Las fuerzas de seguridad I

Los sucesos de Madrid, (o los menos recientes de Burgos) en los que han resultado heridos decenas de policías, posiblemente debido a la pusilánime actuación de sus dirigentes políticos, además de la insultante reacción que provocaron en el progresismo patrio -que se jactaba del resultado se sus actos vandálicos traducidos en policías caídos- me han llevado a meditar la grave miopía y la peligrosa ignorancia (en el mejor de los casos) que manifiesta nuestra clase política, y al mismo tiempo creo que es justo hacer un alegato en defensa de los funcionarios policiales cuya profesionalidad ha sido cuestionada.  

Me referiré en primer lugar a nuestros medios de comunicación, a todos. En el caso de la Radio, comienza sus informativos como si en Burgos, o en Madrid, hubiera comenzado una guerra civil. Con ese alarmismo se hace crecer desmesuradamente el alcance de los incidentes, con lo que se está echando más leña al fuego y los agitadores creerán que han logrado un gran triunfo alzándose con el indiscutible protagonismo de los informativos del día.  

Y en segundo lugar, quiero referirme nuestros representantes políticos, sobre todo a los de la parte izquierda del espectro. En un alarde (lamentablemente con precedentes) de irresponsabilidad, han proyectado sombras sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, del mismo modo que hicieron sobre la Guardia Civil con el asunto del Tarajal.  

Por eso es bueno recordar que el artículo 104 de nuestra Constitución atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad la trascendental misión de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”, además de “garantizar la seguridad ciudadana”.

Para lograr justamente dicha protección del libre ejercicio de los derechos y libertades existen secciones policiales, las UIP, que son especialistas en el control de masas callejeras. Para ser eficaces es imprescindible que ya  incluso su mera presencia en la calle sea disuasoria. El alborotador que presencia el despliegue de la fuerza debe replantearse en ese mismo instante su propia presencia allí. Y por eso, esta fuerza pública debe actuar sin contemplaciones, en su cometido de proteger a la ciudadanía.  

No debe olvidarse (y se suele hacer) que en los casos en que su actuación es requerida, unos ciudadanos están conculcando los derechos de otros, están vulnerando la ley. En estos casos, un grupo de personas provocaban serios altercados de orden público, careciendo para ello de ningún tipo de legitimación. Además, insultaban, provocaban y agredían deliberadamente a las fuerzas del orden. La intervención policial fue, por ello, inevitable.  

Me atrevo a afirmar que quienes por sistema se ponen al lado de quienes vulneran la ley criticando en todo caso la actuación policial son, literalmente, enemigos de la Libertad.  

Por último, los gobernantes deben apoyar siempre, y en todo caso, a las fuerzas policiales, y sin titubeos. Y las responsabilidades que pudieran exigirse a posteriori nunca lo deben ser a los funcionarios policiales ni a sus mandos naturales, sino a las autoridades que decidieron y ordenaron su intervención. Otra cosa resultaría injustificada y redundaría en un grave deterioro de su eficacia y de su consideración por la ciudadanía, cuyos derechos, no lo olvidemos, protegen y salvaguardan. Sería como si de la rotura de un jarrón se hiciera responsable al martillo, en lugar de al puño que lo agarra.

(Imagen: uipcnp.org)