Una voz a favor de los inmigrantes

Primero. Denunció los análisis que suelen poner énfasis en las consecuencias económicas, olvidando el problema de fondo. La inmigración impacta los derechos y la dignidad de millones de personas y sus familias. Es inhumano aceptar el trabajo y los impuestos de estos seres humanos y, al mismo tiempo, negarles los beneficios de la ley. Sólo si se pone a la persona en el centro será posible encontrar una solución justa.

Segundo. Denunció la incapacidad del Congreso de Estados Unidos para abordar el problema de manera integral. En otras palabras, responsabilizó a republicanos y demócratas por igual de provocar con su "parálisis legislativa" el surgimiento de leyes como la de Arizona. El vacío creado por la autoridad federal tiende a ser llenado por la frustración local.

Tercero. Afirmó, a nombre de los obispos de Estados Unidos, la necesidad de hacer efectivo el "imperio de la ley", lo que implica pedir cuentas a quienes infrinjan los marcos jurídicos. Sin embargo, las penas deber ser proporcionadas a las faltas y esto, definitivamente, no incluye el tratar a los migrantes ilegales como criminales. Sólo una reforma integral al sistema de migración podría restaurar el llamado respeto a la ley. Así, dijo, once millones de personas podrían regularizar su situación pagando una multa, poniéndose al día con sus impuestos, aprendiendo inglés y ocupando su lugar en la fila de los inmigrantes.

Cuarto. Afirmó que sólo leyes justas producen soluciones justas. Décadas de medidas punitivas contra la migración, sustentadas en leyes inoperantes, no han podido solucionar el problema, ni han contribuido a resolver el asunto de la seguridad fronteriza. 

Finalmente, propuso un camino para una solución humana, legal y justa: una reforma migratoria integral que incluya un programa de legalización; una reforma al sistema de inmigración para que los trabajadores sin estudios -que es donde está el problema y no con la migración "ilustrada", como es bien sabido- puedan encontrar trabajo de manera segura y ordenada, y promover un sistema preferencial para la reunificación de las familias.

Remató su propuesta señalando la urgente necesidad de establecer políticas de desarrollo sostenible en las comunidades de origen. Sin proponérselo, el obispo Kicanas agarró con los dedos en la puerta a los politicazos mexicanos que, hipócritamente, se desgarran las vestiduras por la ley de Arizona, al tiempo de ser incapaces de realizar las reformas legales y las políticas públicas que detonen el desarrollo en México. Lo dicho, el obispo de Tucson puso las cosas en claro.