Una vergüenza para la democracia

Finalmente Carles Puigdemont ha podido interpretar el papel que tenía asignado desde que se escribió el guion de este drama, el de un líder acosado por un poder arbitrario y cerril, empeñado en impedir el vuelo de la libertad que estaba llamado a pilotar. Lo malo es que este guion no tiene nada que ver con la realidad de los hechos, la primera sacrificada en el ara del llamado “procés”. “¡Es una vergüenza para la democracia!”, ha clamado tras conocer la operación ordenada por un juez que se ha saldado con el desmantelamiento de la logística del referéndum del 1-O y con la detención de catorce responsables de su organización, que ahora habrán de hacer frente a la acusación de varios delitos, ninguno de ellos cosa de broma. No olvidemos que han sido las asociaciones de jueces, todas a una, las que han calificado la situación generada por el secesionismo como verdadero golpe a la democracia.

Efectivamente, la verdadera vergüenza para la democracia es la quiebra descarada de la legalidad, el desafío sistemático al orden constitucional, las amenazas y la violencia latente ejercidas contra quienes no han querido ceder y se mantienen en el marco de la ley y, en fin, el experimento, propio de aprendiz de brujo, al que los líderes secesionistas están sometiendo a la sociedad catalana. No lo podía decir mejor el president: “vergüenza para la democracia”. En una suerte de alocada carrera hacia el desastre, los actuales gobernantes de Cataluña ensartan las mentiras como si fueran cerezas. La última es la que afirma que la autonomía catalana ha sido suspendida de facto. Nada más falso. Las últimas actuaciones, realizadas siempre bajo mandato judicial, pretenden únicamente restaurar el orden que hace posible el ejercicio de la autonomía con sus amplísimas competencias reconocidas por la Constitución. De hecho, con su política de proporcionalidad y su administración de los tiempos Rajoy está resistiendo la presión de influyentes sectores sociales y de su propio electorado, que cada día le reclaman a voces mano dura. La microcirugía de Rajoy, aplicada según algunos a cámara lenta, está evitando las evidentes provocaciones en las que el bloque secesionista desea que incurra el Estado, para poder así agitar la calle y exacerbar el victimismo. Pero eso no significa que no esté metiendo el bisturí donde corresponde. De hecho, ahora mismo el referéndum del 1-O es técnicamente imposible, y va a ser muy difícil arrancar de nuevo la maquinaria.

Es cierto que la aplicación de la ley no resuelve todos los problemas, pero establece un marco de libertad y seguridad para afrontarlos. Y sobre todo, nos protege frente a la arbitrariedad de los bárbaros de cualquier tipo. Por eso un estado de derecho que se precie, y España lo es, no puede permitir que suceda lo que Puigdemont y su gente han diseñado. Porque semejante hipótesis abriría la puerta a una riada que se llevaría por delante los derechos y libertades de todos. Así que asegurar el cumplimiento de la ley es también hacer política, y de la buena. Naturalmente que habrá mucho más que hacer, y desde ya. Pero no sólo el Gobierno, sino todos los sujetos sociales. Para empezar, rompamos la espiral de silencio que condena a una mayoría de catalanes, contrarios a la independencia y a la ilegalidad, a la irrelevancia política y social; y esa espiral se alimenta de un sistema mediático entumecido e intervenido, de un sistema educativo ideologizado y sectario, de un empresariado y de una sociedad civil demasiado temerosos del poder, un poder que en la última etapa no ha dudado en colocar dianas sobre los rostros de quienes se atreven a disentir. Vergüenza, sí, mucha vergüenza, señor Puigdemont.

Todavía no podemos calibrar las dimensiones del daño, pero no serán pequeñas. Por eso hace falta empezar ya, incluso mientras se producen operaciones judiciales como la de ayer. Multiplicar las relaciones, recuperar la hermosura y eficacia de una historia de siglos compartida en esta sufrida aventura en la que Cataluña jamás ha estado fuera del pálpito y el riesgo de España, ni España se ha podido entender sin Cataluña; afrontar las necesidades reales en términos de financiación e infraestructuras, recuperar el recíproco orgullo de que el otro es también cosa nuestra, y en su legítima diferencia lo estimamos y queremos caminar con él. Tirar por la borda la riqueza derivada de siglos de intercambios y relaciones, de amor y discusiones, de frutos que son de todos, sería en cualquier caso una tragedia. Pero ahora se trata de revivir todo eso en el presente, de hacerlo de nuevo carne más allá de tópicos y desasosiegos. Los españoles (catalanes incluidos, por supuesto) tenemos la palabra.