Cataluña, problema creciente

Es sabido que uno de los principales problemas, si no el principal, que hubo de resolver la Transición a la democracia fue el tema territorial. España ha sido siempre un país de unidad frágil (en consonancia con una orografía difícil que da lugar a una diversidad única) y dentro de ello el fenómeno de los nacionalismos periféricos ha sido un asunto de difícil resolución. Sin embargo, daba la impresión de que habíamos encontrado un marco común de convivencia basado en la Constitución de 1978 y en el Estado de las Autonomías. Sin embargo, la realidad es que ese “café para todos” ingeniado por el Gobierno de Suárez ha acabado resultando carísimo y ni catalanes ni vascos parecen sentirse contentos dentro de España.

El problema es que lo debía haberse planteado como un debate sereno está convirtiéndose en un grave conflicto de difícil resolución. Porque, a base de no hacer nada, el problema no ha hecho más que agravarse. Desde que hace un año Artur Mas se plantara tras su visita a la Moncloa, el sentimiento independentista no ha hecho más que coger fuerza hasta el punto de que el principal partido catalán, Convergencia i Unió (CiU), parece no controlar la situación, ahora dirigida por el segundo partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La pregunta es cómo salir de tal atolladero. Y eso que cada uno tiene su parte de razón en lo que hace y dice.

El problema de todo esto tiene su punto de origen en la propia Constitución de 1978, que reconoció unos “derechos históricos” tanto al País Vasco como a Navarra que no debían haber sido otorgados por cuanto rompían con el principio de igualdad entre territorios que proclama esa misma Constitución. En función de este reconocimiento, los vascos tienen derecho a negociar con el Gobierno central la cantidad de dinero que dan al Estado central (el llamado “cupo vasco”) y los navarros directamente hacen lo quieren con las formas impositivas porque para eso tienen sus fueros o leyes propias.

Todo esto fue posible mientras Cataluña fue una región rica que exportaba su producción al resto de España, donde encontraba un mercado privilegiado. Es más, los catalanes podían apuntarse al principio de la solidaridad interterritorial (las regiones más ricas financian a las más pobres con el fin de que se puedan acercar en cuanto a riqueza unas regiones a otras). Pero eso hace tiempo ya que se acabó. La Generalitat de Catalunya no sólo no tiene dinero, sino que está al borde de la quiebra. Y pide por ello un nuevo modelo de financiación que le permita respirar. Pero, claro, si el Gobierno atiende la petición del “Govern” catalán, entonces irán el resto de Comunidades Autónomas detrás, porque todas ellas están afectadas por una grave crisis. Y por ello la respuesta de Rajoy, hace un año, fue un “no” que fue respondido con un camino hacia la independencia que cada vez es menos farol y sí más amenaza para la integridad del Estado español.

Ciertamente, la mejor solución sería liquidar el Estado de las Autonomías, que hace mucho tiempo que da muchos más quebraderos de cabeza que alegrías. Cuesta mucho, resuelve muy poco, y ha convertido a sus presidentes en dirigentes con excesiva fuerza que condicionan permanentemente la acción del Gobierno central. Sin embargo, el Gobierno no lo hará: tiene demasiada clientela del partido metida en el tema autonómico, e igual le sucede al PSOE.

Otra posibilidad sería permitir una consulta sobre la posible segregación del territorio, una consulta que debería hacerse a todos los españoles, y no sólo a los catalanes, porque así lo establece la Constitución. En ese sentido, no se entiende muy bien el temor de los independentistas a que esto se hiciera así, ya que probablemente nos llevaríamos una sorpresa: el resto de España está tan harta de los mensajes de desprecio de una parte de Cataluña que probablemente le concedería con mucho gusto la independencia. Y a lo mejor dentro de Cataluña sucede lo contrario, es decir, que finalmente son más los que prefieren quedarse dentro de España que irse fuera de ella. Porque fuera de ella la situación podría ser mucho peor: Cataluña no sería admitida como miembro de la Unión Europea y lo más probable es que acabara como Kosovo, región segregada de Serbia en 2007 que, al día de hoy, no tiene siquiera prefijo telefónico.

Lo que parece claro es que Artur Mas realmente no quiere la independencia y que por ello está teniendo puentes de diálogo con la Moncloa, y que ésta los ha aceptado. El Gobierno ha de tener presente la importancia histórica de Cataluña como motor económico de España y ayudar financieramente a Cataluña, que ha dado mucho dinero a otras regiones durante décadas para que éstas se la gasten en subvenciones y no en desarrollo (no tenemos más que ver los casos de Andalucía y Extremadura). Probablemente cuando los catalanes vean que su sanidad, su educación y su industria vuelven a funcionar, verán las cosas de otra manera.

Claro que los catalanes deben cumplir su parte, y cambiar radicalmente su política lingüística, esa “inmersión” que es la que realmente ha llevado a la ruina a la hasta entonces región más rica de España. Y que, entre otras cosas, impide al resto de españoles trabajar en ella sencillamente porque no saben catalán, una lengua oficial que jamás debe prevalecer sobre la lengua oficial, que es el castellano tal y como establece la Constitución de 1978. Cataluña ha perdido mucho volumen de negocio porque el idioma ha estado por encima de todo, y todo ello a costa de saltarse constantemente las sentencias de los tribunales. El catalán es parte de la riqueza cultural de nuestro país y como tal debe cuidarse, pero no más allá. ¿Qué van a hacer las futuras generaciones de catalanes que han estudiado en catalán y luego lo han hablado en casa? ¿Dónde van a ir con ese catalán fuera de Cataluña?

En toda esta negociación deben resultar clave los hombres que, siendo catalanes, tiene una visión nacional de las cosas. Como, por ejemplo, el diputado Josep Antonio Durán i Lleida, que es quien está aportando la sensatez y mesura en toda esta eclosión independentista. O Josep Piqué, que sabe lo que es ser ministro de un Gobierno de España y, al mismo tiempo, diputado del Parlamento catalán, y que ahora pasa a ocupar la vicepresidencia de las principales empresas constructoras nacionales (la OHL de Juan Miguel Villar Mir). Sólo desde la moderación y desde la mutua comprensión podremos resolver el conflicto.  

Es el momento de actuar, y de hacerlo decididamente: nada de “paños calientes” o seremos arrastrados por la corriente independentista. Una corriente que, a mi juicio, sólo podrá perjudicar al resto de España y, sobre todo, a Cataluña.