Aún se puede construir

Consummatum est. Tras un turbulento debate de investidura, finalmente, Pedro Sánchez ha logrado su objetivo de ser investido como presidente de Gobierno en coalición con Unidas Podemos y con el apoyo de un núcleo de partidos regionalistas, independentistas y localistas. Ya hay Gobierno. Y desde el 7 de enero de 2020 se han ido concretando los pasos para la puesta en marcha de la composición y nombramiento de los ministros.

Al igual que en 2018, cuando, tras la moción de censura, Sánchez fue investido, el mecanismo ha sido el siguiente: una vez comunicados los ministros del nuevo Gobierno, el proceso comienza con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la reestructuración de los ministerios; posteriormente, con el nombramiento de quienes asumen las carteras y la posterior toma de posesión; y los sucesivos Consejos de Ministros en los que irán articulándose la concreción de la estructura: creación y nombramiento de los secretarios de Estado y subsecretarios; nombramiento de secretarios generales técnicos y directores generales y así, sucesivamente, hasta llegar a las unidades con rango de subdirección general. Y, finalmente, la publicación de la estructura orgánica básica de cada departamento ministerial. Así funciona.

Y así ha sido también ahora, con una particularidad: el lunes 13 de enero se publicaron en el BOE el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuraban los departamentos ministeriales; y el Real Decreto 3/2020, por el que se establecían cuatro vicepresidencias: la primera, designada a Carmen Calvo, encargada de la cartera de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; la segunda, para Pablo Iglesias, que tendría la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030; la tercera, para Nadia Calviño, correspondiente a Asuntos Económicos y Transformación Digital; y la cuarta, para Teresa Ribera, responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El peso y tamaño de la administración se engrandece aún más con los ministerios de: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Justicia; Defensa; Hacienda; Interior; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (nombre que sustituye a Fomento); Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Función Pública; Cultura y Deporte; Sanidad; Ciencia e Innovación; Igualdad; Consumo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Universidades, a los que se añaden los ministerios que ostentan las vicepresidencias, en lo que, seguramente, constituya el Gobierno de mayor tamaño en toda la historia de la democracia española, si exceptuamos los primeros Gobiernos de Suárez en la Transición Española.

Es evidente que Sánchez se ha reservado los ministerios con mayor peso e incidencia –por su importancia en la actividad económica–; así se explican el peso dado a las vicepresidencias de Nadia Calviño (cuyo Ministerio de Asuntos Económicos vendrá compuesto de tres Secretarías de Estado: Economía y Apoyo a la Empresa, Digitalización e Inteligencia Artificial, y Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales) y de Teresa Ribera (que asumirá el Comisionado para el Reto Demográfico y competencias en materia de desarrollo rural), encargadas de desarrollar políticas ya impuestas desde la Unión Europea; como también se explica el nombramiento de Carmen Calvo, seguramente, con el objeto de establecer un poderoso contrapeso a Pablo Iglesias; o el hecho de que las carteras económicas hayan quedado reservadas al PSOE, y que únicamente queden reservadas a Podemos carteras como Igualdad; Consumo (algunas de cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas); Universidades; o Trabajo y Economía Social, entrevera un perfil económico destinado a tranquilizar a Bruselas; pero no cabe duda que el nuevo Gobierno apostará por políticas públicas de corte intervencionista, muchas de cuyas medidas estarán condicionadas a la aprobación de presupuestos, lo que se revela complicado.

Ciertamente, se acentuará el tufo ideológico en temas como la llamada Memoria democrática o la cuestión de los enfoques de género, repartida entre Carmen Calvo e Irene Montero, que en su Ministerio de Igualdad, según ya ha manifestado en su toma de posesión, sólo nombrará mujeres para el desempeño de puestos directivos en su Departamento, y ha elegido a Beatriz Gimeno y a Boti Rodrigo –históricas activistas LGTBI– para liderar, respectivamente, el Instituto de la Mujer y la Dirección General de Diversidad Sexual y poner en marcha la implantación de los enfoques constructivistas de género, tan propios de cierta sociología marxista. O el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Pablo Iglesias, destinado a la implantación de la Agenda 2030 y la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual, indudablemente, dejará su impronta: para eso contará con dos Secretarías de Estado. Posiblemente, veamos un recorte significativo a la educación concertada o que el proyecto de Ley de Libertad de Conciencia –o el tema de las inmatriculaciones– que se quiera impulsar vaya destinada no tanto a situar a la Iglesia en un hipotético escenario de catacumbas cuanto a situarla como un mero actor más en el mercado de sentido.

¿De dónde partir?

Conviene no dejarse engañar por el envoltorio estatalista –que lo hay, sin duda– que revestirán muchas de las medidas de corte identitario que adopte este Gobierno de coalición. En el fondo, hay una hoja de ruta muy marcada por los enfoques que el propio Manuel Castells –en sus años en Berkeley (California)– y los diversos sociólogos estructuralistas-marxistas han propugnado, consistente en las identidades flexibles (todo cambia), en las que las identidades no se descubren, se construyen; o el hecho del consumo y de los estilos de vida como elementos identitarios; o la pretensión de americanizar la universidad española, ya señalada por el nuevo ministro de Universidades.

Por eso creo que el nuevo Gobierno es fruto de un proceso de crisis en nuestra sociedad, que ha cedido a los cantos de sirena del individualismo. El enfoque de los nuevos derechos (ahora llamados derechos sociales) o las construcciones identitarias (cuyo diseño, del que se hará eco este Gobierno, viene del mercado, no lo olvidemos), o la sociedad en red –el becerro de oro que la sociología contemporánea nos ha construido– constituyen un buen caramelo para muchos que han votado al PSOE o a Podemos (entre los cuales hay un alto porcentaje de jóvenes). Este mensaje ha cundido: ya no sirve la apelación a los valores cristianos. La sociedad española es netamente postcristiana. Por eso resulta tan necesario responder a la pregunta ¿De dónde partir? Para eso, hay que saber mirar. Dejar espacio al encuentro y construir relaciones que sumen requiere estar y aportar en las empresas, las escuelas, las universidades, las ONG, las iglesias… y en los ministerios, consejerías y ayuntamientos. Y asumir que los cristianos somos hombres sin patria, que vivimos en una sociedad en la que, cada vez menos, hay espacios-refugios (cuarteles de invierno) para nosotros en este cambio de época que vivimos. Será interesante ver cómo se articularán las competencias de cada ministerio y sorprendería saber que muchos de los cargos que nombren para los puestos directivos de la administración han pasado por universidades y centros de la Iglesia (algunos de los primeros altos cargos nombrados han pasado por ICADE o el IESE).

No está escrita la catástrofe. Es verdad que resulta duro vivir en la intemperie –no estamos acostumbrados a ello– pero, ciertamente, ya tenemos experiencia de que se puede construir.