definitiva de los factores democráticos. A los integrantes de la M.U.D solo les queda plantarse firmes y dignos, declarar la nulidad de las designaciones de los magistrados exprés, exigir la liberación de los presos políticos, destituir a todos los miembros de la Sala Constitucional y desautorizar uno a uno los actos írritos que decretó el ejecutivo sin someterlos a su control. Este es un momento estelar del cual depende la vigencia de las libertades públicas.