A propósito de la huelga: ¿qué es un servicio público?

En Berlín la Merkel hacía público el tijeretazo más intenso desde la II Guerra Mundial: 80.000 millones hasta 2014 que dejan en poca cosa los 15.000 de España. El PIB alemán es el doble que el español, con lo que en términos comparativos nos tocaría ajustar 40.000 millones de euros para hacer algo similar a lo que ha anunciado la líder de la CDU. Con la diferencia de que nuestro déficit público es superior al 11 por ciento y el germánico es del 5 por ciento. Su deuda pública es mayor que la nuestra, pero la deuda hispánica ha crecido de forma tan rápida que el diferencial en el mercado secundario ha marcado en los últimos días niveles que parecían olvidados, hemos vuelto a los 200 puntos básicos.

El Gobierno alemán ha lanzado un mensaje muy similar al del nuevo Gobierno británico. "Estamos en tiempos duros y difíciles. No nos podemos permitir ya todo aquello que deseamos si queremos diseñar el futuro", ha señalado Merkel para explicar los cambios en el Estado del Bienestar. Cameron, después de anunciar que el déficit británico es mayor que el esperado (11 por ciento del PIB) aseguraba que los cambios van a "afectar a nuestro sistema de vida". Hay quien ha visto en estas declaraciones una justificación de la improvisación y de la mala gestión de Zapatero, que ha gastado irresponsablemente y pensando en el corto plazo. Pero en realidad suponen el enésimo anuncio de que el Estado del Bienestar, tal y como lo conocemos en este momento en Europa, ha hecho aguas. La crisis que sufre el euro ha desvelado algo que había quedado encubierto por la política de tipos de interés bajos iniciada tras el ataque a las Torres Gemelas. El dinero barato propició unas altas tasas de crecimiento que nos provocaron la sensación de que el sistema de protección social europeo era sostenible a pesar de que ya había dado síntomas de absoluto agotamiento a finales del XX. Zapatero, de hecho, hasta hace un mes estaba anclado en ese dogma ideológico.

En este paisaje se ha celebrado la huelga de funcionarios. Con un cielo tormentoso de fondo en el que el Estado del Bienestar se resiste a morir y la sociedad del Bienestar no acaba de nacer. España no es uno de los países de Europa en los que el sector público tenga mayor peso, pero sí ha experimentado un crecimiento desmedido en los últimos años. En 2007 representaba el 39,2 por ciento y algunas previsiones apuntan a que puede llegar en 2010 al 47,2 por ciento. Su estructura demuestra hasta qué punto se ha producido un hiperdesarrollo de las administraciones autonómicas.

Mientras los funcionarios protestaban por el improvisado recorte muchos volvían a repetir que su tarea es esencial porque un país no funciona sin unos buenos servicios públicos. Sin duda eso es cierto. Pero España, que como hemos visto en los últimos meses tiene una economía mucho menos competitiva y productiva de lo que pensamos, sufre una debilidad que se expresa no sólo en cifras. Es una debilidad cultural que afecta al concepto de servicio público y que le hace más difícil la transición necesaria hacia la sociedad del bienestar.

Un estatalismo de profundas raíces, alimentado por el franquismo y al que le ha dado continuidad el socialismo, concibe el servicio público en un sentido muy amplio y obliga a que sea prestado necesariamente por la Administración. Este concepto de servicio público, que es el que defiende por ejemplo el catedrático Tomás de la Quadra Salcedo, exige una alta intervención del Estado como titular y como gestor de los servicios para que las libertades públicas sean garantizadas de un modo adecuado. Sin embargo, en la estatalista Francia ya hubo a mediados de los años 80 una interesante corriente de administrativistas que defendía, precisamente en nombre de las libertades, una restricción de lo que se entiende por servicio público.

Por la vía de los hechos, el laborismo de Blair abrió la prestación de los servicios públicos a la iniciativa social en campos como el de la educación. Los conciertos educativos o sanitarios españoles son, con todas sus limitaciones, otro ejemplo. Es una aplicación del principio de subsidiariedad que no tiene nada que ver con algunas "externalizaciones" que se realizan en beneficio de empresas privadas sin los debidos controles y con criterios partidistas. Para conservar en una sociedad del bienestar parte de lo que teníamos hasta ahora quizás convenga revisar nuestro vocabulario. Lo público no es sólo lo estatal, lo autonómico o lo municipal, también es toda aquella iniciativa social que en educación, en sanidad, en inclusión o en cualquier otro campo presta un servicio en beneficio de todos. La Administración tiene el deber de vigilarlo y garantizar los adecuados controles de calidad pero no tiene que prestarlo directamente.

Con esta subsidiariedad activa se pueden eliminar muchas duplicidades, muchas ineficacias. La política fiscal puede racionalizarse. El ciudadano puede pagar sólo una vez los servicios. Del cambio depende que algo de lo construido desde los años 30 del pasado siglo perdure.