¿Una campaña para criminalizar el aborto?

Criminalizar significa calificar jurídicamente como crimen una conducta antes no considerada como tal. Nada parecido ha sucedido en México. El aborto es un crimen  en México desde antes de estas reformas, empezando por el Distrito Federal donde también es considerado como tal desde el momento de la concepción, en caso de que se cometa contra la voluntad de la mujer. Lo que existe en la república son excepciones de responsabilidad penal cuando el aborto suceda en alguna de cuatro hipótesis: por peligro de muerte de la madre, por violación, por malformaciones del concebido incompatibles con la vida y por accidente. En el D.F. se agregó una quinta, que es cuando se realiza durante las primeras doce semanas de gestación, es decir, en los primeros tres meses de embarazo; de suceder después, incluso con el consentimiento de la madre, será considerado un crimen. Esto es algo que ocultan quienes promueven el aborto mientras rasgan sus vestiduras.

Las reformas a las constituciones se han acompañado de un artículo transitorio que deja intocadas las excepciones de responsabilidad previstas por la ley en cada Estado, e incluso se han modificado los códigos penales para evitar que las mujeres sean llevadas a la cárcel. En otras palabras, no se ha criminalizado el aborto más de lo que ya existía. Lo que estamos presenciando en México es una toma de conciencia de que la mujer es también víctima directa de esta práctica, de que el aborto provoca la muerte de un ser humano en su primera etapa de desarrollo y una herida profunda en la mujer. Argumentar que existe una campaña para criminalizar el aborto en México es una falacia que ha sorprendido a personas de buena fe, quienes, al igual que todos los ciudadanos, merecen la verdad.

Tengo la impresión de que los promotores del aborto están espantados por una razón que tiene que ver con la reforma al código penal de Veracruz en su artículo 150, donde dice que a quien provoque el aborto a una mujer con su consentimiento se le impondrán de cuatro a siete años de prisión, sin que la mujer conozca la cárcel. Una reforma que, es de esperarse, será emulada en otros Estados. A quienes han hecho del aborto un negocio, por los fondos que reciben para promoverlo o por las clínicas que instalan, esta reforma sí que los debe poner muy nerviosos, lo que, viéndolo bien, resulta lógico y explica su reacción tan poco apegada a los hechos.