Cataluña y la sacra decisión

En Vic. El camarero sirve el café. Y con una sonrisa cordial te explica sin que hayas preguntado nada: “Es que queremos que nos dejen decidir si queremos ser independientes, que nos dejen votar”. La conversación se prolonga. El camarero quiere explicarse. Vic es el centro, la yema de huevo del separatismo catalán. El pueblo se construyó en torno a uno de los obispados más antiguos de Europa. Ahora lo sacro, más que en la catedral, está en la calle, en la plaza central: de muchos balcones cuelga la estelada, la bandera de la independencia. Junto a la enseña se han escrito palabras sagradas: la independencia es libertad, la independencia es felicidad, la independencia es…

El camarero de Vic va a votar sin tardar. Va a votar para decidir, pero no si Cataluña es independiente, va a votar para elegir a los representantes del parlamento autonómico. Por cuarta vez en los últimos siete años los catalanes serán convocados a unas elecciones anticipadas. En eso es lo que va a acabar, de momento, el proceso de desconexión que se puso en marcha en octubre de 2015 para crear “la república” de Cataluña. Salvo sorpresa de última hora, la convocatoria de un referéndum con la que el Gobierno catalán desafiará de nuevo al Tribunal Constitucional quedará anulada. Esta vez no habrá urnas, como sí las hubo en el simulacro de 2014. El Gobierno de Rajoy tiene el propósito de ser inflexible pero proporcionado. Tiene la intención de no utilizar las herramientas extremas que le atribuye la Constitución.

Y también, salvo sorpresa de última hora, el independentismo aceptará tranquila y pacíficamente la suspensión del referéndum convocado. No deja de ser una forma de desbloquear la situación de parálisis en la que se encuentra el Gobierno de Junts pel Si, forzado a pactar con los antisistema de la CUP, con los que es imposible dar un paso. En el momento de la suspensión del referéndum quizás haya algunas manifestaciones en las calles y protestas. Si hubiera violencia estaríamos hablando de otra cosa. Pero no es probable.

En el momento en el que se convoquen nuevas elecciones se habrá llegado a un nuevo punto de partida. Todas las encuestas reflejan que hay dos Cataluñas (la española y la partidaria de la independencia) prácticamente del mismo tamaño. En los últimos meses los contrarios están por encima de los partidarios de la independencia, pero solo con un punto de ventaja. Una inmensa mayoría de los catalanes están a favor de la celebración de un referéndum –como el camarero de Vic– pero solo entre un 35 y un 37 apoya que ese referéndum no sea pactado con Madrid. El referéndum que los catalanes quieren no es posible porque la Constitución española lo prohíbe.

La inmensa mayoría de los catalanes quieren decidir, pero sin aventuras, quieren ser escoceses. Pero lo cierto es que Artur Mas, en 2010, aceleró un proceso de secesión nada escocés. Y lo hizo, en gran medida, para resolver los problemas económicos de un Gobierno que no era capaz de administrar la escasez y que necesitaba tapar los problemas de corrupción de Convergencia que se iban conociendo. Los errores cometidos por el Gobierno de Rajoy aumentaron la bola. El Gobierno de Madrid ha sido durante muchos años un Gobierno ausente de Cataluña, sin capacidad para explicar las ventajas de seguir siendo español y sin alternativas imaginativas. El fervor independentista llegó a su culmen en 2014. Después comenzó a decaer. En ese momento se había hecho evidente que el proceso de desconexión requería vulnerar la ley.

El alejamiento del modelo escocés se ha incrementado en las últimas semanas. Las propias instituciones catalanas (Consejo de Garantías) le han dicho a la Generalitat que ha ido demasiado lejos y que actúan contra la ley. Los “catalanes escoceses” se han visto sorprendidos con una modificación del reglamento del Parlamento, impulsada por los independentistas, que en la alocada carrera hacia el referéndum suprime las mínimas garantías democráticas. Los independentistas contra las instituciones catalanas. Todo esto mientras los tribunales destapan una corrupción sistémica del partido que lidera la independencia. Las declaraciones de Millet y Montull la semana pasada han sido demoledoras.

Las próximas elecciones reflejarán el castigo que los catalanes del modelo escocés imponen al independentismo desbocado. Es posible que la mayoría independentista pierda fuerza. Pero de momento seguirán existiendo dos Cataluñas empatadas, la que quiere ser española y la que se quiere marchar. Es insostenible mantener esta situación ad aeternum. Una vez que se haya cumplido con la ley, habrá que hacer política, política en serio de la que no ha hecho desde hace años el Gobierno de Madrid. Y la política en serio incluye pedagogía, ofertas generosas y creativas (el modelo de financiación es una buena herramienta). Si el desafecto aumenta, el límite es el respeto al pueblo soberano, el pueblo español. Pero la soberanía del pueblo español es también una oportunidad, como lo fue en Canadá donde fue el pueblo canadiense quien estableció unas condiciones claras para un referéndum de secesión en Quebec, a través de la conocida como Ley de Claridad. A partir de ese momento no hubo más consultas. Esa no tiene por qué ser la solución (requiere una reforma constitucional), pero se le puede parecer. En última instancia, todos los españoles, a través de sus representantes, pueden decidir que el camarero de Vic decida. Quizás entonces decidir fuera algo menos sacro.