Una ayuda para levantarnos

El pasado 31 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto-Ley (el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre), conteniendo una serie de medidas destinadas, en principio, a la ejecución del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a la modernización de la Administración Pública, para la gestión de los Fondos derivados del NextGenerationEU, que autorizaba a la Unión Europea a endeudarse hasta 750.000 millones de euros.

Tal instrumento comunitario se articula en dos instrumentos: por un lado, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia -MRR-, como transferencias no reembolsables destinadas a financiar la inversión y las reformas dirigidas a una recuperación sostenible y resiliente e impulsar las prioridades comunitarias en materia de transición ecológica y transformación digital; por otro, el React-EU, como fondos estructurales, aunque con una mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución.

Las cuantías de ayuda previstas para España ascienden a 72.700 millones de euros a fondo perdido (a movilizar en concepto de transferencias en el período 2021-2023) y otros 67.300 en concepto de préstamos, sólo del MMR; a lo que habría de añadirse los 12.400 millones de euros previstos en el mecanismo React-EU para su ejecución en el período 2021-2022; y otros 79.000 millones provenientes de los Fondos Estructurales.

En línea con el Plan de Recuperación para Europa, el referido Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -estructurado en torno a la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial- contempla la participación de las Comunidades Autónomas y establece una serie de diez políticas palanca, la propuesta de un modelo de gobernanza, una planificación temporal, la colaboración público-privada, reformas estructurales y cambios normativos.

Según la distribución prevista para los próximos tres años, resultarían más beneficiadas las políticas de Modernización y digitalización de las pymes, recuperación del Turismo y de emprendimiento (17,1%); Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de las capacidades (17,6%); las destinadas al Pacto por la Ciencia e Innovación y de refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud (17,1%); Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura (16,0%). Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%) y Transición Energética Justa e Inclusiva (8,9%), reciben menos; como también las destinadas a Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%); Modernización de la Administración Pública (5,0%) y, de forma irrisoria, el impulso de la industria de la cultura y el deporte (1,1%).

El enorme elenco de medidas bautizadas como políticas palanca y la acuñación de conceptos propios de la planificación estratégica, que han invadido este mundo en el que existimos, y el esplendor provocado por la cuantía de las ayudas que la Unión Europea ha asignado a España seguramente hayan hipnotizado a los militantes de la planificación y a unos cuantos burócratas (en el sentido peyorativo del término) que anidan en la Administración Pública -bien distintos de los funcionarios verdaderamente profesionales, que apenas cacarean- y académicos de las universidades, ante la posibilidad de hacer su agosto meritocrático y de intereses. Pero conviene no engañarse. Es un nuevo Plan Marshall a la europea porque estamos en una situación de emergencia sanitaria y económica: Europa sufre; España sufre…estamos en fase de cambio de nuestro modelo productivo, educativo, energético, de administración y de economía de los cuidados y de cultura.

El pésimo antecedente que tenemos en España de gestión de fondos comunitarios invita, a priori, a desconfiar de la proliferación de documentos de planificación -si no la mayor parte de ellos-, que no nos dicen lo que, en realidad sucede: que seguimos sin aprender a invertir y/o gestionar el dinero de todos porque concebimos los nuevos escenarios como burbujas potenciales (por ejemplo, la de las inversiones en instalaciones fotovoltaicas que nos provocó sobrecostes elevados en el sistema eléctrico o el derroche de reparto de fondos en I+D). No podemos permitirnos nuevas burbujas; no es tiempo ya de hacer dinero fácil con las ayudas públicas: los préstamos y subvenciones que se concedan para proyectos de I+D, para inversiones en energía renovable, para trabajos de arqueología y de restauración y conservación del patrimonio cultural, para digitalización…han de verse reflejados en resultados concretos que reflejen el beneficio en favor de la sociedad. Europa nos ha tendido la mano para poder levantarnos, no para que mordamos el brazo, sino para empezar de nuevo. Es un nuevo inicio que se nos ofrece ahora.