Un debate estéril

España · Pablo Martín de Santa Olalla
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1 agosto 2013
Este jueves ha tenido lugar la esperada comparecencia del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el fin de que explicara lo que sabe del llamado caso Bárcenas. Rajoy ha acudido al Parlamento a petición propia, pero debe recordarse que ya antes otros grupos parlamentarios habían solicitado su comparecencia. El resultado ha sido un debate francamente estéril, que ha añadido muy poco (por no decir nada) a lo que ya conocíamos sobre el asunto.

Este jueves ha tenido lugar la esperada comparecencia del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el fin de que explicara lo que sabe del llamado caso Bárcenas. Rajoy ha acudido al Parlamento a petición propia, pero debe recordarse que ya antes otros grupos parlamentarios habían solicitado su comparecencia. El resultado ha sido un debate francamente estéril, que ha añadido muy poco (por no decir nada) a lo que ya conocíamos sobre el asunto. Y es que el problema es que se ha querido llevar a las Cortes, es decir, al poder legislativo, algo que en este momento es de la competencia del poder judicial: en otras palabras, del juez Ruz, que es quien lleva la investigación sobre la posible financiación irregular del Partido Popular.

Rajoy ha vuelto a proclamar su inocencia e incluso ha tratado de presentarse como la persona que eliminó a Luis Bárcenas, ya que, siendo él Presidente del Partido Popular, éste abandonó su cargo de Tesorero del PP y su escaño de senador. Ha afirmado sentirse engañado por quien ha llevado las cuentas del partido durante dos décadas, y ha proclamado su honestidad e integridad personal. Finalmente, ha dejado claro que no está en su mente ni dimitir ni convocar elecciones generales. Frente a este discurso, contundente tanto en el fondo como en las formas (aunque insuficiente en lo que a explicaciones se refiere), el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha recordado su intercambio de mensajes con Bárcenas cuando éste ya se encontraba bajo sospecha, y le ha instado a dejar la presidencia del Gobierno. A partir de ahí, un auténtico aluvión de peticiones de dimisión para Rajoy con la excepción de los partidos nacionalistas catalán y vasco, que se han mostrado bastante moderados en sus críticas. Lo que no resulta nada extraño en el caso de CiU, teniendo en cuenta que el caso Palausigue flotando en el ambiente y que ayer mismo Artur Mas tuvo que expresarse en términos muy parecidos a los que lo ha hecho Rajoy.

En suma, un auténtico diálogo de sordos que pone de manifiesto un problema que viene produciéndose desde hace tiempo, y es la sistemática violación del secreto de sumario de los procesos judiciales. En efecto, nos estamos acostumbrando a juicios, no ya paralelos, sino sencillamente previos (es decir, pre-juicios) donde la presunción de inocencia es dejada de lado para que quien quiera decida la culpabilidad o no de quien se encuentra bajo sospecha. Por poner un ejemplo de todo ello, y siendo el caso que nos compete, debemos recordar que Luis Bárcenas se encuentra en este momento en prisión no por apropiación indebida, cobro de comisiones ilegales o fraude fiscal (que es lo que el juez trata de determinar), sino porque existe un alto riesgo de que pueda fugarse. Y Rajoy, ese presidente al que algunos quieren obligar a dimitir (¿puede alguien explicarnos qué se entiende por “responsabilidad política?”) por hallarle culpable, ni siquiera ha sido imputado. Entre otras cosas porque la instrucción no ha hecho más que comenzar y porque los que han sido secretarios generales de su partido (Francisco Alvarez Cascos, Javier Arenas o la actual, María Dolores de Cospedal) ni siquiera han prestado declaración como testigos (lo harán en breve).

Ello no oculta que Rajoy se enfrenta a una situación francamente complicada. Y no sólo por la posibilidad de no haber declarado sobresueldos, sino por haberlo hecho durante sus años como ministro y Vicepresidente del Gobierno, lo que supondría una violación de la ley de incompatibilidades, que impide a las personas que desempeñan una cartera ministerial tener otro tipo de remuneraciones por suponerse que han de tener dedicación exclusiva al cargo. Acerca de todo esto deberemos esperar a que desfilen ante el juez Ruz todos los que puedan saber algo al respecto, lo que, con la excepción de Luis Bárcenas, no ha hecho nadie todavía. Rajoy puede ser culpable o inocente, pero eso deberá decirlo el juez, que es quien se encuentra encargado de administrar justicia.

Por cierto, una última reflexión: olvidemos de una vez por todas la famosa y manida moción de censura. Es, sencillamente, una pérdida de tiempo. En primer lugar, porque tenemos dos años y medio de legislatura por delante y nadie se va a atrever a romper la disciplina de voto en el Partido Popular, de eso ya se encargó un sistema de listas cerradas que por cierto debe acabar algún día. Y en segundo lugar, porque no hay ningún candidato con posibilidades de ser alternativa: el que numéricamente (por número de diputados que le apoyarían) más se acerca es Alfredo Pérez Rubalcaba, y su credibilidad es igual o incluso inferior a la de Rajoy: por un lado, porque fue portavoz del Gobierno más corrupto de la democracia actual (aquel que negaba por activa y por pasiva la existencia de financiación irregular en el PSOE hasta que se conoció la trama de Filesa); y por otro, porque fue el hombre fuerte (como Vicepresidente del Gobierno) del ejecutivo con el que España fue directa hacia la peor crisis que el país ha sufrido desde mediados de los años noventa.

Dejemos, en definitiva, que el legislativo legisle y que el judicial juzgue. Y, sobre todo, comencemos a resolver los problemas de una ciudadanía, la española, que debe estar sencillamente exasperada ante una clase política que sólo sabe buscar la bronca y el reproche. Hasta entonces, y en relación al caso Bárcenas, es el juez Ruz  y solo él quien tiene la palabra.

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes

Doctor en Historia Contemporánea

Autor del libro El Rey, la Iglesia y la Transición

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