El paradigmático caso hondureño o cómo superar la burocratización mental

El Sr. Zelaya no escapa a esta consideración, pero fue más allá, intentó violar un precepto aceptado hasta el presente: la alternabilidad en el usufructo de los beneficios del poder. Para ello, y traicionando sus orígenes de gran terrateniente y capitalista, asumió el discurso revolucionario de moda, reivindicando las necesidades populares que en ningún momento de su mandato intentó solucionar, en la seguridad de contar con el apoyo de los petrodólares venezolanos, que tampoco se están usando para solucionar los graves problemas de la nación fundada por Bolívar.

La gran mayoría de los gobiernos de la región tomaron posición contra un "golpe de Estado", incluyendo al propio Gobierno de los Estados Unidos, y el pleno de la OEA y las Naciones Unidas. Pero, ¿la posición hubiese sido la misma si en lugar de Honduras hubiese sido Colombia o México o Perú? ¿Qué sucederá si se demuestra (como todo lo indica para los que tenemos cierto conocimiento de la realidad hondureña) que no fue un "golpe de Estado", sino una desprolija aplicación de decisiones constitucionales de organismos de representación popular?

Faltando a una obligada razón ética, conocer la situación antes de juzgarla, la gran mayoría de nuestros gobernantes se apresuraron a condenar las decisiones de los organismos democráticos de Honduras, sin el más mínimo esfuerzo de verificar qué estaba sucediendo. ¿Alguien se informó de que varios días antes el Poder Legislativo, por gran mayoría, se había opuesto a aceptar la decisión del presidente de hacer una consulta sobre la continuidad de su mandato? ¿Se conoció que el Poder Judicial había coincidido con el Poder Legislativo, y el Organismo Electoral, en considerar inconstitucional la consulta que el presidente quería hacer? Cabe preguntarse: ¿Para qué están los embajadores, cuando en el Parlamento se abrió una investigación y fue asumida por todos los medios de comunicación la pregunta sobre el destino de los petrodólares recibidos por el presidente Zelaya a cambio de su incorporación al ALBA? Seguramente corrían el mismo destino del casi olvidado maletín de Antonini Wilson que le descubrieron en Buenos Aires.

¿Alguien verificó si las Fuerzas Armadas de Honduras actuaron por decisión propia (lo que implicaría un golpe de Estado) o estaban obligadas a cumplir las órdenes emitidas por organismos civiles en cumplimiento de cláusulas constitucionales? ¿Cómo se interpretó que el presidente exigiera la renuncia del comandante del Ejército, y horas después lo repusiera en el cargo? ¿Alguien supo informarse de la llegada de 900 cajas el pasado viernes, antes de la consulta, procedentes de Venezuela con el material para esta consulta anticonstitucional, acompañadas de un importante contingente de "hermanos solidarios del ALBA"? En la era de la información, no cabe la menor disculpa para omitir la búsqueda de la verdad, y el respeto y reconocimiento que debemos darle. Caso contrario, se siembra la mentira, la injusticia, la desconfianza, ingredientes que hacen de nuestro mundo una selva inhumana donde se impone la fuerza, que es derecho de las bestias.     

Más allá de ciertas desviaciones que intentan confrontar la legalidad de una decisión con una no siempre clara ni demostrable legitimidad, podríamos enfrentarnos a un rol histórico de Honduras que puede romper, inconscientemente, muchos paradigmas. Por primera vez desde 1989 (fin de la Guerra Fría), un ejército depone a un presidente constitucional cumpliendo una orden del Poder Legislativo y Judicial para preservar el Estado de Derecho.

Un presidente que pretendía hacer una consulta no autorizada por el órgano electoral, ni legítima constitucionalmente (porque existen otros mecanismos para ello), con el claro objetivo de prolongar su mandato constitucional (fuera de la Constitución), emulando de esa forma a varios gobernantes que ya lo han logrado o intentan lograrlo en un futuro cercano, en una moda que no se condice ni con la legalidad ni la legitimidad de las frágiles formas democráticas imperantes en la región. Más aún, cuando esa emulación está acompañada por una clara intervención externa, y no casualmente de los inculpados de siempre, los Estados Unidos.

No deseamos cometer el mismo error con juicios apresurados, y por ello creemos que, desde los gobiernos hasta los medios de comunicación internacional, no han comprendido el contexto real del caso hondureño, y han aplicado los conceptos del viejo paradigma de los años pasados. No han comprendido que los pueblos van madurando y no pueden aceptar que un presidente, aunque haya sido electo (por cierto que el Sr. Zelaya pertenece al mismo partido que tiene mayoría en el Poder Legislativo) democráticamente, no tiene derecho a desobedecer la Constitución, que lo hayan votado no significa que tiene licencia para delinquir, y menos aún para dejarse sobornar a favor de un proyecto mesiánico-populista que nunca le fue consultado al pueblo.

Con el paso de los días, los dirigentes (que deberían escuchar más y hablar menos) irán comprendiendo la dimensión del nuevo paradigma que está intentando demostrar el pueblo hondureño, un rotundo mensaje para propios y extraños, sobre lo que les depara a los aprendices de dictadores, conductores sin conducta.

Si realmente existe un mínimo de honestidad y coherencia, y no se impone la manipulación política por encima de la verdad, veremos a muchos cambiando o autojustificando lo injustificable. La verdad, como siempre, será reivindicada por la historia, la de los pueblos.

Hace más de tres décadas que fui tejiendo lazos de solidaridad con la clase trabajadora de Honduras. Conocí y profundicé los asesinatos sucedidos en Olancho y en Los Horcones con nuestros hermanos campesinos. Sé de su indomable espíritu de libertad y de trabajo, pero también de violencia por lo vivido y sufrido. Conocí su pobreza, miseria y marginalidad, y las luchas para superarlas. Hoy, muy fácilmente, podría haberme escondido argumentando que ya no es mi problema, pero no pude hacerlo, aunque muchos quieran etiquetarme con la habitual e irresponsable calificación de "derechista" que se le imputa a quienes piensan diferente a ciertos gobernantes, hoy tan perimida, sin fundamento o racionalidad como el Socialismo del Siglo XXI.

Debemos hacer una corrección histórica. A la famosa frase de que "el poder corrompe, y el poder total corrompe totalmente", habría que agregarle que con los ingredientes de la mediocridad y la egolatría se vuelve estúpidamente imitable y se busca una perpetuidad que la historia sepulta en el olvido. Por ello la secuencia: Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, concentración del poder en manos del Ejecutivo, prolongación del mandato presidencial, transformar a todos los adversarios en enemigos y quienes se opongan deben ser calificados de derechistas, agentes del imperio estadounidense, miembros de la oligarquía, etc. etc., se ha convertido en una nueva modalidad más "robolucionaria" que "revolucionaria".

En los gobiernos y organismos internacionales, tan lentos en reaccionar ante situaciones de extrema gravedad, ¿por qué lo hicieron tan rápidamente en el caso de Honduras? ¿Se investigaron o se tomó conocimiento de las denuncias que se le imputan de corrupción al Sr. Zelaya? ¿Se preguntaron los denominados líderes mundiales por qué el Sr. Zelaya está ileso y en otro país, cuando, dolorosamente, lo más habitual es el asesinato político, practicado a diestra y siniestra en la historia latinoamericana?

Sin lugar a dudas no se está defendiendo al Sr. Zelaya, ni la institucionalidad democrática en Honduras, sino las aspiraciones continuistas de varios conductores sin conducta, el utilizar esta crisis del pueblo hondureño para aliviar tensiones en las relaciones hemisféricas, y el incrementar la cortina de humo con la que se busca esconder el fracaso de las medidas que intentan superar la crisis internacional.

Entre tantas hemorragias verborreicas valdría la pena, para clarificar a varios, definir el alcance de los conceptos de "soberanía" e "intervención", ya que para algunos seudo líderes de turno, la soberanía son los intereses que ellos defienden e intervención cuando los defienden otros.

Mientras tanto, la Iglesia Católica Hondureña, con el liderazgo del arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que semanas antes venía anunciando la crisis y llamando al diálogo y la concertación para evitar males mayores, hoy apela a la indispensable vigencia y compromiso con la legalidad y legitimidad de la Carta Constitucional, único referente de consenso para superar condenables intereses personales o grupales y responder a las necesidades y aspiraciones del pueblo hondureño. En ello, todo nuestro apoyo.

Si se retoma el camino de la verdad, y no sólo por parte de los gobernantes sino también por los medios de comunicación, será muy interesante ver que gobernantes y países tienen la valentía de reconocer que se equivocaron.