Apostar por el bien común

La victoria abrumadora de la oposición sobre el oficialismo en las recientes elecciones parlamentarias en Venezuela plantea un serio compromiso moral. La voluntad popular se ha manifestado ante el aterrador proceso de deshumanización que atravesamos como país, constatado diariamente en el terrible azote de la violencia, la corrupción a todo nivel —pública y privada— y el empobrecimiento atroz. El pueblo venezolano ha sentenciado a un gobierno que no permite a sus ciudadanos la posibilidad de contar con una vida digna.

El descontento nacional ante los nefastos efectos del modelo socioeconómico actual se tradujo en votos que permitieron consolidar el triunfo de la oposición. Sin embargo, muchos de estos votos fueron expresión de un castigo a los dirigentes del régimen, más que una adhesión a un proyecto político alternativo ofrecido por la oposición. Esta es una realidad que ambas partes deberían tener clara.

La unidad, en cuanto práctica política, no puede limitarse a las coyunturas electorales. Se debe traducir en la construcción de un proyecto político alternativo, socioculturalmente viable y moralmente confiable. Es esto lo que permitirá el inicio de la reinstitucionalización del país y la reconciliación sociopolítica de los venezolanos. Sin embargo, habrá que evitar la tentación de los partidismos ideológicos y la lógica maligna de la exclusión.

La nueva Asamblea Nacional tiene el reto de convertirse en espacio propicio para iniciar procesos de cambios, no sólo de acciones políticas sino sobre todo de la mentalidad con la que se ejerce el poder, superando la actual narrativa marcada por la ideología y la exclusión, e inspirándose en el «bien común». Lo que nos une actualmente es el deseo pragmático de «liberarnos de la miseria, hallar la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable y rechazar las situaciones que niegan a la dignidad humana» (Populorum Progressio 6).

El bien común no es un ideal sino un criterio de discernimiento para la acción política. Remite a la salvaguarda de los derechos fundamentales de cada persona. Este consiste en lograr condiciones mínimas que construyan país a partir de «el compromiso por la paz, la correcta organización de los poderes del Estado, un sólido ordenamiento jurídico, la salvaguardia del ambiente, la prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son: alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las informaciones» (Compendio de Doctrina Social 166).

La asamblea tiene el reto de recuperar la institucionalidad democrática. Los asambleístas deberán mostrar con su ejemplo un diálogo que respete el pluralismo, una unidad que crezca al incluir y una reconciliación que no olvide a la justicia. La búsqueda de consensos tendrá que ser parte de los debates, pero nunca sobre intereses individuales o partidistas que sólo llevan, una y otra vez, a visiones mezquinas que opacan todo progreso.

El gran desafío es de orden moral. Aprender a compartir el espacio de poder, no querer adueñarse del ejercicio político y no ceder ante apetencias personales. ¿Seremos capaces de superar el talante autoritario, corrupto y nepótico que deja el legado chavista-madurista? De esto dependerá la credibilidad de la nueva asamblea y su capacidad de convertir el voto de castigo en voto de confianza con miras a una adhesión futura. Hasta ahora las cúpulas chavistas y maduristas han manifestado poca voluntad para construir una narrativa adulta, desideologizada, que dé paso al bien común pero el pueblo venezolano pidió acatar su decisión de cambio.