¿Reformar la Constitución?

Hagamos un ejercicio sobre algunos de los temas que más urgen en España y que tendremos que afrontar en los próximos años: integración de la inmigración, lo que incluye combatir la trata de personas que caen en las redes de la prostitución, en muchos casos niñas menores de edad; envejecimiento de la población con una tasa de natalidad bajísima que difícilmente puede sostener el sistema de pensiones públicas; crisis climática y energética; cómo gestionar adecuadamente los fondos europeos, el desempleo, principalmente entre los más jóvenes que además encuentran muy complicado independizarse de sus padres; una clase política alejada de los problemas reales (por eso tienen un gran impacto las nuevas formaciones que hablan de una “nueva política” más allá de que sus soluciones sean o no apropiadas)… Seguro que el lector echará en falta otras muchas cuestiones pero no le quiero aburrir con una lista demasiado extensa.

Bien, ¿la solución de estos problemas pasa por una nueva Constitución? No soy jurista pero me parece que la respuesta es negativa.

¿Quién está insistiendo especialmente hoy en día en un cambio constitucional? Unidas Podemos que, como ha dicho Daniel Gascón sobre la manida ley de memoria histórica, no busca oponerse a la dictadura franquista sino al sistema del 78. Diferentes grupos independentistas (PNV, ERC…) que no se caracterizan por buscar el bien común de la nación. Solo por ver a los que están más interesados en reformar la Constitución dan ganas de no hacerlo.

No es la Constitución del 78 un sistema que tenga que ser inmutable, y por supuesto que se podría modificar. De hecho, hay varios aspectos de ella en los que sería interesante explorar ciertas modificaciones. Por ejemplo, el ordenamiento autonómico con unas competencias bien delimitadas. El economista Juan Velarde lamentaba, en una entrevista realizada por Fernando Palmero publicada en el libro Homenaje a la Constitución (Confluencias), la falta de unidad del mercado interior, cosa imposible cuando cada autonomía regula la cuestión económica. En el mismo libro Teresa Freixes criticaba la transferencia de competencias a las autonomías sin control, echando en falta lo que es una regla básica de los Estados federales, que es el “federalismo de la cooperación”. Sería interesante ver también qué instrumentos jurídicos podrían ayudar a afrontar una situación de pandemia como la que hemos vivido.

Las posibilidades en el contexto actual de un texto consensuado y mejorado respecto al actual no son muy halagüeñas. PSOE y PP parece que solo son capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones que les permitan proteger su estatus: televisiones públicas, poder judicial… Complejo parece que puedan unificar una postura común en un tema de la entidad de una reforma constitucional.

Mientras, la vida real parece no ocupar la agenda política y cuando se ocupa es para hacerlo en un sentido destructivo.