Empieza la negociación del Pacto Educativo

Tras un año de comparecencias y tanteos sobre la opinión pública para medir las fuerzas, los partidos políticos se han puesto a negociar, al fin, en la Subcomisión del Pacto formada en el Congreso. La metodología no es muy novedosa. Se parte de un elenco de temas que coinciden más o menos con los principales enunciados de las leyes educativas que ya hemos conocido, pero sin ir más allá. Ahora toca lo difícil, que es elaborar los contenidos y buscar acuerdos amplios y estables para facilitar la elaboración de una futura ley educativa que pueda sobrevolar por encima de los resultados electorales en las próximas legislaturas.

Los acontecimientos que estamos viviendo en Cataluña desde el comienzo de curso están frenando y desvirtuando gravemente la vida política del país, del Gobierno y de los partidos, que emplean gran parte de sus recursos y sus energías en resolver una ecuación política endiablada, y de cuya solución depende la propia existencia de la nación tal y como la hemos conocido hasta ahora. Ahí es nada. Con este panorama, la cuestión territorial satura la actualidad hasta la neurosis, paralizando el presente e hipotecando el futuro con un coste que aún desconocemos.

La educación en España, como consecuencia de estas tensiones tan dolorosas para el conjunto de la ciudadanía, está expuesta a unos niveles peligrosísimos de radioactividad ideológica, pues los poderosos intereses que están en juego en la actual confrontación interna no desconocen que “la filosofía imperante en el aula será la filosofía del Gobierno del futuro”, como evidenciaba el presidente norteamericano Abraham Lincoln. Probablemente, nunca nos hemos jugado tanto en el diseño de nuestro sistema educativo como en esta ocasión. El futuro reparto de competencias educativas entre la administración central y las comunidades, el encaje muy complejo de la futura legislación estatal de carácter básico con las leyes de educación autonómicas vigentes, los temarios de algunas asignaturas como la Historia y la cuestión lingüística podrían paralizar el debate desde el principio, jibarizando las polémicas clásicas, más transversales, como son la financiación pública del sistema, las reglas de coexistencia entre las redes de centros o la formación religiosa y en valores cívicos.

Los conflictos políticos de nuestra modernidad han girado, de forma entrelazada, en torno a intereses –reparto de recursos–, ideologías –derechos y organización social– e identidades –definiciones colectivas– (Claus Offe). Los dos primeros, sobre qué tenemos y sobre qué pensamos, son más fácilmente negociables. Mientras que el tercero es el que muestra una mayor capacidad desestabilizadora y sobre el cual nuestras instituciones no han podido encontrar, a fecha de hoy, una manera razonable de resolver el problema, posiblemente porque los recursos y los derechos son negociables, mientras que las identidades no, al menos para los grandes colectivos enfrentados. Dos conflictos se han definido durante todo el régimen democrático como conflictos de identidades desde el año 78 hasta el momento presente: el problema de los nacionalismos y el problema educativo.

Tampoco hay que descuidar el peso que otros aspectos pueden tener en torno a la negociación del Pacto, como es la baja calidad del debate democrático que estamos padeciendo. Los síntomas son claros. Una parte de ellos se refiere a los protagonistas más obvios del debate público, esto es, a los actores organizados, los partidos políticos, pero también los sindicatos, las asociaciones empresariales, otras asociaciones y los todopoderosos medios de comunicación de masas. Se adolece de una excesiva presencia de estilos de discusión con planteamientos cainitas o a la búsqueda de chivos expiatorios cuyo sacrificio resolvería mágicamente los problemas. Junto a ello, hay también un exceso de planteamientos tribalistas que implicarían, no la confrontación de argumentos, sino de bandos. Por ejemplo, de “las izquierdas” contra “las derechas”, “los de arriba” contra “los de abajo”, “los del centro” contra los de esta o aquella “periferia”, “los que están a favor de la religión en la escuela” versus “los que están en contra”, etc. Así, ante la complejidad de los asuntos públicos, la sociedad sólo percibe posiciones irreconciliables y, por tanto, poco facilitadoras a una disposición a escuchar, entender, responder y, en su caso, negociar o transigir. Los planteamientos tribalistas llevarían asimismo a identificar determinadas ideas como ideas propias del adversario político, demasiadas veces entendido como enemigo, y a las cuales no habría que prestar atención o habría que alejarse de ellas para no verse contagiado, aunque objetivamente fueran acertadas y positivas.

Se acusa también un exceso de emocionalismo en el tratamiento de los problemas públicos. La excitación emocional es más propia del enfrentamiento entre grupos que de la discusión razonada. Ese emocionalismo tan enraizado, tan celtibérico, tan nuestro, hace que la discusión pública española adolezca de manifestar un exagerado exceso de simpatía con las posturas cercanas a las propias y también un exagerado exceso de animadversión por las contrarias, expresando una dificultad inscrita en la cultura ambiente para graduar las objeciones. Aquí todo es blanco o negro, todo es bueno o malo, todo es propio e impropio, etc. Es el efecto de la gota de tinta podemita que ha teñido toda la jarra del discurso político de los últimos años.

Por último, la ciudadanía también forma parte del problema. Es fácil percibir la presencia de una proporción relativamente amplia de esa ciudadanía bastante impaciente ante la solución de los problemas, que querría inmediata, confiando en atajos supuestamente existentes a propuesta de los nuevos líderes populistas. Tampoco habría que obviar si las limitaciones del debate protagonizado por los actores organizados (clase política, medios, sindicatos, asociaciones empresariales, de padres, alumnos, etc.) tienen que ver con demandas procedentes de ese público. Existe una retroalimentación evidente y muy negativa entre los agentes organizados y la ciudadanía que explica muchos posicionamientos, muchos comportamientos y muchos resultados que dificultan el valor fundamental de la democracia: una gestión del conflicto que consiga la convivencia cooperativa y pacífica de todos los ciudadanos.

Los hechos son la prueba del algodón, y a ellos me remito. El primer debate serio en la Subcomisión para el Pacto celebrado el pasado 16 de enero encalló en los prolegómenos, en los desacuerdos sobre la metodología y los procedimientos que van a utilizar para tratar de alcanzar el acuerdo, es decir, en el sistema de votación. Los intentos de alcanzar acuerdos dejando fuera de ellos al Partido Popular mediante la regla de la mayoría simple o la de los tres quintos, por ejemplo, niegan la mayor: la necesidad de una mayoría reforzada en el Pacto donde no haya vencedores ni vencidos. Cualquier reforma que se incluya en el documento que se remitirá al Gobierno tiene que recibir el apoyo muy cualificado de los dos tercios del Congreso, 233 diputados, lo que supone el respaldo de al menos tres de los grandes partidos nacionales.

Termino este análisis con otro aforismo muy lúcido de Abraham Lincoln: “Ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento”. En conclusión, necesitamos querer convivir, elegir convivir y aceptar al otro como parte de la solución y no sólo del problema. Para pactar, todos tenemos que tener voluntad real de pactar.