Crisis institucional

La modificación del sistema de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que, a través de algunas enmiendas, está a punto de consumarse muy probablemente es contraria a nuestra Carta Magna. La Constitución determina que la renovación será de cuatro magistrados cada tres años. Y ahora se pretende que sea de dos en dos.

El Tribunal Constitucional va a depender todavía más de los políticos. La reforma no exige la idoneidad de los futuros magistrados y podrá ser magistrado del Constitucional un físico de partículas si tiene carnet del PSOE o del PP. Los que saben de esto dicen que esa reforma es inconstitucional porque acaba con la independencia del Tribunal Constitucional.

En circunstancias normales,  la constitucionalidad de este cambio sería verificada una vez que la ley fuera definitivamente aprobada. El PP ha querido detener esa tramitación utilizando una formula inédita: denunciando el procedimiento mediante un recurso de amparo. El Tribunal Constitucional debe decidir sí el recurso es pertinente. Tiene competencia para ello.

El presidente del Gobierno lo tiene claro, una conjura de jueces, políticos de derechas y periodistas de la caverna han querido dar un severo golpe a las instituciones democráticas.

La democracia es un sistema de mayorías parlamentarias. La democracia es un régimen de mayorías pero no solo, es también un régimen de contrapesos. El Parlamento no está por encima de la Constitución. El Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento tiene como tarea que la Constitución efectivamente rija como última norma jurídica por encima de la actividad legislativa del parlamento. De igual modo, entre sus misiones está la de asegurar y mantener el equilibrio de los poderes del Estado. No hay nada, pues, de extraño en que el Tribunal de Garantías limite la actividad del Congreso y del Senado. De hecho, atribuir a las cámaras legislativas la última competencia en materia de legislación supone ir contra uno de los fundamentos de nuestra democracia.

El Gobierno y la mayoría parlamentaria que le apoya han aprobado también en el Congreso una reforma del Código Penal. La reforma supone suprimir el delito de sedición, como le pedía ERC, y supone abaratar el castigo por el delito de malversación si se roba, por ejemplo, para declarar la independencia en Cataluña. Esta modificación de la malversación facilita la vuelta de Puigdemont a España y facilita que Junqueras vuelva a la política. El presidente del Gobierno ha sostenido que estas medidas pacifican a Cataluña. Pero el independentismo ahora vuelve a pedir un referéndum de autodeterminación.

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