Detenido el negociador; ¿también la negociación?

Es difícil precisar en este momento las consecuencias de esta operación policial. Todavía es pronto para valorar si la detención de los cinco etarras que acompañaban a "Thierry" es de tanta envergadura como el golpe a la cúpula de la banda en Bidart, en 1992, o la detención en 2004 en el suroeste de Francia del que entonces era el jefe político de ETA, Mikel Antza. No están claras "las competencias" de "Thierry" y sus relaciones con Josu Ternera -también considerado el responsable "político" de los terroristas- y con "Txeroki" -el jefe de los comandos que operan en España-. En cualquier caso, sobre esto todas las fuentes coinciden, "Thierry" fue el último interlocutor con el Gobierno en las negociaciones del mal llamado proceso de paz, en diciembre de 2006.

Fue "Thierry" quien materializó la ruptura de la tregua, según fuentes cercanas al Ejecutivo de Zapatero, al exigir la autodeterminación del País Vasco y la anexión de Navarra. El Gobierno siempre ha querido transmitir la idea de que mientras las negociaciones las controlaba Josu Ternera las cosas no iban del todo mal y que fueron las reivindicaciones políticas de "Thierry" las que las  hicieron inviables porque se impusieron los "duros". En realidad el equipo de Zapatero ya se había mostrado dispuesto en octubre de 2006, con el preacuerdo alcanzado en el santuario de Loyola, a hacer concesiones políticas  a Batasuna, el brazo político de ETA. Ese preacuerdo no incluía ciertamente todo lo que pidió "Thierry" pero no estaba del todo lejano. En Loyola no se concedía la anexión de Navarra, pero sí un órgano de coordinación entre el País Vasco y la comunidad foral; no se concedía la autodeterminación pero sí el reconocimiento de la "identidad nacional vasca".

Con las detenciones de este martes renace la expectativa de que el Gobierno de Zapatero haya vuelto -aunque no lo reconozca- a la estrategia de Aznar: contundencia en la persecución policial de los terroristas, aislamiento político sin que puedan estar representados en las instituciones y sólo diálogo cuando la banda haya renunciado definitivamente a las armas. La intervención del presidente del Gobierno en su discurso de investidura y, sobre todo, la de su amigo y portavoz parlamentario José Antonio Alonso, al hablar de la derrota de ETA, parecían ir en esa dirección.

Pero puede ser un espejismo. El Gobierno  y los socialistas no han hecho todo lo que estaba en su mano para corregir la concesión a los terroristas que supuso dejar que ANV, la nueva marca política de ETA, estuviese en los ayuntamientos vascos. Todavía hay 33 ayuntamientos del País Vasco gobernados por alcaldes de ANV y sus más de 400 concejales reciben seis millones de euros de las arcas públicas. Las llamadas "mociones éticas" que han presentado junto al PNV no tienen consecuencias prácticas. La detención del negociador no supone necesariamente que Zapatero se haya olvidado de la negociación. Ibarretxe le ha pedido al presidente del Gobierno que retome los acuerdos alcanzados en Loyola. Zapatero se ha negado, no es que no quiera conceder lo que entonces acordó, es que aspira a jubilar a Ibarretxe y a que sean los socialistas los  que gestionen un mayor "autogobierno". 

Cada vez está más claro que Zapatero quiere realizar en el País Vasco la misma operación que ha realizado en Cataluña, convirtiendo a los socialistas en el partido nacionalista de referencia que sustituye al nacionalismo clásico. Aspira a repetir en las autonómicas vascas los buenos resultados que obtuvo en las generales, en las que consiguió que el PSE aventajara al PNV en 125.000 votos. Desde esa posición de fuerza, ¿por qué no iba a retomar las negociaciones con la "ETA blanda" después de haber debilitado a la "ETA dura"? La crisis y la desorientación del PP, así como el cansancio de la sociedad civil que más ha luchado contra la cesión ante los terroristas, están de su parte. La transformación del socialismo español en un socialismo nacionalista hace muy difícil que Zapatero vuelva a la estrategia antiterrorista de Aznar.