Una política autonómica que favorezca la libertad de enseñanza

Para situar la libertad de enseñanza en su contexto, parece oportuno recordar que se trata de un derecho fundamental establecido por nuestra Constitución, que en su artículo 27, entre otras cuestiones, recoge el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, reconociendo, además, la libertad de creación de centros docentes distintos a los de titularidad pública.

Es, según la Carta Magna, una obligación de los poderes públicos garantizar que estos derechos fundamentales se cumplan, y lo deben hacer mediante una programación general de la enseñanza con la participación efectiva en la misma de todos los sectores afectados.

Queda claro, por tanto, que la Constitución rechaza la existencia de un monopolio educativo del Estado y defiende la pluralidad de escuelas y el derecho de los padres a elegir el modelo y proyecto educativo que consideren mejor para sus hijos.

Así, teniendo en cuenta estos pilares básicos, surge la pregunta de si las políticas educativas llevadas a cabo en nuestro país en las últimas décadas responden verdaderamente a estos derechos y libertades. Y, desgraciadamente, la respuesta a tan relevante cuestión es no, existiendo la necesidad de seguir defendiendo y trabajando por la libertad de enseñanza a día de hoy. De hecho, si echamos la vista atrás, desde que en julio de 1985 se aprobara la LODE, se puede decir que la libertad de enseñanza no ha sido plena, existiendo numerosos obstáculos, problemas y denuncias en los tribunales.

Con respecto a la actual LOMCE, hay que decir que incluye por primera vez la libertad de enseñanza como principio que inspira el sistema educativo español y reconoce el papel que corresponde a padres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. Además, incorpora una importante novedad: las administraciones educativas, al programar la oferta educativa y garantizar la existencia de plazas escolares suficientes, tienen que tomar en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados, así como la demanda social.

Si bien éste es el marco general, todas estas cuestiones deben desarrollarlas y aplicarlas las Comunidades Autónomas, lo que nos lleva a reflexionar sobre lo que toda administración pública debería contemplar en su política educativa para favorecer la libertad de enseñanza. Sin entrar en las actuales diferencias existentes, podríamos detenernos en dos cuestiones relevantes: la programación y la oferta educativa y la financiación.

Programación y oferta de escolarización

Teniendo en cuenta la eficiencia que es exigible a todo poder público, las administraciones están obligadas a ofertar las plazas escolares en función de la demanda de los padres, respetando de esta forma el derecho de elección.

Es innegable que necesitamos una escuela pública de gran calidad. En las últimas décadas hemos sido testigos del impulso, del crecimiento cuantitativo y del importante apoyo dado a los centros públicos. Sin embargo, este crecimiento no ha respondido siempre a las necesidades de los padres y de los alumnos. La enseñanza concertada, a pesar de tener una gran demanda, no ha crecido con la misma intensidad, lo que ha llevado a miles de familias a tener que matricular a sus hijos en centros públicos o privados. Esto no es sino una de las razones, y quizás la más importante, para que las administraciones autoricen y apoyen la ampliación e incremento de los conciertos.

Que los poderes públicos tengan que garantizar plazas escolares suficientes no significa que deban ser exclusivamente de centros públicos. La iniciativa social en el ámbito de la educación es fundamental, por lo que se deberían potenciar fórmulas que permitan la creación y financiación de centros escolares distintos a los de titularidad pública, sin negar la posibilidad de que los centros dependientes de las administraciones públicas tuvieran una gestión privada. De esta manera seríamos más eficientes desde el punto de vista económico y se impulsaría la libre creación de centros educativos, aumentando con ello la libertad de elección de los padres, o lo que es lo mismo, la libertad de enseñanza.

Y en esta misma línea, tampoco parece adecuado, ni sustentado en la libertad, que la escolarización en un centro se reduzca a la proximidad geográfica al mismo, lo que claramente impide que las familias puedan matricular a sus hijos en otro colegio fuera de su zona de escolarización, aunque consideren que el proyecto educativo o el ideario de ese centro cercano no sea el más adecuado para educar y formar a sus hijos. Parece oportuno, entonces, que las administraciones opten por la zona única en sus procesos de escolarización. Sin duda, es saludable no tener miedo a la libertad y, por ello, ha de ser la sociedad y los padres con su elección quienes marquen las dimensiones de la escuela de titularidad pública y la de iniciativa social.

Financiación

La financiación del sistema educativo sigue siendo un tema muy controvertido. Se financia de manera desigual a los centros sostenidos con fondos públicos, y de forma deficitaria claramente a los centros concertados. Además, hay un claro condicionante económico que dificulta el acceso a la educación a familias con problemas socioeconómicos. Por eso, las administraciones deben incrementar las ayudas a las familias, asegurando que puedan optar libremente a un centro público o concertado. Las becas de comedor, las ayudas para actividades extraescolares, el transporte escolar gratuito o las ayudas para material escolar son medidas que deberían extenderse a todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos. Sólo así, las familias con menos recursos podrán escoger libremente entre un centro público o uno concertado, sin que su libertad se vea mermada por su poder adquisitivo.

De hecho, salvo honrosas excepciones, se puede asegurar que las Comunidades Autónomas aplican una política educativa injusta y discriminatoria, al no extender la gratuidad a un nivel educativo como el Bachillerato. Si bien el Bachillerato y la Formación Profesional son gratis en todos los centros públicos, lo que es un gran logro y una medida extraordinaria, es incomprensible que se siga negando esta gratuidad a quienes optan por un centro concertado para estudiar.

La gratuidad debe ser la misma en todos los niveles educativos de los centros sostenidos con fondos públicos. Debe existir una complementariedad real entre centros públicos y concertados y no una subsidiariedad en favor de ninguno.

En resumen, y sin olvidar otras medidas que creemos necesarias, si se lograra que dentro de las políticas educativas de los gobiernos autonómicos se prestara atención a la programación, la oferta educativa y la financiación, podremos decir que se ha dado un paso de gigante a favor de la libertad de enseñanza.

Jesús Pueyo Val es Secretario General de FSIE