Un pacto de estado para respetar el derecho

Se habla de un pacto de Estado para reformar la Constitución: no me parece mal, aunque una opinión definitiva exigirá conocer sus contenidos y circunstancias. Pero más importante y urgente me parece un pacto de Estado para respetar el Derecho con mayúscula, es decir, la legalidad vigente. Cuando en un país las fuerzas políticas relevantes –e incluso las instituciones– solo respetan el Derecho si tal respeto les es útil conforme a sus intereses a corto plazo, todo es posible y nada es seguro, pues todo depende de la arbitrariedad circunstancial del poder de turno.

Esto sucede en España hoy y por eso el Estado se tambalea. Bajo la apariencia formal de un Estado de Derecho vivimos en un régimen de arbitrariedad controlada; “controlada” en el sentido de que saltarse a la torera de forma impune la legalidad vigente solo es posible para las instituciones del Estado y quienes las encarnan, no para el ciudadano normal de la calle. El ciudadano normal solo puede violar la ley sin consecuencias si su conducta conecta con –o sirve a– los intereses del que manda o a corrientes profundas de pensamiento con apoyo mediático y político suficiente como para que los poderes públicos –incluido el poder judicial– subordinen la aplicación de la norma al sentir de la calle.

Curiosamente la costumbre de no respetar el Derecho vigente la inició en la España democrática el TC, es decir, el órgano encargado de garantizar lo contrario: sentencias como la de la expropiación de Rumasa o la referida a la reforma del CGPJ promovida por Felipe González o la del aborto de 1985 abrieron una vía a la manipulación del Derecho al servicio de los intereses políticos del momento que no ha hecho más que agravarse hasta la sentencia de 2012 que legitima el llamado “matrimonio homosexual” aun reconociendo el propio TC que la Constitución dice y quiso decir lo contrario. Cuando el órgano encargado de guardar la Constitución como norma suprema del Estado manifiesta debilidades tan patentes, no es extraño que otros poderes del Estado se atrevan a hacer lo mismo: y cada vez con más osadía y arbitrariedad.

Así vemos que los sindicatos y sus piquetes pueden violar impunemente el derecho al trabajo en caso de huelga llegando a legitimar impunemente –con la bendición de algunos jueces– la violencia y la coacción más rastreras; que las clínicas privada del aborto convierten el aborto en un negocio al margen de la ley durante décadas mientras los poderes del Estado miran para otro lado; que los partidos políticos se financian al margen de la ley habitualmente sin consecuencias; que algunas CCAA violan sistemáticamente y durante años el derecho a la educación en libertad (en materia de lengua por ejemplo, pero no solo en ese caso), sin que haya reacciones eficaces del Estado de Derecho para restablecer el orden constitucional; que el Estado regala dinero público durante décadas a instituciones como sindicatos y organizaciones empresariales con títulos varios pero sin control alguno para comprar la paz social al margen del Derecho; que instituciones del Estado como los Gobiernos y Parlamentos de algunas CCAA deciden arbitrariamente actuar al margen de la Constitución según intereses partidistas circunstanciales sin rubor alguno; que se puede legislar otorgando privilegios contrarios a derechos fundamentales de todos a colectivos de moda como los autodenominados LGTB solo para quedar bien y evitar polémicas; etc.

Esta es nuestra España de hoy. No es extraño que muchos estemos hasta las narices. La economía no lo es todo, aunque sea muy importante.

Por eso propongo un pacto de Estado para respetar el Derecho. La regeneración democrática de España exige que todos los partidos que quieran ser algo importante en el futuro se juramenten para respetar el Derecho y para crear el vacío más absoluto alrededor de quien se separe de este sagrado principio, sean cuales sean las consecuencias en el corto plazo para unos u otros.

En el respeto o no al Derecho están en juego el futuro de nuestra democracia, la viabilidad de una sociedad libre y la credibilidad de las instituciones. Además, en el respeto a la ley hay implicados valores morales básicos que hacen posible la misma vida social.